María Rosario Rodríguez Aguilar

Expediente 1598/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1598/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • María Rosario Rodríguez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, y toda vez que en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. (.)

  2. Principal

    citatorio:_Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. V i s t o s los autos del presente juicio de amparo indirecto 1598/2019, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado por María Rosario Rodríguez Aguilar, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción. Segundo. Por oficios 559/2020 y 560/2020 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su Adscripción, se informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con los referidos oficios y sus anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección para el efecto que de una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables, actuaran en los siguientes términos: "(.) Sexto. Efectos del amparo. Tomando en cuenta que la violación a la garantía de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al haber actuado fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y que de las constancias en consulta se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas del día seis de febrero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 14), y atendiendo a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tomando en consideración que deben transcurrir una vez dictado el fallo, diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia, para que cause ejecutoria y así se esté en posibilidad legal de requerir el cumplimiento del fallo protector, aunado a que aún no está notificada la parte demandada y que las autoridades responsables gozaran de su segundo periodo vacacional; se procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: - Para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el caso de que no haya acontecido, dicte de inmediato las medidas necesarias para que tenga lugar la notificación y el emplazamiento de la demandada en el juicio natural. - Asimismo, celebre en la fecha señalada la audiencia de ley, fijada para el seis de febrero de dos mil veinte, y solamente en caso que sea necesario diferir la audiencia trifásica en el juicio laboral número 644/2019, promovido por la aquí quejosa María Rosario Rodríguez Aguilar, señalando nueva hora y fecha respetando los términos y plazos legales que establece para ello la Ley Federal del Trabajo. (.)" Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en este asunto, con fecha nueve de marzo del dos mil veinte, llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, audiencia en la que cada una de las partes ofreció sus respectivas pruebas, y mediante actuación de fecha uno de julio del dos mil veinte, se acordó lo correspondiente a la aceptación y desechamiento de las pruebas, en autos del juicio laboral número 644/201, lo anterior una vez integrada la relación jurídico procesal. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe..

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. V i s t o s los autos del presente juicio de amparo indirecto 1598/2019, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado por María Rosario Rodríguez Aguilar, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción. Segundo. Por oficios 559/2020 y 560/2020 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su Adscripción, se informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con los referidos oficios y sus anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección para el efecto que de una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables, actuaran en los siguientes términos: "(.) Sexto. Efectos del amparo. Tomando en cuenta que la violación a la garantía de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al haber actuado fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y que de las constancias en consulta se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas del día seis de febrero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 14), y atendiendo a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tomando en consideración que deben transcurrir una vez dictado el fallo, diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia, para que cause ejecutoria y así se esté en posibilidad legal de requerir el cumplimiento del fallo protector, aunado a que aún no está notificada la parte demandada y que las autoridades responsables gozaran de su segundo periodo vacacional; se procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: - Para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el caso de que no haya acontecido, dicte de inmediato las medidas necesarias para que tenga lugar la notificación y el emplazamiento de la demandada en el juicio natural. - Asimismo, celebre en la fecha señalada la audiencia de ley, fijada para el seis de febrero de dos mil veinte, y solamente en caso que sea necesario diferir la audiencia trifásica en el juicio laboral número 644/2019, promovido por la aquí quejosa María Rosario Rodríguez Aguilar, señalando nueva hora y fecha respetando los términos y plazos legales que establece para ello la Ley Federal del Trabajo. (.)" Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en este asunto, con fecha nueve de marzo del dos mil veinte, llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, audiencia en la que cada una de las partes ofreció sus respectivas pruebas, y mediante actuación de fecha uno de julio del dos mil veinte, se acordó lo correspondiente a la aceptación y desechamiento de las pruebas, en autos del juicio laboral número 644/201, lo anterior una vez integrada la relación jurídico procesal. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe..

