María Selina Beltrán Toscano y Otros.

Expediente 433/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
433/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • María Selina Beltrán Toscano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como destruible según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción. Finalmente, por lo que hace al cuadernillo de antecedentes formado con motivo de la promoción presentada el seis de noviembre pasado, agréguese al principal para que obre como simple antecedente con motivo de lo acordado el párrafos precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 433-2018-V, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado en la misma fecha, ********************** y ********************* solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra del Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Ecología, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a quienes les reclamó el permiso de construcción expedido el trece de junio de dos mil dieciocho, el cual contraviene lo dispuesto en el diverso Acuerdo de Cabildo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el que se determinó respetar las acequias de agua rodada que sirven de mantenimiento de riego en diversas áreas y arboledas. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14º y 16º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia, la cual quedó registrada bajo el expediente 433/2018-V; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y del tercero interesado *********************; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda de amparo, así como de los informes justificados, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal en su carácter de representante del Ayuntamiento y del Director de Desarrollo Urbano y Ecología, de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: a) El permiso de construcción expedido el trece de junio de dos mil dieciocho, a favor de *****************************, con motivo de la petición planteada por éste el ocho de enero de dos mil dieciocho, a fin de construir "*********************************"; el cual contraviene el acuerdo de catorce de febrero del mismo año, en el que se acordó respetar las acequias de agua rodada que sirven para regar los árboles frutales y de ornato que se ubican en las propiedades de los quejosos. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente Municipal en su carácter de representante del Ayuntamiento y el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fueron omisos en pronunciarse expresamente respecto al acto que les endilga la parte quejosa, a saber, el permiso de construcción expedido el trece de junio de dos mil dieciocho, para la realización del proyecto denominado "*******************". Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, y en términos de los numerales 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierta su existencia, pues las autoridades responsables señalaron de manera expresa que ".el flujo del paso del agua no se garantiza ni se condiciona en el permiso de construcción para las casas habitación, si no con el proyecto de urbanización del predio autorizado por el H. Ayuntamiento, asimismo le informó que las clausulas o acuerdos relacionados con lo anterior se establecen únicamente en el proyecto de urbanización el cual la Dirección de Desarrollo Urbano se encargara de que se dé cumplimiento a lo establecido.".. En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos que les reclama la parte quejosa; además, que para corroborar su dicho, las autoridades responsables remitieron copia certificada de las documentales relativas a las actas de sesiones ordinarias de cabildo de diez de enero, catorce de febrero y veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 110 a 121); documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Por su parte, los artículos 5°, fracción I, primer párrafo, 6º, primer párrafo, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo establecen: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo, tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales, se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Por tanto, si la parte quejosa reclama que con motivo de la construcción "**********************", se vio afectada la acequia que traslada el agua de la laguna redonda a los predios que tienen en posesión y propiedad, respectivamente, pues dicho liquido se utiliza para regar más de ciento veinte árboles frutales y de ornato, aquellos deben acreditar su interés jurídico en el presente asunto, es decir, contar con título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. Lo anterior es así, pues por interés jurídico, se entiende el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés jurídico que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de derechos. