María Silvia Arciga Bucio
Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Silvia Arciga Bucio
- Imelda Tapia Castro
- María Silvia Arciga Bucio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Firme desechamiento Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por María Silvia Árciga Bucio, María del Socorro Hinojosa Arellano, María Gabriela Flores Calvillo, Marisela Cruz Chávez e Imelda Tapia Castro, por propio derecho, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentos De conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA SILVIA ÁRCIGA BUCIO, MARÍA DEL SOCORRO HINOJOSA ARELLANO, MARÍA GABRIELA FLORES CALVILLO, MARISELA CRUZ CHÁVEZ E IMELDA TAPIA CASTRO. Firme desechamiento Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por María Silvia Árciga Bucio, María del Socorro Hinojosa Arellano, María Gabriela Flores Calvillo, Marisela Cruz Chávez e Imelda Tapia Castro, por propio derecho, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentos De conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA SILVIA ÁRCIGA BUCIO, MARÍA DEL SOCORRO HINOJOSA ARELLANO, MARÍA GABRIELA FLORES CALVILLO, MARISELA CRUZ CHÁVEZ E IMELDA TAPIA CASTRO. EL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito de Imelda Tapia Castro, quien pretende desahogar la prevención dictada en auto de trece de septiembre del año en curso. Al respecto cabe referir que la demanda de amparo fue promovida por cinco quejosas, entre ellas la ocursante; en ese tenor, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo dado que la demanda fue presentada por un conjunto de personas que cuentan con un interés común ya que afirmaron ser la parte demandada en el juicio subyacente, este juzgado federal designa a la ocursante Imelda Tapia Castro como representante común de todas las quejosas, designación que subsistirá hasta en tanto las promoventes la sustituyan por otra. Dicho esto, en atención al contenido del escrito de cuenta, téngase a la ocursante cumpliendo con la prevención realizada en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad la fecha en que fue emitido el acto admisorio de la demanda que contiene el requerimiento de pago y embargo ; de igual modo, manifiesta que el medio de defensa ordinario que, a su decir, interpuso contra el auto antes citado lo fue, en su escrito de contestación de demanda de veintinueve de agosto del año en curso. Por tanto, se procede a realizar el estudio de la procedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Consideraciones previas. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, este juzgado federal advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Atento a lo anterior, cabe precisar que la parte quejosa se duele del acto siguiente: El auto de fecha nueve de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Primero Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 917/2019, promovido por Edgar Navarro Gutiérrez en contra de las quejosas, en el cual se ordena dar cumplimiento al auto de mandamiento de ejecución para garantizar el pago de la cantidad de 84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.). Desechamiento de la demanda por lo que ve al acto reclamado. Por lo que ve al acto, consistente en: El auto de fecha nueve de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Primero Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 917/2019, promovido por Edgar Navarro Gutiérrez en contra de las quejosas, en el cual se ordena dar cumplimiento al auto de mandamiento de ejecución para garantizar el pago de la cantidad de 84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.). Se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, ya que por construcción interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la séptima época del Seminario Judicial de la Federación estableció que los supuestos para que opere dicha causal de improcedencia son: La existencia de un acto anterior consentido, y La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sustenta lo anterior las tesis de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Es por ello, que para determinar si un acto es consecuencia inmediata y directa de otro consentido, es necesario realizar un análisis de la naturaleza del acto primigenio. Atendiendo a tales consideraciones, conviene precisar algunos antecedentes del acto reclamado, mismos que se derivan de la narrativa realizada por la parte quejosa en el escrito de demanda y aclaratorio, los cuales expuso bajo protesta de decir verdad: En ese sentido, de los antecedentes narrados por la quejosa, se advierte que el tercero interesado promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de las quejosas, el cual se registró bajo el número 917/2019 del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. El diecinueve de julio de la presente anualidad se dictó auto admisorio por el Juzgado Primero Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Luego, el emplazamiento del juicio subyacente se realizó a la parte quejosa el día diecinueve de agosto de este año. Las quejosas contestaron la demanda presentada en su contra, opusieron excepciones y ofrecieron pruebas el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Con