Maria Silvia Sanchez Garcia
Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Silvia Sanchez Garcia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por -, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante en cita, devuelve diligenciado el despacho 225/2022 del índice de este juzgado, del que se advierte que el Actuario de su adscripción notificó el proveído de veintidós de julio pasado a la quejosa ..., lo que acredita con las constancias relativas. Ahora bien, como de la certificación de cuenta se evidencia que el término de tres días con que contaba la impetrante a efecto de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del cinco al siete de los actuales, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa decretado en autos, y se ordena practicarle dichas notificaciones y las subsecuentes por medio de lista, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que designe domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial que antecede, se evidencia que no obra en autos ni en el expediente electrónico constancia del envío del despacho que se ordenó remitir al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, a efecto de que ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado por la impetrante (virtud a que se encuentra fuera de la residencia donde este Tribunal ejerce su jurisdicción), y en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, con las medidas legales necesarias notificara personalmente a la parte quejosa el proveído de veintidós de julio pasado y le requiera para que en el momento de la diligencia designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales; por tanto, en obvio de mayores dilaciones reenvíese la comunicación oficial de mérito a fin de que la autoridad tenga conocimiento de su contenido y esté en condiciones de cumplir con lo requerido. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacan, veintidos de julio de dos mil veintidos. Vista la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Zacapu, Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, con el número VI-792/2022-1. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: ".ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. a) Los constantes actos de violencia institucional y discriminación que soy víctima por parte de las autoridades municipales de Zacapu y de su auxiliar Jefe de Tenencia de Tirindaro. b) La omisión de las autoridades municipales de Zacapu y de su auxiliar Jefe de Tenencia de Tirindaro de acondicionar y crear espacios con acceso a servicios e infraestructura vitales en la zona donde se origina el conflicto. c) Se reclama también de las autoridades responsables, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada en oficialía de partes de la Presidencia Municipal de Zacapu, Michoacán con fecha el día veintisiete de mayo del año 2022. Lo anterior, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8 constitucional.". Acto que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, únicas hipótesis respecto de las cuales se actualiza la excepción de que la demanda no sea firmada electrónicamente. Sentado lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por otra parte, los preceptos 61, fracción XXIII y 6 del mismo ordenamiento legal, textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos transcritos se desprende el principio de instancia de parte agraviada, consistente en que el juicio de derechos fundamentales sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente; luego entonces, en la demanda de cuenta se observa que no obra firma electrónica de la promovente, tal como se hizo constar en la constancia secretarial; por cuyo motivo, debe entenderse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo precitado, propiamente no existe tal manifestación de la quejosa, pues los escritos siempre deben ser signados con firma autógrafa por el interesado, representante, apoderado o defensor particular, ya que la firma no es sino el signo gráfico con el que, en general se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, de tal manera que carece de valor un escrito, sin firma autógrafa de quien comparece; por cuyo motivo, debe entenderse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 ya citado, propiamente no existe tal manifestación de la parte quejosa; por ende, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, citado en el cuerpo de este proveído, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas. No es impedimento para llegar a la anterior determinación, el hecho de que la demanda tenga firma electrónica del pasante jurídico ********************, pues como se dijo, al no reclamarse actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe prevalecer lo establecido por el artículo 108 de la citada ley. Tiene sustento a lo anterior, También, la tesis aislada, Materia Común, publicada en la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo X, Octubre de 1992, página 315, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desecamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º. Y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como la diversa tesis aislada Materia Común, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Página 303 del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Y la diversa tesis aislada, Materia Común, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Página cuatrocientos treinta y cinco del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimir su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes.". Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia publicada en la Décima Época, Registro: 2019715, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79 de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con los numerales 6 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Por otra parte, como la parte promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************; en consecuencia, como el mismo se encuentra fuera de la residencia de este Órgano Jurisdiccional, con fundamento en el artículo 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso 27 fracción II, gírese atento despacho, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, para que ordene a quien corresponda, se constituya en el referido domicilio, y en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, con las medidas legales necesarias realice lo siguiente: a) Le notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído. B) Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que realice la notificación encomendada aun en días y horas inhábiles, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, devuelva la constancia que acredite su diligenciación, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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