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De este modo, el interés jurídico constituye uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si éste no se demuestra o si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe motivo real para entablar el juicio constitucional y así, el promovente debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto resulta aplicable la tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1046 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-2000, Séptima Época, Materia Constitucional, registro 902157, la cual es del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio. De igual manera, respalda lo anterior, la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242 del Tomo VI, del Apéndice recién citado, Octava Época, registro 917827, cuyos rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así pues, el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, le faculta a combatir las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Luego, aplicando los principios de los que se ha dado noticia, es inconcuso que ******************** y ***************************, carecen de interés jurídico para promover el juicio para la tutela de sus derechos fundamentales. En el caso, la parte quejosa reclama el permiso de construcción expedido el trece de junio de dos mil dieciocho, al aquí tercero interesado ***********************, a fin de realizar el proyecto denominado "***********************"; así, los quejosos aducen que a principios del mes de enero de dos mil dieciocho, se percataron que en el terreno colindante al de ellos se iniciaron trabajos con maquinaria pesada, impidiéndoles hacer uso de la servidumbre de acueducto, es decir, de la acequia que cruza la propiedad del tercero interesado y que transporta el agua proveniente de la laguna redonda, circunstancia que pone en grave riesgo a los árboles que son regados periódicamente con el agua que lleva la mencionada acequia. Además, los quejosos indican que la mencionada servidumbre de acueducto beneficia desde hace más de veinte años el predio que posee **************************, ubicado en la ******************* y calle ***** y/o *******************; y más de seis años el predio propiedad de ****************************, situado en calle *************** y/o ****************, número ***, de la colonia ********, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; toda vez que con el agua que pasa por la servidumbre se riegan los árboles frutales y de ornato que se ubican en sus respectivas posesiones y propiedades, en el entendido, que son más de ciento veinte árboles los que son regados con el agua de la laguna redonda. Por otra parte, de las documentales anexas a los informes justificados que rindieron las autoridades responsables, se advierte que el diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de Cabildo del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, presentó la petición realizada por *******************, a fin de llevar a cabo la verificación y en su momento la aprobación de la lotificación del predio para construir un conjunto de diez viviendas llamada "*******************", dejando un área de donación al principio de la calle, ordenando remitir el proyecto a la Comisión que preside la regidora ********************* (fojas 114 y 115). El catorce de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la lotificación para el conjunto de viviendas denominado "****************************", ordenando que debe respetarse la acequia de agua rodada que sirve de mantenimiento de riego en varias áreas y arboledas, quedando pendiente el permiso de construcción o zonificación habitacional (fojas 119 a 121). Así, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de Cabildo, se determinó que con el propósito de atender el dictamen presentado por la Comisión de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ecología, el cual dice: ".PARA ATENDER LA PETICIÓN FORMULADA A ESTE H. CABILDO POR LOS VECINOS ALEDAÑOS AL TERRENO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR UN CONJUNTO DE 10 VIVIENDAS LLAMADO "CERRADA EL PEDREGAL" Y QUIENES SOLICITARON PONER NUEVAMENTE EN CONSIDERACIÓN EL COMPROMISO Y RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN EL CUAL FUE APROBADO EN CABILDO EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO Y EN EL CUAL SE QUEDÓ EL ACUERDO QUE SE RESPETARÍAN LAS ACEQUIAS DE AGUA RODADA YA QUE SIRVE PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO EN VARIAS ÁREAS Y ARBOLEDAS, PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE BENEFICIO PARA AMBAS PARTES Y DEBIDO A QUE NO SOMOS AUTORIDAD COMPETENTE PARA ESTABLECER