Maria Silvia Huitzil Torres

Expediente 1213/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1213/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Maria Silvia Huitzil Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, el presente expediente es susceptible de ser destruido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. DESTINO INCIDENTE ORIGINAL De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es DEPURABLE, pues se concedió la suspensión provisional y por resolución interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de dos mil veinte; y el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación a la suspensión; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTINO INCIDENTE DUPLICADO Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARIA SILVIA HUITZIL TORRES, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    En Puebla, Puebla, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo número 1213/2021, encontrándose en audiencia pública CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante María Teresa Rodríguez Y Guarnero, Secretaria que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia de este incidente de suspensión, sin la comparecencia personal de las partes. Enseguida, Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes previos. El Juez acuerda: en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo aplicable se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración en su oportunidad; y, al no haber pruebas pendientes por recibir ni desahogar, con lo que se cierra dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho, cerrándose el periodo correspondiente, por lo que al no existir pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se procede a dictar la resolución respectiva. DOY FE. Puebla, Puebla, a dos de febrero de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1213/2021; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, MARIA SILVIA HUITZIL TORRES, por derecho propio, presentó demanda de amparo y solicitó la suspensión de los actos reclamados al JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otras autoridades, consistentes en la orden de localización, búsqueda, presentación, aprehensión y/o detención, girada en contra del quejoso, así como su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado ordenó formar el incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo 1213/2021, por duplicado y por cuerda separada, se solicitaron los informes previos a las autoridades señaladas como responsables y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo conforme al cuerpo del acta que antecede. TERCERO. En auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se dejó de tener como autoridades responsables a: IDALIA ARCINIEGA ARIAS, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIALCENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) JEFE DE CAUSA DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. En consecuencia, en dicho auto se ordenó continuar en el presente asunto únicamente respecto de las autoridades existentes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridades responsables, excepto el JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA, manifestaron al rendir su informe previo que no son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Por tanto, al haber negado tales actos las autoridades anteriormente señaladas sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia número 286 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y siete, del Tomo VI del Apéndice de 1917-2000 del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario." SEGUNDO. El JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA omitió rendir su informe previo a pesar de encontrarse debidamente notificado para ello desde el veintiocho de enero de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos reclamados a dicha autoridad. TERCERO. Respecto de los actos reclamados al JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA, consistentes en la orden de localización, búsqueda, presentación, aprehensión y/o detención, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se llegue a dictar en el presente juicio de amparo, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, que la quejosa no sea privada de su libertad personal. Lo anterior siempre y cuando el delito que se le imputa a la quejosa, no se trate de aquellos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien si dicha orden ya se ejecutó, pues en esos casos el único efecto de la suspensión será que lograda la detención de la parte quejosa, ésta quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa penal instaurada en su contra para la continuación de la misma. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la medida suspensional concedida a su favor no surtirá efecto si las órdenes privativas de libertad libradas en su contra son materia de diverso juicio de amparo o ésta se encuentra gozando de la medida cautelar decretada en diverso incidente de suspensión. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD II. Si la orden la motivan delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. En este supuesto, la medida cautelar surte sus efectos, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa incumple lo siguiente: a) Con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberá otorgar garantía a disposición de este Juzgado de Distrito, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, ante y a satisfacción de este juzgado, lo que deberá hacer dentro del plazo de TRES DÍAS. En el entendido de que el monto de la garantía se fija de manera discrecional, además de que de la lectura íntegra de la demanda no se desprenden los elementos que prevén las tres fracciones del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que el quejoso quede a disposición de este juzgador por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163 de la referida ley, puesto que se ordena a la parte quejosa que comparezca ante el juez responsable para continuar el procedimiento y no sea privado de su libertad personal en los términos establecidos en el diverso 166 del mismo ordenamiento legal. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena al impetrante comparecer dentro del término de TRES DÍAS o en el día y hora señalados, ante el juez de la causa y ponerse a su disposición, con el fin de llevar a con el fin de rendir su declaración preparatoria o llevar acabo la audiencia inicial, según sea el caso, en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se formulará la imputación respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y se le dará la oportunidad de declarar, si así lo desea, entre otros supuestos; lo anterior, de conformidad con el artículo 307 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que conozca el informe previo, en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado. Audiencia inicial que se deberá llevar a cabo en la hora y fecha que al efecto fije la autoridad responsable de acuerdo a su agenda. c) Presentarse ante el órgano judicial responsable para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces sea requerido para ello. d) Cumplir con las medidas cautelares que el Juez pueda imponer, a solicitud del Ministerio Público o víctima, de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional del Procedimientos Penales, a excepción de la prisión preventiva, dado que por lo que ve a su libertad personal, está a disposición de este juzgado, por lo cual la autoridad responsable no podrá imponer dicha medida. e) Asimismo, la parte quejosa queda obligada a acreditar dentro del término de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. Apercíbase a la parte quejosa, que de incumplir estos requisitos, con fundamento en los artículos 136, párrafo segundo y 166, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión será revocada de oficio o ante el aviso de la responsable de que ha incumplido las obligaciones derivadas del proceso penal. En términos del antepenúltimo párrafo del artículo 166 invocado, si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenido por la orden judicial reclamada motivada por delitos no previstos como graves, el juez que conozca del proceso está facultado para atender la petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en la que se solicite imponer a la parte quejosa una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la prisión preventiva, en este último supuesto, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I de este acuerdo. Ahora bien, para el caso de que la parte quejosa se encuentra materialmente privada de su libertad, en virtud de que en un diverso proceso penal se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la suspensión provisional concedida sólo producirá el efecto de que de ejecutarse el mandamiento de captura reclamada, la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentre recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Apoya a lo anterior el criterio siguiente: Época: Décima Época Registro: 2016123 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.1o.P.94 P (10a.) Página: 2311 "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO QUE NO AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SI EL QUEJOSO SE ENCUENTRA MATERIALMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, EN VIRTUD DE QUE EN UN DIVERSO PROCESO PENAL SE LE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, AQUÉLLA DEBE CONCEDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN CONCEDIDA RESPECTO A LA ORDEN DE PRESENTACIÓN: EFECTOS. Por otra parte, respecto de la orden de presentación atribuida al juez responsable: se concede la suspensión provisional, para el efecto de que hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de garantías del que deriva este incidente de suspensión, la parte quejosa no sea obligada a comparecer mediante la fuerza ante la autoridad judicial que conoce de la causa penal, pues tales actos serían restrictivos de la libertad, aun de manera precaria, pero en resumidas cuentas constituye un acto de autoridad que afecta a aquélla. No obstante, esta medida cautelar deja de surtir efectos si la quejosa incumple con las obligaciones establecidas en el punto II de este acuerdo, por lo que surten efecto todos los apercibimientos ahí contenidos, incluido la posibilidad de que el juez proceda en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 166 invocado, si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido ante la autoridad judicial. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a la parte quejosa MARIA SILVIA HUITZIL TORRES la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a la parte quejosa MARIA SILVIA HUITZIL TORRES la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama al JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, a primero de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista con el informe justificado del JEFE DE CAUSA DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, por lo que las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VIENTIDOS, para que tenga verificativo.

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