Maria Rigoberta Franco Amador
Expediente 71/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Maria Rigoberta Franco Amador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Igualmente, se hace constar que después de haberse efectuado una búsqueda minuciosa en el libro de correspondencia, no se encontró escrito u oficio que acredite que las partes hubiesen presentado alguna promoción relativa al presente expediente. En la misma fecha, da cuenta al Juez con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 6115. ConsteEn Apizaco, Tlaxcala, treinta de abril de dos mil diecinueve. Solicita devolución de billete. Agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa María Rigoberta Franco Amador, mediante el cual solicita le sea devuelto el billete de depósito N 830952 que exhibió mediante escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 79). Se deja billete a disposición. En consecuencia, y toda vez que el billete de depósito número N 830952, fue exhibido para garantizar la suspensión definitiva decretada en el presente asunto, se deja a disposición de María Rigoberta Franco Amador, el billete de depósito referido, para que en día y hora hábil de oficina, comparezca con identificación oficial vigente y copia de la misma, ante este Juzgado Federal a recoger el mismo, previa razón que por su recibo obre en autos. Lo anterior, apercibido que en caso de no comparecer dentro de los dos años siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente auto, dicha garantía prescribirá a favor de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.
- Principal
Agréguense a los autos únicamente para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; asimismo desechó por improcedente la demanda de amparo promovida por ********************.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 34746/2018, por el que se remitieron diversas constancias y demanda original, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Sin que haya lugar a ordenar el destino de los presentes autos, toda vez que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 992 a 995), se ordenó lo conducente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 1213 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 71/2018-4, del índice de este juzgado, promovido por María Rigoberta Franco Amador; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión civil 175/2018 de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "(.) PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo por María Rigoberta Franco Amador, contra los actos reclamados al Juez, Secretario y Diligenciario, adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. (.)" En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníqueseles que la superioridad confirmó la resolución dictada por este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes. Ordena enviar constancias a la superioridad Ahora, toda vez que en la sentencia emitida en el presente juicio se declaró la incompetencia para conocer del acto reclamado consistente en: La sentencia definitiva dictada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, en el juicio plenario de posesión 572/2014, del índice del Juzgado Primero de lo civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Reservándose la remisión de las constancias una vez que causara ejecutoria, lo que ya ocurrió, en términos de la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página 9, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." En consecuencia, escíndase la demanda amparo y remítase junto con copia certificada de la sentencia y del presente auto, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para los efectos precisados en los párrafos que anteceden. Ordena destino de expediente Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia autorizada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Devolución de documentos. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documentos anexados por la parte tercera interesada, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente. Billete de depósito Por otra parte, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito N 830952, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la quejosa María Rigoberta Franco Amador, a efecto de garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que una vez que transcurra el plazo de seis meses sin que se haya promovido el incidente señalado en el artículo 129 de la Ley de Amparo, deberá comparecer a este órgano jurisdiccional para la devolución del referido billete de depósito, lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes a que fenezca el referido plazo, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado.
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