María Salud Ferreyra Herrera
Expediente 4/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Salud Ferreyra Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de la autoridad responsable, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso c), del artículo 21 del referido Acuerdo General, es susceptible de destrucción. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-4/2021; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el seis de enero de dos mil veintiuno, en el portal de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, turnado ese día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María Salud Ferreyra Herrera, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la norma general que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 4o., 16 y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se requirió a la autoridad responsable el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República (reformados mediante decreto del seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente); 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado está constituido por una norma general auto aplicativa que surte sus efectos dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para fijar con precisión en qué consisten los actos reclamados debe tomarse en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.40/2000, ha establecido la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De la jurisprudencia invocada, como ya se dijo, se desprende que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, por lo que si la parte quejosa designa de manera incorrecta o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte esa situación, el juez de distrito debe precisarlo, a fin de que las personas no vean obstaculizado el derecho de acceso a la justicia. Ahora, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló los actos reclamados de la forma siguiente: IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: .- De las autoridad señalada se reclama: LA CIRCULAR 054, de fecha 29 de diciembre de 2020, suscrita por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues así se desprende del contenido del informe justificado rendido por el secretario del Ayuntamiento de Morelia y se corrobora con el documento que la parte quejosa acompañó a la demanda ingresado al sistema institucional mediante firma electrónica y con la protesta a que alude el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio consejo, por tanto con valor probatorio pleno. CUARTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías. También la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. IV.1. Este juzgador observa que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. En efecto, los actos consumados se entienden -conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza se clasifican en: a) actos consumados de modo reparable y; b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que los efectos que producen la ejecución o consumación del acto pueden ser restituidos o reparables al obtenerse una sentencia de amparo favorable en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, ya sea porque exista una imposibilidad física o jurídica. La primera se presenta cuando el bien jurídico tutelado en la norma ha dejado de existir, como el trascurso del tiempo; lo segundo se presenta cuando una situación jurídica haya quedado definida y no se puedan volver las cosas al estado al que se encentraban antes de cometida la violación, porque física o jurídicamente exista tal imposibilidad. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni jurídicamente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física, material o jurídica de los mismos, es decir, al hecho de que el quejoso pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados), salvo en los casos, como el que nos ocupa, que se trate de normas generales que estuvieron vigentes durante determinado período. En efecto, la circular 054 emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, estableció una restricción de carácter general, a todos los establecimientos mercantiles y de servicio para que cerraran los días treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como todos los viernes, sábados y domingos del mes de enero de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas, lo que se advierte de la siguiente inserción: Con la salvedad de aquellos cuyos servicios fueran consultorios médicos, hospitales y sanatorios, farmacias, clínicas médicas, gaseras, gasolineras, hoteles, servicios de velación y gas medicinal, giros mercantiles que son ajenos al que ejerce la quejosa. En ese contexto, del contenido nominal de la circular reclamada se advierte, que la vigencia de las restricciones se circunscribió del treinta uno de diciembre de dos mil veinte al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, período que ya concluyó; sin que se advierta prueba en el juicio de amparo en el sentido de que la autoridad emisora haya prolongado la vigencia de esa precitada circular más allá de la fecha en comento, ni de que el acto reclamado hubiese generado un daño objetivo. Por tanto, al haber concluido el período para el cual se emitió y durante en el cual surtió plenamente sus efectos, habrá de concluirse que el juicio de amparo es improcedente. En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia aludida y, por ello, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Salud Ferreyra Herrera, por propio derecho, contra actos del Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, precisados en el tercero de la presente resolución.
- Principal
Reanudación de plazos. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos se advierte que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se solicitó al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a fin de que de no tener inconveniente legal alguno, se sirviera remitir copia certificada del juicio de amparo VI-1002/2019-I de su estadística, sin que a la fecha de emisión de este auto se hayan recibido las aludidas constancias. En consecuencia, dado que tales documentos son necesarias para la integración del juicio en que se actúa y en aras de una pronta administración de justicia, mediante nuevo oficio que se genere, solicítese de la manera más atenta al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir copia certificada, completa y legible del juicio de amparo número VI-1002/2019-I de su estadística. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Digitalización del expediente. Conforme con lo establecido en los artículos 3o y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Incidental
Reanudación de los plazos y términos procesales Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. Visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que a la fecha no ha sido devuelto el exhorto 24/2020, que se remitió al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que, en auxilio de las labores de este juzgado federal, emplazara a juicio al tercero interesado ********************. Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha fijada para la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del once de enero de dos mil veintiuno, para ahora fijar en su lugar las quince horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, para su celebración. Por tanto, en obvio de dilaciones innecesarias solicítese al juez exhortado ordene a quien corresponda, informe a este juzgado el estado que guarda la mencionada comunicación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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