María Sánchez González

Expediente 872/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
872/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • María Sánchez González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 34 a 41), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Sánchez González; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.  Se ordena archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Por otra parte, devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el toca 261/2018-III relativo al recurso de queja; solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario judicial adscrito a este juzgado federal de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, téngasele asentando los hechos y razones expuestos en la misma, respecto a la imposibilidad para notificar el proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, a la parte María Sánchez González, en el domicilio señalado para tal efecto; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista dicho acuerdo, así como el presente y subsecuentes proveídos, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en la Zona Metropolitana Tlaxcala- Apizaco. NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA PARTE EN CITA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LA PARTE QUE INTERESA, DICE: Visto el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual remite: el expediente 848/2018, de su índice, promovido por María Sánchez González, por derecho propio, contra el acto reclamado a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y, el toca de queja 2612018 del índice de la autoridad señalada como responsable, dado que mediante determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer del acto consistente en la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho dictada en el toca de queja citado, y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 872/2018-I. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Al respecto, por cuanto hace a los actos reclamados en la presente instancia constitucional, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, con número de registro 2011428, estableció: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Con base en la jurisprudencia transcrita los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Sentado lo anterior, en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: La resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Civil-Familiar del Estado de Tlaxcala en el toca de queja 261/2018, que confirmó la interlocutoria dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en el recurso de revocación interpuesto por la actora -quejosa- en el cuaderno de pruebas del juicio ordinario civil 444/2017, confirmando el acuerdo en que denegó su petición de tener como firmas indubitables de la demandada, las estampadas en el escrito de contestación y en diversas actuaciones, para desahogar una pericial en grafoscopía. Ahora, para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, se estima necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten del expediente de origen: María Sánchez González, mediante escrito de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, presentado ante el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, solicitó tuviera a bien tener como firmas indubitables las realizadas y estampadas por María Rufina Matamoros López, en su escrito de contestación de demanda, así como las actuaciones en las que ésta compareció, lo anterior dentro del cuaderno de pruebas del actor, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura pública de contrato de compraventa 444/2015 (foja 74 del toca 261/2018. Por auto de cinco de septiembre del mismo año, la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, encargada del despacho por ministerio de ley, desechó la promoción, en razón de que transcurrió en exceso el término que establece el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, para promover lo que en derecho pudiese corresponder (foja 73 vuelta y 75). En contra de esa determinación, la quejosa por ocurso presentado el tres de octubre de la misma anualidad, interpuso recurso de revocación (fojas 76 a 80), en el cual, por resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el juez de primera instancia confirmó el auto impugnado. Inconforme con lo anterior, María Sánchez González, por escrito de dos de mayo de este año, interpuso recurso de queja, el cual, mediante proveído de treinta y uno siguiente, fue radicado con el número 261/2018 por la Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 87 del toca de queja), admitido en la misma fecha por los magistrados que integran la referida sala (fojas 88 y 89). Finalmente, el doce de julio del año en curso, se dictó la resolución correspondiente, en la que se confirmó la diversa impugnada. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia. En ese sentido, la resolución de mérito no constituye una actuación de imposible reparación, ya que únicamente causa una afectación a un derecho adjetivo, porque solo confirmó la interlocutoria dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en el recurso de revocación interpuesto por la actora -quejosa- en el cuaderno de pruebas del juicio ordinario civil 444/2017, confirmando el acuerdo en que denegó su petición de tener como firmas indubitables de la demandada, las estampadas en el escrito de contestación y en diversas actuaciones, para desahogar una pericial en grafoscopía. Por tanto, la resolución reclamada tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que una vez que se dicte sentencia definitiva en el juicio de origen, se le causaría una afectación a su esfera jurídica. Pues bien, podría acontecer que el juez federal resuelva en favor del aquí quejoso, con lo que la violación procesal que aduce quedaría subsanada, como si no hubiese existido. Así, el acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, pues únicamente tiene efectos procesales relacionados con el trámite del procedimiento de origen, que bien podría repararse si se dictara un acuerdo que resulte favorable a las pretensiones del inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución definitiva resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en su momento a través del juicio de amparo directo, siempre que se agoten los recursos o medios de defensa ordinarios. En las relatadas circunstancias, el juicio de amparo es improcedente, al constituir el acto reclamado un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos tutelados constitucionalmente y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo promovida. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Domicilio y autorizados En otro tenor, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero, número quinientos cinco -505- de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala; y como autorizados únicamente para tales efectos e imponerse de autos las personas que designa, por así señalarlo expresamente. Se ordena formar tomo de pruebas Por otra parte, dado el volumen de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese por separado UN TOMO de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo del presente expediente. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización a secretarios Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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