María Soledad Ramírez Morales
Expediente 588/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- María Soledad Ramírez Morales
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de septiembre de la anualidad en curso dentro recurso de queja 140/2023 y el original del juicio de amparo 588/2023 del índice de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, se toma conocimiento del contenido de la ejecutoria dictada en la data antes referida en el recurso de queja 140/2023, mediante la cual se declaró infundado el recurso interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo dictado el ocho de junio de dos mil veintitrés en el presente sumario constitucional. Acúsese recibo al Tribunal oficiante de la ejecutoria antes mencionada y las constancias precisadas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese este asunto como totalmente concluido. ... Notifíquese por lista y por oficio al Tribunal de Alzada.
- Principal
Puebla, Puebla, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que se advierte que a la fecha no obran en autos el informe justificado del Titular de la Unidad de Apoyo Policial adscrita a la Fiscalía Zona Oriente, de la Fiscalía de Investigación Regional, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, respecto a la ampliación de la demanda, ya que se encuentra transcurriendo el plazo para presentarlo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del día trece de julio del año en curso, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte QUEJOSA por medio de la presente lista de acuerdos, del proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 588/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el CITATORIO que se le dejó con anticipación, dicho auto en lo conducente dice: Puebla, Puebla, a ocho de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y la primera de los citados también con el carácter de albacea de ***, con ocho copias simples de la misma y dos anexos, registrado contra los actos del Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 588/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama: 1. Del Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: La determinación de veintiuno de junio de dos mil dos mil veintidós, no así veintiuno de junio de dos mil veintitrés, como lo refiere el quejoso en el capítulo respectivo, por haberse verificado de la integridad de la demanda de amparo, determinación a través de la cual la responsable ordenó el cumplimiento a la sentencia condenatoria consistente en la restitución del bien inmueble ubicado en Quinto Andador Rafael Moreno, número Nueve del Infonavit La Cienega en la ciudad de Puebla; así como el pago de la reparación del daño consistente en la cantidad de $176,032.00 (ciento setenta y seis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.) a favor de la víctima. 2. A la Agente del Ministerio Público Erika Morales Martínez la ejecución del acto reclamado precisado en el párrafo que antecede. -Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Puebla, reclama: ".la inscripción del poder Volumen 336, Instrumento Número 28,785 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO QUE OTORGA LA SEÑORA GUADALUPE MORALES BALTAZARES a la víctima SRA ANA MARÍA BAUTISTA QUIROZ, quien lo inscribe indebidamente en el folio real 245235, pues del contenido se desprende que esta otorgado, en relación a la casa marcada con el número nueve del CUARTO andador RAFAEL MORENO Infonavit la Cienega de esta Ciudad, y el domicilio correcto es CASA NUMERO 9 QUINTO RETORNO RAFAEL MORENO, UNIDAD HABITACIONAL MOVIMIENTO OBRERO DE ESTA CIUDAD." 3. De la Dirección de Notarias en el Estado de Puebla y del Titular de la Notaria Número Dos en el Estado de Puebla, reclama: El otorgamiento del poder notarial Volumen 336, Instrumento Número 28,785 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO QUE OTORGA LA SEÑORA GUADALUPE MORALES BALTAZARES a la víctima SRA ANA MARÍA BAUTISTA QUIROZ. DESECHAMIENTO POR ACTO RECLAMADO EXTEMPORÁNEO Ahora bien, de las constancias que anexa la parte quejosa a la demanda de amparo se advierte que en audiencia pública de veintiséis de enero de dos mil veintitrés celebrada por el juez responsable, reitero que quedó subsistente la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintidós (acto aquí reclamado) por lo que los sentenciados tienen hasta el veintiuno de junio del actual como fecha límite para que realicen el pago de reparación del daño consistente en la cantidad de $176,032.00 (ciento setenta y seis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.). Lo cual constituye una prueba plena, que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado al menos desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, de lo cual, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I.-Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. El artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 2) anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se dijo con antelación, la promovente reclama del Juez responsable la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós, a través de la cual la responsable solicitó el cumplimiento a la sentencia condenatoria y ordenó la restitución del bien inmueble ubicado en Quinto Andador Rafael Moreno, número Nueve del Infonavit La Cienega en la ciudad de Puebla; así como, el pago de la reparación del daño consistente en la cantidad de $176,032.00 (ciento setenta y seis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.), a las víctimas, quedando acreditado que al menos en audiencia pública de veintiséis de enero de dos mil veintitrés celebrada por el Juez responsable, la parte quejosa ya conociía. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (siete de junio del año en curso), como se advierte de la papeleta de turno y sello correspondientes, excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de enero de dos mil veintitrés a partir del día siguiente empezó a correr el término respectivo, esto es, a partir del veintisiete de enero del mismo año, feneciendo el diecisiete de febrero del mismo año, sin contar los días veintiocho y veintinueve de enero, así como dos, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero del año en curso, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados ya que tuvo conocimiento de éstos al menos desde el veintiséis de enero del año en curso y pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el siete de junio del año en curso, según la data que obra en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un periodo mayor a quince días hábiles. Sin que haya lugar a que la quejosa en su caso la quejosa manifestara si es su deseo reclamar la determinación de veintiséis de junio del año en curso en que la responsable resolvió que el auto aquí combatido continuaba subsistente, toda vez que el mismo también deviene extemporáneo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA PORQUE NO ES ACTO DE AUTORIDAD Por otra parte, respecto del acto reclamado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Puebla, a la Dirección de Notarias en el Estado de Puebla y al Titular de la Notaria Número Dos en el Estado de Puebla, consistente en el otorgamiento e inscripción del poder notarial, Volumen 336, Instrumento Número 28,785 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO QUE OTORGA LA SEÑORA GUADALUPE MORALES BALTAZARES a la víctima SRA ANA MARÍA BAUTISTA QUIROZ, quien lo inscribe indebidamente en el folio real 245235, pues del contenido se desprende que esta otorgado, en relación a la casa marcada con el número nueve del CUARTO andador RAFAEL MORENO Infonavit la Cienega de esta Ciudad, y el domicilio correcto es CASA NUMERO 9 QUINTO RETORNO RAFAEL MORENO, UNIDAD HABITACIONAL MOVIMIENTO OBRERO DE ESTA CIUDAD, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu, en los cuales se establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De tales preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo, así como a quién puede atribuirse la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al interpretar tales normas, la última a contario sensu, se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el órgano, dependencia, ente o institución al que se señaló como autoridad responsable, no le resulta tal calidad. En ese contexto, respecto del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Puebla, a la Dirección de Notarias en el Estado de Puebla y al Titular de la Notaria Número Dos en el Estado de Puebla, carecen de la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en tanto que, a partir de lo narrado, no se creó entre la parte quejosa y él una relación de supra a subordinación de la cual le derive tal calidad. En tal contexto, es oportuno destacar que el Máximo Tribunal del País, al determinar las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo, señaló como tal, entre otras, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; en la parte conducente, se cita en apoyo la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. La relación de supra a subordinación a que se alude, es la que surge entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por otra; en ella, la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad; son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y, coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En consecuencia, para que un acto reclamado sea considerado como acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. De manera que, ante el acto reclamado, no se actualiza el supuesto consistente en la existencia de una relación de supra a subordinación a subordinación. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a la primera de los mencionados quejosos, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada a la profesionista, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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