data cuatro de septiembre del año en curso, el actor en el juicio principal [aquí tercero interesado] solicitó al Juez Primero Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, autorizara al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de las hoy promoventes con la finalidad de embargar bienes de su propiedad, pidiendo además el auxilio de la fuerza pública y la intervención del cerrajero. Ante la solicitud que antecede, el Juez Primero Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, emitió auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que autoriza al actuario de su adscripción para que con el apoyo de la fuerza pública, así como con la intervención del cerrajero y rompimiento de cerraduras, se constituyera en el domicilio de las quejosas para requerirles el pago de la suerte de lo principal más los accesorios reclamados en el juicio ejecutivo mercantil 917/2019, y en caso de no hacerlo se embargaren bienes de su propiedad. Ahora, con base en los antecedentes se procede analizar las dos condiciones para que se actualice la causal de improcedencia invocada. La existencia de un acto anterior consentido. De lo anterior, se tiene que existe un acto anterior al reclamado, consistente en el auto admisorio de diecinueve de julio del dos mil diecinueve dictado por el juez responsable, el cual se consintió por la quejosa al no impugnarse mediante los medios de defensa establecidos en la ley, como lo sería el recurso de revocación [ya que la suerte principal asciende a 84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.)] y, eventualmente, a través del juicio de amparo indirecto. En este apartado conviene señalar que conforme al contenido del artículo 1392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio; esto es, el juicio ejecutivo mercantil constituye una vía procesal privilegiada que permite asegurar el cobro de la cantidad consignada en el título ejecutivo mediante un embargo desde el inicio del trámite de dicho juicio, sin que sea necesario esperar el dictado de la sentencia. Por tal motivo, dados los efectos que conlleva dicho auto inicial en el juicio ejecutivo mercantil, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 406/2009 sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede en contra del auto exequendo, al tratarse de un acto de imposible reparación, ya que el mismo afecta de manera directa los derechos sustantivos del gobernado, de manera particular, el patrimonio, al proyectarse sobre bienes propiedad del deudor. Cabe referir que la sola circunstancia consistente en que el acto exequendo se proyecte sobre derechos sustantivos del gobernado y, como consecuencia de ello, se trate de un acto de imposible reparación, por sí solo, no torna procedente el juicio de amparo indirecto, pues para ello deben respetarse los principios que rigen al juicio de derechos humanos, entre los que se encuentra el de definitividad. Con relación a dicho principio [definitividad] el pleno del Alto Tribunal de la Nación sostuvo que debe agotarse aun tratándose de autos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación [como lo sería el auto exequendo], tal como quedó de manifiesto en la jurisprudencia P./J.11/2018, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, de conformidad con lo manifestado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, el auto exequendo fue dictado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, fecha en la cual se tuvo por admitida la demanda del juicio ejecutivo mercantil 917/2019, mismo que le fue notificado a la parte quejosa el diecinueve de agosto de este año. Respecto a dicha determinación, la parte quejosa fue omisa en promover medio de defensa ordinario en su contra, pues en su lugar refiere que compareció a contestar demanda, oponer excepciones y ofrecer pruebas, comparecencia que no se trata de un medio de defensa dirigido a combatir el auto exequendo sino que el mismo se trata del medio a través del cual la demandada, en su calidad de parte procesal, se opone a la pretensión hecha valer por su contraria en el escrito de demanda. Dicho de otro modo, el auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve no fue combatido a través de un medio de defensa en el cual se analizara su legalidad mediante una ulterior revisión a cargo del propio juez señalado como autoridad responsable o, bien, mediante el juicio de amparo indirecto. Por tal motivo, es factible concluir que la parte quejosa consintió el contenido en el auto exequendo de diecinueve de julio de dos mil diecinueve el cual contiene el mandamiento de ejecución para requerir el pago y, en su caso, embargar bienes de las demandadas, aquí quejosas. Que los actos reclamados sean consecuencia directa y necesaria del diverso consentido. En torno a dicho tópico, cabe referir que el juicio de donde emana el acto reclamado es de naturaleza mercantil en el cual la parte hoy tercera interesada demandó el pago de la cantidad de 84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.), a través del juicio ejecutivo mercantil, figura que se encuentra contemplada en el Código de Comercio. A tal solicitud, mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el