Maria Sara Angel Magallan
Expediente 1338/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Sara Angel Magallan
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por ... por propio derecho, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de cuenta, levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, a través de la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación a la quejosa del proveído de trece de diciembre del presente año, por los motivos que indica; en consecuencia, se ordena practicarle dicha notificación y las subsecuentes por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que designe domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra los actos reclamados al Juez Mixto Menor de Pátzcuaro, Michoacán, los que indica en la demanda de amparo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-1338/2022-1. Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar que el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En este sentido, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben dar lugar al desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria; de lo contrario, se llegaría al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional. Es orientadora al respecto la tesis LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora bien, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6° de la ley de la materia, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, ya que la demanda inicial en estudio y las copias de traslado relativas, carecen de firma autógrafa de la impetrante, toda vez que en las mismas únicamente consta en copia fotostática simple la firma de la promovente María Sara Ángel Magallan,; de ahí que deba desecharse por notoria e indudable improcedencia, como se expondrá a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley." "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; De la intelección del primer artículo indicado, se desprende que el listado de causas de improcedencia contenido en ese numeral es enunciativo, ya que ésta puede derivar también de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o inclusive del demás texto de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis aislada 2a.XCI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO.". Por su parte, el segundo y tercero de ellos regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así como también, que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado o su representante legal. Y cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, a través de su defensor o de cualquier persona en los casos que lo permita la Ley de Amparo. En síntesis, el artículo 6o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En este sentido, las personas físicas expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, volumen 181-186, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." También cobra aplicación la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 29, volumen 80, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." Ahora bien, acorde con la constancia secretarial de cuenta, la demanda de garantías inicial, carece de la firma autógrafa de quien aparece como quejosa, y de las copias simples que acompaña a su escrito en cita, se desprende que tienen los mismos rasgos, trazos e impresión fotostática simple. Entonces, si la firma de la demanda -en este caso autógrafa, porque, según la constancia secretarial de cuenta, fue presentada de manera física a través del buzón judicial- es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, también conforme a la constancia secretarial de cuenta, de las copias simples que acompaña a su escrito inicial de demanda, se observa que tienen los mismos rasgos, trazos e impresión fotostática simple; en las cuales tampoco se evidencia que alguna de ellas contenga la firma autógrafa del promovente; de ahí que, es evidente que no se aprecia su voluntad y, por tanto, no puede considerarse ejercida la acción constitucional en términos del artículo 6°. de la Ley de Amparo, por ende la demanda resulta improcedente. Tiene aplicación, la tesis XVII.7 K (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el libro 18, mayo de 2015, tomo III, página 2154, Décima Época, con número de registro 2009142, que a continuación se cita: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." También por analogía, la tesis aislada del entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (registro electrónico 254292), de rubro y texto siguientes: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTOGRAFA. Si en el escrito en que se promueve en recurso se presenta en la última hoja copia fotostática, en la que al calce se encuentra la firma del escrito del que provino, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere." Cabe mencionar que la deficiencia anotada no puede ser objeto de prevención, ni mucho menos ser enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el precepto 108, de la legislación en comento. Por consiguiente, se considera actualizada la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se comisiona a la Analista Jurídico (SISE), para que realice el trámite correspondiente respecto al usuario -, a fin de que la promovente tenga acceso a la consulta del expediente electrónico y se le realicen las notificaciones relativas vía electrónica. Finalmente, téngase a la peticionaria como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en la demanda relativa a través del usuario referido, y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica. Notifíquese personalmente.
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