María Ruth García Mejía y Otros.

Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
795/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • María Ruth García Mejía y Otros.
  • María Ruth García Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el escrito signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por medio del cual acusa de recibo el oficio 16272/2021, a través del que se le devolvieron los autos originales del toca 142/2021, así como el juicio subyacente 1222/2019, sin que se haga mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de treinta y uno de enero del año en curso se ordenó el archivo de este asunto. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, que da fe.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por, el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, por medio del cual remite el expediente 444/2021, que contiene inserta la demanda de amparo promovida por Yolanda Robledo Bucio, albacea de la sucesión a bienes de Elvira Gutiérrez Calderón, también conocida como Elvira Gutiérrez Calderón, así como apoderada de los codemandados, María Ruth García Mejía, José de Jesús y/o José Jesús Gutiérrez Aranda, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como dos tomos de pruebas. Acúsese recibo y comuníquese a la autoridad oficiante que este juzgado acepta la competencia planteada. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 795/2021; con las constancias remitidas por la responsable, fórmese cuaderno de pruebas [2] por aparte. 1.2 Causal de improcedencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . 1.3 Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en lo siguiente: La sentencia definitiva dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca civil número I-142/2021, del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que ordenó reponer el procedimiento en el expediente 1222/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento público y otras prestaciones, promovido por José Santiago Carmen Gutiérrez Calderón, contra los aquí quejosos, así como su ejecución Como es de observarse, el acto reclamado carece de efectos de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, además de que no afecta derechos sustantivos, y por ello no amerita su análisis en la vía indirecta, como se expondrá a continuación. Actualización de una causal de improcedencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidas para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo. Ahora, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de un juicio sucesorio, conviene destacar que las violaciones cometidas en cada una de las tres primeras etapas, sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin. Fundamenta lo anterior la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto". Así como por identidad jurídica, la Jurisprudencia VI.3o.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, título y contenido: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Además, en lo que interesa, la tesis I.3o.C.439C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." También, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "SUCESIONES. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO OPERA PARA DESECHARLA. Si de la demanda de garantías no aparece claramente definido en cuál de las tres primeras secciones del juicio intestamentario de que se trata, se hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que, según la parte quejosa, se hubiere resuelto ilegalmente por la responsable, sin que tampoco exista constancia en ese libelo tendiente a acreditar si el incidente se interpuso en la cuarta sección del sucesorio, resulta más prudente sostener que, de momento, no se puede determinar en cuál de las cuatro secciones correspondientes, se hubiese deducido el incidente de cuenta, ya que si se hizo en las tres primeras, es procedente el amparo indirecto contra los actos reclamados, y si fue en la cuarta, sólo podía impugnarse la violación consecuente en amparo directo, todo lo cual permite concluir que, en tales condiciones, debe admitirse la demanda de garantías, para que con lo que se desprenda después del informe justificado y de las pruebas que aporten las partes, decida el Juez de Distrito lo que en derecho proceda, esto es, sobreseer el amparo si el incidente se promovió en la cuarta sección, o dictar la sentencia de fondo que corresponda, si se hizo valer en cualesquiera de las tres primeras secciones, siendo obvio que, ante la falta de informe justificado y de otras pruebas, no se está realmente frente a un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite desechar de plano la demanda de amparo." Y, en la cuarta sección, la única hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto se da, cuando se trate de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 37/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 264, tomo XXX, Julio de 2009, materia civil Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación". En ese sentido, el acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio, y tampoco se trata de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que, en su momento, únicamente se desahoguen y se integren colegiadamente las pruebas pericial médica y pericial en grafoscopía y documentoscopía, y una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable dicte una nueva resolución en el juicio Intestamentario subyacente. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten del expediente de origen, así como de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. 1. Con fecha cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve, el señor José Santiago Carmen Gutiérrez Calderón, presentó escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en este Distrito Judicial; la que en su oportunidad recayó en el Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, siéndole asignado el número de expediente 1222/2019. 2. Por acuerdo del diez de diciembre del año dos mil diecinueve, el Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, previo a admitir la demanda hizo requerimiento al promovente para que en 3 días, ampliara su demanda en los términos que fueron señalados y con los apercibimientos impuestos. 