Maria Salud Campos Cortes

Expediente 849/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
849/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Salud Campos Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas; asimismo, como lo solicita, acúsese recibo de las constancias que hizo llegar por diverso 3956 de su índice, e infórmese que en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo planteada por -y en esa misma data se desechó por improcedente. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión celebrada el nueve de los actuales y notificada mediante oficio electrónico número CCJ/ST/1181/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, pues como ya se dijo, se desechó la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 14. Criterios de valoración. Los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales serán: relevancia documental, conservable, depurable o destruible, el cual deberá decretarse en el acuerdo de archivo como asunto concluido. Los responsables de la valoración, sólo podrán optar por uno de los criterios señalados en el párrafo anterior. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; ????????????? b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo general en cita. De igual forma, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, solicitándole al efecto, acuse recibo de las mismas, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, se deducirá que las recibió a su total y entera satisfacción. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del Despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio CCJ/ST/4240/2021; y con apoyo en la Jurisprudencia publicada en la página 716, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Según constancia secretarial de cuenta, el auto dictado el veinte de septiembre en curso, dentro del presente asunto, no se publicó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se realiza en esta data. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, al que adjunta el amparo directo civil número-, 2 formado con motivo de la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, y otra autoridad, así como los autos originales del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión número -, y dos copias simples de dicha demanda, e informa que en auto de tres de septiembre en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y ordenó remitirla al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, correspondiendo a este Órgano Jurisdiccional conocer del mismo. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, y acepta la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-849/2021-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la ejecución de la sentencia dictada el veintidós de abril del año en curso, dentro del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión número-, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en la que se le condenó a restituir en 3 favor de-, la posesión de la construcción materia de dicho juicio. Al respecto, se estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. 4 En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De tal forma, en el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, los cuales textualmente señalan: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, 5 administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (Lo resaltado es por este Juzgado) Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que, los actos que la parte promovente reclama, consisten en la ejecución de la sentencia dictada el veintidós de abril del año en curso, dentro del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión número -, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en la que se le condenó a restituir en favor de -, la posesión de la construcción materia de dicho juicio, esto es, la etapa de ejecución, lo cual no resulta ser 6 la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, el juicio de garantías, procede respecto de actos emitidos en el procedimiento de remate, también lo es que, ese precepto legal determina que solo será procedente contra la última resolución, que es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta, de que al existir una sentencia ejecutoria, como es el caso, o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, la promovente combate una determinación emitida dentro del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión número -, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el 7 supuesto previsto por el del artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería, se reitera, hasta que se emita la última resolución en dicho procedimiento, lo que le daría a la impetrante, la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, y que la hubiesen dejado sin defensa, y trascendido al resultado de la resolución. Tiene aplicación sobre el particular, la Jurisprudencia consultable en la página 1066, del Tomo II, 29 de abril de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa y de la que se puede interpretar que es 8 necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. 9 Asimismo, es aplicable al caso, y por analogía, la Jurisprudencia consultable en la página 16, del Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ÚLTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente; y por analogía jurídica, la jurisprudencia número 235, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la 10 Ley de Amparo. Sin que en el presente caso nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010, para aplicar por analogía lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la determinación emitida dentro del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión número -, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en la etapa de ejecución, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposible de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por-, por su propio 11 derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, y otra autoridad, por las razones precisadas en líneas que anteceden. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida 12 conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la 13 Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 14 Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 15 En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizados únicamente para tal efecto, a -, toda vez que no tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano