María Rufina Concepción Nolasco Doncel

Expediente 644/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
644/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2017

Partes del expediente

  • María Rufina Concepción Nolasco Doncel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fojas 194 a 205), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Rufina Concepción Nolasco Doncel; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecinueve de julio de dos mil diecisiete: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Rufina Concepción Nolasco Doncel, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de siete de julio de dos mil diecisiete, y para tal efecto refiere que la etapa en la que se encuentra el expediente 369/2002-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala es en el procedimiento de ejecución del laudo dictado el veintitrés de marzo de dos mil siete. Expuesto lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo así como el escrito de cuenta, se provee: Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva del hecho que el acto reclamado lo hace consistir en el acuerdo de catorce de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 369/2002-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el que la quejosa refiere fue el último acuerdo dictado en dicho expediente y en el que se reconoció el cumplimiento dado al laudo dictado en el mismo; sin embargo, en dicho juicio según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la quejosa, y del propio juicio generador del acto reclamado que remitió el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; se desprende que en el auto reclamado de catorce de junio de este año la autoridad responsable, declaró parcialmente cumplida la ejecución del laudo dictado, toda vez que quedó pendiente lo concerniente a la reinstalación de la quejosa, asimismo, que dicho auto, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en ese juicio, toda vez que con fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal responsable dictó un diverso proveído en el que se hizo constar la recepción del cheque 0034 por parte de la aquí quejosa María Rufina Concepción Nolasco Doncel, el cual le fue notificado en esa misma fecha, asimismo, en esa diligencia de esa misma data se declare la imposibilidad jurídica para llevar a cabo si reinstalación. Por lo tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarla de modo particular.Conforme a la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, nuestro Máximo Tribunal del país interpretó la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que dichos actos: Afecten de manera directa derechos sustantivos, y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la tesis transcrita se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, también sostuvo la procedencia excepcional del juicio de amparo de manera inmediata -una vez agotados los recursos ordinario que en su caso procedan-, respecto de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación.De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también es procedente, de manera excepcional, en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, o cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia. Finalmente, en esa línea de pensamiento, otro caso excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. Del criterio transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa "última resolución", haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente: POR REGLA GENERAL Contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. DE MANERA EXCEPCIONAL Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Contra actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo de amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto Transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Una vez establecidas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se colige que el auto reclamado en esta vía no se ubica en alguna de tales hipótesis. En efecto, el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 369/2002-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el cual se tuvo por cumplido de forma parcial el laudo dictado en el mismo, no es de forma alguna la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el mencionado juicio, pues no reconoce el cumplimiento total del laudo dictado, ni consiste en aquella que aprueba el remate o la adjudicación de algún bien embargado; tampoco desestima alguna excepción sustancial o perentoria, o impide la ejecución de la sentencia. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido, en virtud que el acto reclamado consiste en aquellos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sin que se actualice alguna de las hipótesis de excepción. Tan es así, que como se dijo en las actuaciones del juicio natural, obran las diligencias de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en las que se declare la imposibilidad jurídica para reinstalar a la parte actora, así como la entrega recepción del cheque por la cantidad de $672,515.59 (seiscientos setenta y dos mil quinientos quince pesos 59/100 M.N.), por lo que es evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el mencionado juicio, pues no reconoce el cumplimiento total del laudo dictado, ni consiste en aquella que aprueba el remate o la adjudicación de algún bien embargado. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Rufina Concepción Nolasco Doncel. No pasa desapercibido, que el tercer párrafo de la fracción IV del referido arábigo, 107 de la Ley de Amparo, establezca que en tratándose de procedimiento de remate el amparo procede en contra del auto que otorga la escrituración de adjudicación u ordena la entrega de los bienes embargados; sin embargo, en el presente asunto tampoco nos encontramos en esos dos supuestos pues se itera, el acto aquí impugnado lo es el catorce de julio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 369/2002-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el cual se tuvo por cumplido de forma parcial el laudo dictado en el mismo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de julio de dos mil diecisiete, remite copias certificadas de constancias que integran el expediente 369/2002-B de su índice. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en auto de siete de los actuales.

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