María Soledad Ramírez Morales

Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
995/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • María Soledad Ramírez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    ...0 Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto.... veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés Puebla, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Karol Apanco Ramírez y José Refugio Palacios Flores, por su propio derecho, y María Soledad Ramírez Morales, quien se ostenta como albacea definitiva a bienes de Guadalupe Morales Baltazares, contra los actos del Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 995/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama: 1. "Del Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro del expediente de ejecución 180/2021: El acuerdo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veintitrés,.que cita para, el día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se debe cumplir, con la reparación del daño consistente en la cantidad de $176,032.00 (ciento setenta y seis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N), cabe hacer mención que dentro de este acuerdo, con antelación se le hizo del conocimiento al juez de ejecución de sentencias, sobre la denuncia presentada ante el Fiscal del Estado de Puebla, y que ante el Juez Tercero Especializado en Materia Civil, se inició, el Juicio de Nulidad Absoluta del Poder para Actos de Dominio y Administración que el otorgaron a la Sra. Ana María Bautista Quiroz, y otra promoción para nombrar al Abogado defensor, y en otra parte del texto dentro del acuerdo el Juez dice.Que las peticiones que realizan son improcedentes e incongruentes.se adjunta el multicitado acuerdo." 2. "A la Agente del Ministerio Público Erika Morales Martínez la solicitud que formula al Juez de Control, para la celebración de la audiencia del día veintinueve de septiembre del dos mil veintitrés, para que se dé cumplimiento, con la reparación del daño consistente en la cantidad de $176,032.00 (ciento setenta y seis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N) en caso de no cumplir con dicha resolución, se tendrán que atener a las consecuencias que llegara a pasar." 3. "Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Puebla, reclama: "La inscripción del poder Volumen 336, Instrumento Número 28,785 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO QUE OTORGA LA SEÑORA GUADALUPE MORALES BALTAZARES a la víctima SRA. ANA MARÍA BAUTISTA QUIROZ, quien lo inscribe indebidamente en el folio real 245235, pues del contenido se desprende que esta otorgado, en relación a la casa marcada con el número nueve del CUARTO andador RAFAEL MORENO Infonavit la Cienega de esta Ciudad, y el domicilio correcto es CASA NUMERO 9 QUINTO RETORNO RAFAEL MORENO, UNIDAD HABITACIONAL MOVIMIENTO OBRERO DE ESTA CIUDAD. La inscripción se realiza cuando la poderdante GUADALUPE MORALES BALTAZARES había fallecido el día veinticinco de junio del dos mil diez, y lo inscribe el VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO." 4. "De la Dirección de Notarias en el Estado de Puebla, reclama: Por no contar la Dirección de Notarias, con las identificaciones correspondientes, del poderdante, en este caso la cujus señora Guadalupe Morales Baltazares y la supuesta Apoderada Sra Ana María Bautista Quiroz, y que no obran dentro del protocolo, que está en resguardo de la dirección de notarias, y que fue entregado, en su momento por el titular de la Notaria número 2 en el Estado de Puebla, el licenciado Juan Tejeda Mercado, estaba en funciones cuando se otorgó este poder, en relación con la casa marcada con el número nueve del cuarto andador Rafael Moreno Infonavit la Cienega, que hasta ese momento el poder se refería a un mueble diverso, actualmente, estaba, como titular Juan Tejeda Foncerrada, quien ya le fue revocada la patente de notario. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS Ahora bien, de las constancias que anexa la parte quejosa a la demanda de amparo se advierte el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado de la carpeta judicial 180/2021/EJECUCIÓN/PUEBLA, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: "Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, 25, 100, 101, 102, 103, 118 y 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda: Téngase a la agente del Ministerio Público, solicitando, a este Juzgador, se señale audiencia a fin de verificar lo relativo al pago de la reparación del daño, ello en atención a que ha fenecido el palo que se concedió en audiencia en la cual se hizo el planteamiento del pago de la reparación del daño y la víctima no ha recibido pago alguno. En ese tenor, a fin de garantizar los derechos de la víctima, resulta jurídicamente procedente señalar las 13:00 TRECE HORAS DEL 29 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en la que se verificará el cumplimiento del pago de la reparación del daño. Lo anterior por así permitirlo la agenda de este Juzgado. A efecto de dar cumplimiento al punto que antecede, se instruye al notificador de la adscripción a efecto de que proceda a realizar las debidas citaciones de las partes, mediante los canales de comunicación que proporcionaron para efectos de recibir todo tipo de notificaciones. Por último, visto el contenido de los escritos signados por los sentenciados, al advertirse que las peticiones que realizan son totalmente improcedentes e incongruentes, se les apercibe a efecto que asistan a la audiencia anteriormente citada acompañados del defensor que libremente designen, quien deberá conocer las técnicas de litigación del presente sistema de justicia penal de ejecución, con el apercibimiento que en casos de ser omisos, se les asigna al defensor público de la adscripción." En esa tesitura, respecto a los actos que reclama al Agente del Ministerio Público y al Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, con relación al acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente 180/2021/EJECUCIÓN/PUEBLA del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, a través del cual