juez primario admitió a trámite la demanda ejecutiva mercantil, misma que fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de agosto pasado. Contra tal determinación, la parte quejosa fue omisa en interponer algún medio de defensa, pues como quedó precisado con antelación, la actitud procesal que asumió se tradujo en comparecer al juicio mercantil a dar contestación a la demanda, esto es, sólo se opuso a la pretensión hecha valer por su contraria, sin que combatiera la legalidad del auto en sí mismo, situación que da firmeza al auto exequendo. En esas circunstancias, la consecuencia de que una determinación cause firmeza implica que lo decidido en ésta no pueda ser jurídicamente modificado por el mismo juzgador en una nueva determinación en la que analice el mismo tópico sin existir de por medio el recurso correspondiente, en virtud de que las determinaciones de los juzgadores deben ser jurídicamente congruentes, lo que implica que cuando se resuelva alguna cuestión en un determinado sentido, no podrá modificarse éste por virtud de una nueva reflexión que surja con motivo de una simple petición (no recurso), siempre que impere -desde luego- el mismo contexto jurídico en que se emitió la primera resolución. Bajo esa óptica, lo determinado por el juez primario en auto de diecinueve de julio de este año quedó firme al no haberse combatido a través de un medio de defensa ordinario en su contra ya que, se insiste, la actitud procesal que asumió la parte demandada, aquí quejosa, se limitó a acudir al juicio a oponerse a las pretensiones hechas valer por su contraria a través del acto procedimental denominado contestación a la demanda. De ahí que el auto exequendo de diecinueve de julio en el que se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil 917/2019, al haber sido consentido, dotó de firmeza al diverso de nueve de septiembre de dos mil diecinueve que se pretende combatir en el presente juicio de amparo. Lo que tiene como consecuencia que las posteriores solicitudes formuladas en torno a la admisión de demanda en las que se ordena la ejecución del acto reclamado, mientras no varíe el estado procesal y el contexto jurídico, deberán ser proveídas por el juez en el mismo sentido, pues, de hacer lo contrario, se atentaría contra el principio de congruencia, de ahí que el acto reclamado sea consecuencia directa del acto consentido. Bajo esas circunstancias, se tiene que el acto reclamado analizado en este apartado tiene estrecha relación con el auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve y, por ende, deriva de éste, pues en tal determinación se admitió a trámite la demanda, se ordenó su emplazamiento y se autorizó el embargo de bienes a las demandadas para el caso de no realizar el pago de lo reclamado, determinación que quedó firme al no haberse impugnado mediante los medios de defensa ordinarios y, eventualmente, ante el medio de defensa extraordinario [juicio de amparo indirecto en términos de lo sostenido por la Primera Sala y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, al actualizarse de manera notoria indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, ya que por construcción interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos. Tampoco pasa inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. Así como la siguiente jurisprudencia que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis que dice: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda y que forman parte de ésta como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos son suficientes para desechar la demanda en comento. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. ASÍ COMO EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón efectuada por el actuario adscrito a este órgano de control constitucional, en la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veinte de septiembre de este año, en el que se desechó la demanda de amparo, en virtud de que al constituirse en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, quien dijo llamarse Karim Corona, le manifestó lo siguiente: efectivamente el autorizado de nombre Gilberto Valencia Barrera, rentaba junto conmigo este despacho; sin embargo, desde hace ya alguno días que tuve problemas con él, por lo que dejó de rentar este interior y por lo tanto ya no se recibe ningún tipo de notificaciones relacionadas a asuntos llevados por el licenciado Gilberto Valencia Barrera, en consecuencia no le voy a recibir el documento que usted me indica. Atento a lo anterior, toda vez que la parte promovente señaló en el líbelo constitucional el diverso domicilio ubicado en calle Cuautitlán, número doscientos sesenta y ocho, colonia Guadalupe, en esta ciudad, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado para que se constituya en dicho domicilio y le notifique el auto de veinte de septiembre de este año, así como el presente proveído. De igual modo, requiérasele para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán en el domicilio en el que sea notificado este auto. Finalmente, de conformidad en lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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