3. Por acuerdo de seis de enero de año dos mil veinte, el Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia de este distrito Judicial, se le tuvo al promovente José Santiago Carmen Gutiérrez Calderón cumpliendo con la prevención que se le realizó y por ampliando la demanda que dio origen a presente juicio, y previo a proveer en cuanto al fondo el ocurso inicial de demanda, así como del escrito que cumple con la prevención, respecto a la admisión de la misma, y como lo solicitó el promovente el primero de ellos, en el hecho segundo, ordenó girar oficio al Juez Octavo Civil de este Distrito Judicial a fin de que de no existir inconveniente, previo el pago de derechos fiscales, expida a costa del interesado copias certificadas de la totalidad de las constancia que integran el juicio sucesorio que indica, a fin de determinar si la persona que menciona ostenta la representación que indica el ocursante , con los apercibimientos que le realizó. 4. Por acuerdo de diecisiete de enero del año dos mil veinte, el Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia de este distrito Judicial, tuvo por recibido oficio suscrito por el Juez Octavo de lo Civil de este Distrito Judicial en el que le informa que el expediente 374/2019 relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de María Elvira Gutiérrez Calderón fue remitido a la Notaria Pública número 128 en el Estado, con motivo de lo cual ordena girar oficio a dicho Fedatario para que expida copias certificadas del expediente de referencia, a costa de la parte interesada, exclusivamente de las constancias de las que se desprende la designación de albacea en aquél juicio, así como de la aceptación de dicho cargo, haciendo al promovente José Santiago Carmen Gutiérrez Calderón los apercibimientos que señaló. 5. Por acuerdo del trece de febrero del año dos mil veinte, el Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, admitió la demanda que en la Vía Ordinaria Civil, sobre Nulidad de Testamento promovió José Santiago Carmen Gutiérrez Calderón, el contra de MARÍA RUTH GARCÍA MEJIA, JOSE DE JESUS GINÉRREZ ARANDA y/o JOSE JESÚS GUTIÉRREZ ARANDA, COLUMBA ARIAS SOLIS y SUCESIÓN A BIENES DE MARÍA ELVIRA GUTIÉRREZ CALDERÓN y/o ELVIRA GUTIÉRREZ CALDERON por conducto de su albacea testamentaria Yolanda Robledo Bucio. 6. Mediante diligencias diversas del día cuatro de marzo del año dos mil veinte, fueron emplazadas y llamadas a juicio María Ruth García Mejía y Columba Arias Solís ésta en su calidad de Titular de la Notaría Publica Número 128 con residencia y ejercicio en esta ciudad de Morelia, Michoacán. 7. Por acuerdo del cuatro de agosto del dos mil veinte, se tuvo a la Notario Público número 128 Columba Arias Solís, a través de su apoderado jurídico por dando contestación a la demanda instaurada en su contra en los términos expuestos. 8. Por acuerdo diverso de esa propia fecha, se tuvo a María Ruth García Mejía, dando contestación a la demanda instaurada en su contra en los términos expuestos. 9. Por acuerdo diverso del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, tuvo por recibido el oficio número 1395/2020 del Juez Décimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el Exhorto 60/020. 10. En diligencia del quince de octubre del año dos mil veinte, fueron emplazadas y llamadas a juicio, la sucesion testamentaria a bienes de María Elvira Gutiérrez Calderón y/o Elvira Gutiérrez Calderón a través de su Albacea Yolanda Robledo Bucio, así como el codemandado Jose De Jesus Gutiérrez Aranda y/o Jose Jesús Gutierrez Aranda. 11. Por acuerdo del seis de noviembre del dos mil veinte, se tuvo a la Albacea e la Sucesión a bienes de María Elvia Gutiérrez Calderón y/o Elvira Gutiérrez Calderón dando contestación a la demanda entablada en contra de la Sucesión de referencia. 12. Por acuerdo de doce de noviembre del dos mil veinte, se tuvo al codemandado José De Jesus Gutiérrez Aranda y/o José Jesús Gutiérrez Aranda a través de su apoderada Jurídica por contestando en tiempo la demanda entablada en su contra. 13. Por acuerdo del veinticinco de noviembre del dos mil veinte, se ordenó abrir el juicio a prueba; etapa probatoria en la que las partes ofertaron las pruebas que estimaron pertinentes, la actora para acreditar los exilemos dé su acción y la demandada la de sus defensas y excepciones Seguido el juicio por sus cauces legales, con fecha diecinueve de Abril del año 2021 dos mil veintiuno la Juez Sexto de Primera Instancia de este Distrito Judicial dicto Sentencia declarando improcedente la acción intentada por el actor. 15.- Inconforme con la sentencia dictada por la Juez, José Santiago Carmen Gutiérrez Calderón, interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido en ambos efectos, el cual le correspondió conocer y resolver a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde le fue asignado el Toca número 1-142/2021. 16.- El Magistrado señalado como autoridad responsable, dictó sentencia con fecha treinta de junio del dos mil veintiuno, en la que luego de declarar que son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el apelante, declaró dejar insubsistente la sentencia impugnada, ordenando reponer el procedimiento y declarando no hacer especial condena en el pago de costas de esa instancia. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De lo anterior se obtiene que la determinación impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable en el sentido de en su momento, únicamente se desahoguen y se integren colegiadamente las pruebas pericial médica y pericial en grafoscopía y documentoscopía, y una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable dicte una nueva resolución en el juicio Intestamentario subyacente, no viola ningún derecho sustantivo de la parte quejosa como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. Puesto que tiene por efecto únicamente que en el proceso sucesorio Intestamentario del que emana en acto reclamado, sean valoradas las pruebas pericial médica y pericial en grafoscopía y documentoscopía, y una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable dicte una nueva resolución en el juicio Intestamentario subyacente. De igual forma, el acto reclamado tampoco constituye una resolución interlocutoria que haya concluido con alguna de las secciones de las que se compone dicho juicio sucesorio. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". 1.4. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y el Acuerdo General 21/2020, así como el diverso 9/2021, del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.81. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico).

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