en atención a la petición formulada por la Agente del Ministerio Público señala las trece horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia del cumplimiento del pago de la reparación del daño, resulta improcedente el juicio de amparo, porque la parte inconforme no agotó en contra de dicho acto el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación al diverso 467 del propio ordenamiento legal, mismos que establecen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De los preceptos legales transcritos se obtiene la procedencia del recurso de revocación por exclusión, es decir, respecto de las resoluciones que no son apelables, las cuales se mencionan en las diversas fracciones del segundo de los preceptos legales transcritos. En el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo emitido el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 180/2021/EJECUCIÓN/PUEBLA, a través del cual el Juez responsable, a petición del ministerio público, señala día y hora para que tenga verificativo la audiencia de reparación del daño, proveído de mero trámite que no se encuentra comprendido en alguna de las diversas fracciones del artículo 467 de la legislación adjetiva penal que establece la procedencia del recurso de apelación, por lo tanto, si dicho proveído no puede ser impugnado a través del recurso de apelación, mientras que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, tal circunstancia lleva a concluir que en contra de dicho acuerdo procede el recurso de revocación. En tales condiciones, si la parte quejosa no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues al estar vinculada al juicio natural, está en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que lo afectara al abordar dicho aspecto. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraña al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que la parte inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver la parte promovente del amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa en su demanda de garantías refiera que en caso de no dar cumplimiento con lo solicitado en el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente 180/2021/EJECUCIÓN/PUEBLA del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro tiene el temor fundado que sean privados de su libertad; sin embargo, del anexo que adjunta la parte quejosa no se advierte apercibimiento alguno privativo de la libertad para el caso de no asistir la parte quejosa a dicha audiencia; por tanto, no opera en su favor la excepción para agotar dicho recurso previsto en la normativa antes citada. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por la parte promovente del amparo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA PORQUE NO ES ACTO DE AUTORIDAD Por otra parte, respecto del acto reclamado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Puebla, a la Dirección de Notarias en el Estado de Puebla, consistente en la inscripción del poder notarial, Volumen 336, Instrumento Número 28,785 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO QUE OTORGA LA SEÑORA GUADALUPE MORALES BALTAZARES a la víctima SRA ANA MARÍA BAUTISTA QUIROZ, en el folio real 245235, respecto del domicilio ubicado en CASA NUMERO 9 QUINTO RETORNO RAFAEL, así como, el no contar con las identificaciones correspondientes del poderdante Guadalupe Morales Baltazares y la apoderada Ana María Bautista Quiroz, y no obrar dentro del protocolo que está en el resguardo de la dirección de notarías, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu, en los cuales se establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De tales preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo, así como a quién puede atribuirse la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al interpretar tales normas, la última a contrario sensu, se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el órgano, dependencia, ente o institución al que se señaló como autoridad responsable, no le resulta tal calidad. En ese contexto, respecto del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Puebla, y la Dirección de Notarias en el Estado de Puebla, carecen de la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en tanto que, a partir de lo narrado, no se creó entre la parte quejosa y él una relación de supra a subordinación de la cual le derive tal calidad. En tal contexto, es oportuno destacar que el Máximo Tribunal del País, al determinar las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo, señaló como tal, entre otras, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; en la parte conducente, se cita en apoyo la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La relación de supra a subordinación a que se alude, es la que surge entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por otra; en ella, la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad; son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y, coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En consecuencia, para que un acto reclamado sea considerado como acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. De manera que, ante el acto reclamado, no se actualiza el supuesto consistente en la existencia de una relación de supra a subordinación a subordinación. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a María Soledad Ramírez Morales, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada a la profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA VS DESECHAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa Karol Apanco Ramírez y José Refugio Palacios Flores, por su propio derecho y María Soledad Ramírez Morales, quien se ostenta como albacea definitiva a bienes de ********************, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna, desechar de plano la demanda de amparo promovida por la citada parte quejosa, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla y otras autoridades. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondiente. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente....

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