UNA SERVIDUMBRE LEGAL DE AGUA DE PASO, SE SOLICITA SE LLEVE A CABO LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEBIDAMENTE ANALIZADAS, ESTO CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LLEGUE EL BENEFICIO DE AGUA RODADA A LOS DIFERENTES VECINOS, LOS DUEÑOS DEL TERRENO DE DICHO PROYECTO NOS OFRECEN ABRIR UN NUEVO CANAL DE CONCRETO POR EN MEDIO DE LA CALLE SECCIÓN TRASVERSAL Y TODOS LOS TRÁMITES SERÁN SUPERVISADOS PARA CONSTATAR QUE LOS ACUERDO (SIC) SE LLEVEN A CABO."; determinando aprobar dicho acuerdo en los términos propuestos. Ahora bien, el Título Cuarto denominado Derechos de Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, de la Ley de Aguas Nacionales, en su Capítulo I, numeral 16, párrafos primero, segundo y tercero, prevé que la mencionada legislación, establece las reglas y condiciones para el otorgamiento de las concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional; que son aguas nacionales las que se enuncian en el párrafo quinto del artículo 27 Constitucional y que el régimen de propiedad nacional de las aguas subsistirá aun cuando las aguas, mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento. Mientras que el numeral 27 de la Carta Magna establece que, son propiedad de la Nación, entre otras, las aguas de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas. A su vez, el ordinal 17 de la Ley de Aguas Nacionales, contempla que es libre la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales por medios manuales para uso doméstico conforme a la fracción LVI del artículo 3 de esa Ley , siempre que no se desvíen de su cauce ni se produzca una alteración en su calidad o una disminución significativa en su caudal, en los términos de la reglamentación aplicable. En este mismo tenor, el arábigo 20, párrafos primero y tercero, de la ley en cita, prevé que de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos, el título y las prórrogas que al efecto se emitan. De este modo, tomando en consideración los lineamientos que establece la Ley de Aguas Nacionales, para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de personas físicas, se tiene que los quejosos *********************** y *************************, no acreditaron contar con título de concesión o asignación para tales efectos, conforme lo establece el numeral 23 de la Ley de Aguas Nacionales. Lo anterior es así, pues los quejosos refieren que los más de ciento veinte árboles frutales y de ornato con que cuentan, se riegan con agua proveniente de la laguna redonda, lo que lleva a concluir que el agua que se utiliza no es para uso doméstico acorde a lo que prevé el numeral 17 de la legislación en comento, por tanto deben contar con título de concesión expedido por la autoridad competente. Se arriba a la anterior conclusión, pues a fin de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió las documentales siguientes: 1. Originales de las declaraciones ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en Nuevo Casas Grandes, de veintidós de junio de dos mil dieciocho, de los testigos ***************************, **************************, ****************** y **********************, quienes en su sustancial manifestaron:  ************************** (.) QUE TODA LA VIDA TENGO VIVIENDO EN MI DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE *********************, ANTES CALLE ***** NUMERO ****************** EN LA COLONIA ********, POR LO CUAL ESTOY ENTERADO DE QUE MI VECINA DE NOMBRE ***************** TIENE MUCHOS ÁRBOLES FRUTALES, NO LOS HE CONTADO, MISMOS MISMO (sic) QUE SEMBRÓ EL SEÑOR ***** (sic) ***************, HERMANO DE ****** DE ESTO HACE MÁS DE TREINTA AÑOS Y ANTES DE QUE SE PLANTARAN LOS ÁRBOLES, YA SE ENCONTRABA UNA ACEQUITA (sic) QUE LLEVA AGUA DE LA LAGUNA FIERRO Y CON LA CUAL SE RIEGAN LOS ÁRBOLES DE ************ Y ESTA ACEQUITA (sic) PARA POR LA AHORILLA (sic) DE UNA PROPIEDAD QUE AL PARECER ES DEL **************** Y ANTERIORMENTE TENÍA OTROS DUEÑOS, PERO NO RECUERDO, PORQUE HAN VENDIDO EL TERRENO EN VARIOS AÑOS.- LA PROPIEDAD DE ******* SE ENCUENTRA ENFRENTE DE MI CASA Y ME HE FIJADO QUE LOS ÁRBOLES SE VEN SEDIENTOS, YA QUE NO LOS ESTÁN REGANDO PORQUE LA ACEQUITA (SIC) POR DONDE REGABAN SE ENCUENTRA TAPADA Y NO SÉ QUIÉN LA TAPO PERO SE VE UNA MAQUINARIA Y CON ELLA LA TAPARON ECHÁNDOLE TIERRA Y AL PARECER VAN A CONSTRUIR UNAS CASAS. (.) (fojas 10 y 11).  *********************** (.) ESTOY ENTERADO DE QUE HAY UN PROBLEMA CON EL AGUA RODADA, QUE VIENE DE LA LAGUNA FIERRO Y EL PROBLEMA ES QUE CON ESA AGUA SE RIEGAN APROXIMADAMENTE UNOS CIEN ÁRBOLES FRUTALES DE LA ****************** Y ESTOY ENTERADO DE QUE ESOS ÁRBOLES LOS PLANTÓ EL SEÑOR ************* QUIEN ES HERMANO DE LA LICENCIADA Y QUE LOS PLANTÓ DESDE QUE EMPEZÓ A HACER SU FINCA Y AHORITA ESTOY VIENDO QUE LOS ÁRBOLES ESTÁN APUNTO DE SECARTE POR FALTA DE AGUA, PORQUE LOS QUE SE DICEN DUEÑOS DEL TERRENO TAPARON LA ACEQUIA, YA QUE LE ECHARON TIERRA Y LA APLANARON, QUE POR LOS TREINTA AÑOS ESOS ÁRBOLES SE HAN REGADO CON EL AGUA DE LA LAGUNA, YA QUE HAY UNA ACEQUIA QUE PASA POR UN TERRENO QUE SE PRESUME QUE ES PROPIEDAD DEL DOCTOR ****** Y EL DUEÑO ANTERIOR ERA EL DOCTOR *************** Y YA SE ENCONTRABA LA ACEQUIA EN ESE TIEMPO Y ANTERIORMENTE ERA DEL SEÑOR **************** Y YA ESTABA ESA ACEQUIA CON LA QUE SE RIEGAN LOS ÁRBOLES (.) (fojas 12 y 13).  ************* (.) QUE TENGO COMO UNOS TREINTA Y OCHO AÑOS QUE VIVO EN LA COLONIA ************, EN EL DOMICILIO QUE PROPORCIONO EN MIS GENERALES, POR LO CUAL CONOZCO A LA ***************** QUIEN ES MI VECINA Y POR LO CUAL ESTOY ENTERADO DE QUE ELLA TIENE SEMBRADOS EN SU PROPIEDAD COMO UNOS NOVENTA ÁRBOLES FRUTALES Y RECUERDO QUE HACE COMO UNOS TREINTA Y CUATRO AÑOS QUE SE ENCUENTRAN ESOS ÁRBOLES, MISMOS QUE SE RIEGAN POR MEDIO DE UNA ACEQUIA QUE PASA POR LA PROPIEDAD DEL ************ Y ANTES ERA PROPIEDAD DE ************** Y DESDE ESOS AÑOS SE ENCUENTRA LA ACEQUIA Y ACTUALMENTE ME HE FIJADO QUE LA ACEQUIA SE ENCUENTRA TAPADA QUE UNA MAQUINARIA LA TAPÓ CON TIERRA, PUES AL PARECER EN LA PROPIEDAD DEL **************, VAN A CONSTRUIR UNAS CASAS Y CUANDO LA TAPARON HACE COMO UNOS VEINTE DÍAS Y ME HE FIJADO QUE LOS ÁRBOLES PROPIEDAD DE LA ************ SE ENCUENTRA (sic) MUY TRISTES, YA QUE LES FALTA AGUA, PUES SE LES HA PASADO COMO UNOS TRES RIEGOS.- ASÍ MISMO ESTOY ENTERADO DE QUE ALGUNAS PERSONAS IBAN A PREGUNTAR POR EL TERRENO, PERO NO LES GUSTABA PORQUE SE ENCONTRABA LA ACEQUIA Y DECÍAN QUE IBA A VER (sic) PROBLEMAS POR LA ACEQUIA, HASTA QUE LA COMPRÓ EL DOCTOR ******* Y ALLÍ FUE DONDE EMPEZARON LOS PROBLEMAS (.) (fojas 14 Y 15).  ******************* (.) QUE SOY COORDINADOR DE SISTEMA DE AGUIA (sic) HIDRÁULICA (RODADA) EN ************ EN ESTA CIUDAD DESDE HACE 21 AÑOS A LA FECHA, POR ELLO SÉ Y ME CONSTA QUE DESDE HACE CASI SEIS MESES SE ESTÁ SUSCITANDO UN PROBLEMA CON EL SISTEMA DE AGUA, ENTRE CALLES ********** Y **********, EL PRIMER PROBLEMA COMENZ (sic) CUANDO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, COMENZARON A REMOVER TIERRA DE UN TERRENO BALDÍO JUSTO EN **********, CASI ESQUINA CON LA CALLE ****** DE LA MISMA COLONIA *******, AL PRINCIPIO SE IGNORABA QUIÉN ERA EL DUEÑO DE ESTA CONSTRUCCIÓN, PERO ESTOS CON TRASCABOS AL QUITAR LA TIERRA DE ESE PREDIO LA DEPOSITABAN EN LA ASEQUIA QUE CRUZA POR AVENIDA ********, DEJÁNDOLA TAPADA DE TIERRA O BIEN DESBARRANCADA CON EL PESO DE LA MAQUINARIA QUE USABAN, IMPOSIBILITANDO EL PASO DE AGUA POR LA MISMA, ESTA ACCIÓN SUCEDIÓ EN DOS O TRES OCASIONES HASTA TAPAR POR COMPLETO LA ASEQUIA (sic), Y LA ÚLTIMA ACCIÓN FUE EL DÍA 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DEJANDO SIN PASE DE AGUA PARA RIEGO DE ÁRBOLES A TRES PREDIOS, SIENDO ÉSTAS ************** Y ********* Y LA *******************, ESTOS TRES TIENEN SIN PODER USAR EL AGUA DESDE LA ÚLTIMA FECHA MENCIONADA, PERDIENDO EL FRUTO TODOS LOS ÁRBOLES A CAUSA DE FALTA DE AGUA, BIEN, AHORA SABEMOS QUE QUIEN REALIZÓ ESTOS PERJUICIOS ES EL DUEÑO DEL TERRENO, *********************** y *********************, CABE HACER QUE DESDE HACE 21 AÑOS, LOS CUALES TENGO LABORANDO EN ESTO, LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN ************** Y CALLE ************* ESTÁN DESDE ESOS AÑOS, PUES ESTABAN CHIQUITOS, ASÍ COMO LA ASEQUIA (sic), QUIERO SEÑALAR TAMBIÉN QUE EL DÍA 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, FUIMOS HABLAR CON EL ******* JUSTO EN EL PREDIO DE ÉL, Y ÉSTE NOS DIJO QUE ÉL YA HABÍA HABLADO CON LA ***************** Y QUE IBA A DEJAR PASAR EL AGUA, LO CUAL HASTA AHORITA NO SUCEDIDO (sic), ESE DÍA ESTABA YO ACOMPAÑDO (sic) DE MI HERMANO ******, POR ÚLTIMO AGREGO A LA PRESENTE COPIAS DE LOS DERECHOS DE CONSECIÓN DE DICHA AGUA Y LOS CONSECIONARIOS (sic) (.) el subrayado es para hacer enfásis. 2. Copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, suscrita por el Secretario de la Presidencia y del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en el que, entre otros, se aprobó la lotificación para el conjunto denominado "**********************", donde se pretende construir un conjunto de diez viviendas, respetándose las acequias de agua rodada y que sirve de mantenimiento de riego en varias áreas y arboledas. 3. Copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, suscrita por el Secretario de la Presidencia y del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en la que se acordó que al no ser autoridad competente para establecer una servidumbre legal de agua de paso, se solicitó se llevaran a cabo las obras de urbanización debidamente analizadas, con el fin de asegurar que llegue el beneficio de agua rodada a los diferentes vecinos; para lo cual, los dueños del terreno del proyecto ofrecieron abrir un nuevo canal de concreto y por en medio de la calle una sección transversal, trámites que serían supervisados para constatar que los acuerdos se lleven a cabo. 4. Copia certificada del informe pericial en materia de criminalística de campo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, realizado por el experto adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Servicios Periciales y Ciencias Forenses, teniendo como sito de intervención entre ****************** y ***************, y las calles ******* y ********* de la colonia ***********, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 5. Original del Certificado de existencia de propiedad número *************** de siete de junio de dos mil dieciocho, respecto de la fracción de los lotes *** y ******, de la manzana ****, en *****************, colonia *******, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a nombre de *********************. Documentales con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo numeral de esta última. Sin embargo, de las documentales descritas con antelación no se desprende que los quejosos ***************************** y *************************, cuenten con título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, legalmente vigente y asentado en el Registro Público de Derechos del Agua, contemplado en el numeral 3, fracción XLIV de la Ley de Aguas Nacionales; pues si bien el ateste ***************************, ante el Representante Social manifestó (.) POR ÚLTIMO AGREGO A LA PRESENTE COPIAS DE LOS DERECHOS DE CONSECIÓN DE DICHA AGUA Y LOS CONSECIONARIOS (sic), también lo es que dichas documentales no fueron exhibidas por la parte quejosa, a fin de acreditar su interés jurídico. Se arriba a la conclusión que antecede, pues, para que la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a ello, de manera que los promoventes tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a ejercer el poder de hecho sobre el bien de que se trate. En efecto, tales probanzas, no demuestran la existencia del título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a favor de los aquí quejosos, pues no se advierte la celebración de un acto jurídico del que se observe que adquirieron algún derecho sobre el bien de que se trata. Eso es, debieron exhibir algún título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones relativas con el que acreditaran que cuentan con título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua, de ahí, que si la parte quejosa no se ajustó a ninguno de estos supuestos, los documentos exhibidos no tienen ningún valor probatorio para acreditar dicho extremo. Lo anterior es así, ya que con los testimonios vertidos ante el Representante Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se da noticia de que los árboles frutales que se encuentran en la propiedad que posee ***************************, se riegan con el agua de la laguna fierro (sic), líquido que se conduce a través de una acequia que cruza el terreno propiedad del aquí tercero interesado; mientras que en el informe pericial en materia de criminalística de campo, se aprecian setenta y un fotografías del lugar de intervención situado entre la ***************** y *****************, y las calles ******** y Cuarta de la colonia ****************, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; empero, de dichas documentales no se puede corroborar que la parte quejosa cuente con el título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por lo que si no existe un documento fehaciente con el que se compruebe el origen verídico del derecho que dice tener la parte quejosa, siendo en consecuencia ineficaces aquellas documentales para acreditar el interés jurídico necesario para acudir a esta vía de amparo indirecto. Sostiene los razonamientos de previa mención, la tesis, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 1454, Tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 177925, cuyos rubro y texto se insertan enseguida: INTERÉS JURÍDICO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO ESTÁN OBLIGADOS A EXAMINAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los tribunales de amparo sí están facultados e incluso, tienen la obligación de examinar las pruebas aportadas por el quejoso para justificar su interés jurídico, en atención a lo considerado y de acuerdo con criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de que las cuestiones de improcedencia del juicio de garantías son de orden público y deben estudiarse oficiosa y preferentemente. Sin que obste a lo anterior la naturaleza de los actos reclamados, pues