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1598/2019-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, dentro de las que destacan el escrito de demanda, auto admisorio de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se abre el período de pruebas en el que la Secretaría da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana que la parte quejosa ofreció en su escrito inicial de demanda y con las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acompañó a su respectivo informe justificado que obra agregado en autos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría no da cuenta con promoción alguna de las partes, con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 1598/2019-VI, promovido por María Rosario Rodríguez Aguilar, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad; y R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido el mismo día, a este Juzgado por razón de turno, compareció María Rosario Rodríguez Aguilar, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción; mismos que hizo consistir esencialmente en la negativa de ordenar y llevar a cabo la citación, notificación y emplazamiento a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, para comparecer en el expediente 644/2018. Segundo. La demanda se registró bajo el número de expediente 1598/2019-VI, se admitió a trámite dicha demanda en proveído de catorce de noviembre del año en curso, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Posteriormente, previos los trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos que se reclaman derivan de un juicio laboral tramitado ante una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Bajo esa premisa, en el presente juicio de amparo, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la quejosa reclama esencialmente en la negativa de ordenar y llevar a cabo la citación, notificación y emplazamiento a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, para comparecer en el expediente 644/2018. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el Actuario de su adscripción, manifestaron que sí son ciertos los actos que se les reclaman, por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades en cita. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso no se advierte de oficio la actualización de ninguna causal de improcedencia, ni tampoco se hizo valer alguna por las partes en el presente asunto. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. A continuación se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, visible en la página 830, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, suplido en su deficiencia por tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que consiste básicamente en la violación por parte de las responsables del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Junta responsable no ha tramitado el juicio laboral 644/2019 en los términos y condiciones que marca la Ley, ya que de las constancias del juicio de origen se puede advertir la dilación con la que ha emitido sus determinaciones, puesto que mediante diligencia actuarial de doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Actuario adscrito a la Junta responsable hizo constar la imposibilidad de notificar a la parte demandada Secretaría de Salud, siendo que hasta el dos de octubre de dos mil diecinueve, se acordó lo relativo a dicha diligencia comisionándose al Actuario correspondiente a fin de emplazar a dicha parte demandada, difiriéndose el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalándose como nueva fecha y hora para su verificativo el día seis de febrero de dos mil veinte. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que no ha dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTÍCULO 17.- "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Por otra parte, los diversos artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen en lo conducente que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley" "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." De lo anteriormente narrado salta a la vista la omisión de la junta responsable de ajustar su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la omisión de las responsables de llevar a cabo el procedimiento respetando los plazos señalados por la ley, se produce una continuidad en el incumplimiento de la garantía cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expeditez que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, ha dilatado el procedimiento de origen, toda vez que por lo menos desde la fecha en la que el Actuario de su adscripción hizo constar la imposibilidad para emplazar a la parte demandada Secretaría de Salud, hasta el dos de octubre del mismo año en que comisionó al Actuario nuevamente para el emplazamiento de dicha parte demandada, transcurrió más de un año, con lo que queda claro que su actuar no se ajusta a los términos establecidos por la Ley. De igual manera, es de advertirse que en la referida audiencia de dos de octubre de dos mil diecinueve, fijó para la celebración de la audiencia trifásica el día seis de febrero de dos mil veinte, esto es, fuera del término de quince días que tenía para ello. Asimismo, la Junta y Actuario responsables no realizaron diligencia alguna a efecto de notificar y emplazar a los demandados en el juicio de origen, pues a la fecha no se advierte constancia alguna que así lo evidencie. De ahí, que es evidente que las autoridades laborales han tramitado el juicio reclamatorio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque las autoridades responsables no llevan a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, tomando en cuenta que si bien, el artículo 17, interpretado sistemáticamente con el 1º, ambos de la Constitución Federal, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual a su vez es integrado por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007; también cierto es que el derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado por diversas especies de subgarantías o mecanismos para hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional que consiste en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Así, las referidas garantías subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y detallan sus alcances al establecer lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que tienden a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, con el propósito de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, atento al principio pro homine o pro personae. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Sexto Circuito, consultable en la página 1096 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Al advertirse la violación al artículo 17 de la Constitución Federal es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Rosario Rodríguez Aguilar. Sexto. Efectos del amparo. Tomando en cuenta que la violación a la garantía de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al haber actuado fuera de lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y que de las constancias en consulta se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas del día seis de febrero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 14), y atendiendo a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tomando en consideración que deben transcurrir una vez dictado el fallo, diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia, para que cause ejecutoria y así se esté en posibilidad legal de requerir el cumplimiento del fallo protector, aunado a que aún no está notificada la parte demandada y que las autoridades responsables gozaran de su segundo periodo vacacional; se procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: Para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el caso de que no haya acontecido, dicte de inmediato las medidas necesarias para que tenga lugar la notificación y el emplazamiento de la demandada en el juicio natural. Asimismo, celebre en la fecha señalada la audiencia de ley, fijada para el seis de febrero de dos mil veinte, y solamente en caso que sea necesario diferir la audiencia trifásica en el juicio laboral número 644/2019, promovido por la aquí quejosa María Rosario Rodríguez Aguilar, señalando nueva hora y fecha respetando los términos y plazos legales que establece para ello la Ley Federal del Trabajo. Sin que constituya un obstáculo a la anterior determinación el hecho de que este juzgado, en aplicación de la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 y rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", en resoluciones emitidas con anterioridad a la presente fecha, en juicios de amparo en que se reclamaban actos u omisiones de los tribunales laborales en el Estado, aun cuando los efectos de las omisiones reclamadas hubieren cesado durante la tramitación del juicio de amparo, este tribunal, en estricto apego a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita en líneas que anteceden, cuando se acreditaban violaciones a la garantía de una administración de justicia pronta y expedita, concedía el amparo y protección de la Justicia Federal contra las posibles dilaciones futuras que se cometieran en el juicio laboral correspondiente, esto es, contra los "actos subsecuentes." Sin embargo, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonaron el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, al considerar que los alcances por los que en su caso se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, considerando la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral correspondiente, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo la nueva Jurisprudencia 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Al pronunciarse sentencia en contrario, la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 de la Segunda Sala del más alto tribunal del país, ha dejado de tener carácter obligatorio de conformidad con el artículo 228 de la Ley de Amparo Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a María Rosario Rodríguez Aguilar contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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