aun las particularidades de la materia agraria no pueden desvincularse de las bases fundamentales que rigen el juicio de garantías. Ahora bien, el hecho de que los tribunales de amparo examinen la eficacia probatoria de un contrato de cesión de derechos en el que se transmite la propiedad de un inmueble, no significa que a través del juicio de garantías se resuelva en definitiva el derecho relativo a la propiedad o se decida acerca de la validez o no de tal documento para acreditar ese derecho, pues lo único que se pretende es determinar si, con dicho acto, se demuestra que lo reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso y, con ello, se garantizaría la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Por otra parte, en relación a las copias certificadas de los acuerdos que obran en las Actas de Sesión Ordinaria de Cabildo del Municipio de Nuevo casas Grandes, Chihuahua, de diez de enero, catorce de febrero y veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por medio de los cuales se solicita la verificación y aprobación de la lotificación del predio para construir "***************************" y que se respeten las acequias de agua rodada que sirve de riego en varias áreas y arboledas; si bien en ellas se hace referencia a una acequia que sirve de riego a diferentes vecinos, también lo es que los aquí promoventes no comprobaron la existencia del título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. De ahí que las manifestaciones vertidas por los asistentes a las sesiones ordinarias de Cabildo, sólo denotan la celebración de las sesiones y los acuerdos tomados con respecto a la acequia que lleva el agua rodada a diversos vecinos, empero no genera convicción alguna en el ánimo del suscrito juzgador de que efectivamente los promoventes cuentan con título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y, por ende -se reitera-, resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico que los justifique para acudir a la presente vía de amparo indirecto. En las apuntadas condiciones, si la parte quejosa carece de interés jurídico, éste no pudo verse afectado por los actos de que se duele, al no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, por lo que es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia invocada y, por tanto, debe sobreseerse en el presente juicio para la protección de derechos fundamentales, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo; lo que imposibilita a este juzgador para efectuar el análisis de los conceptos de violación planteados. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar el análisis de los conceptos de violación planteados. Al respecto resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 244, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 195741, de rubro y texto siguientes: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ************************** y ********************, en términos del considerando último de la presente. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *********************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********************, hoy veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Súmense a los autos el escrito y anexo de cuenta para que consten como legalmente corresponda, y toda vez que se la audiencia constitucional del presente se verificó a las nueve horas con treinta minutos del seis de los actuales, una vez que se pronuncie el fallo respectivo se acordará lo conducente. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en la presente fecha se encuentra programada la audiencia constitucional de este juicio de amparo, sin embargo, del análisis de las constancias que lo integran se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; por tanto, se advierte la participación de una autoridad diversa a las señaladas como responsables. En consecuencia, dese vista a los quejosos para que dentro del término de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111, fracción II, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir de su legal notificación, manifiesten si es su deseo señalar como autoridad responsable al Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y, en caso afirmativo, exhiban las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, a fin de estar en posibilidad de correr traslado con las mismas a las partes, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108, de la Ley de la Materia; apercibidos que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridades precisadas en su escrito inicial de demanda. A fin de dar margen a lo anterior, se ordena diferir la audiencia en comento y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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