Maria Rosaura Pool Pech
Expediente 1424/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Rosaura Pool Pech
- MARIA ROSAURA POOL PECH y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la vía telegráfica suscrito por la Fiscal Investigadora del Ministerio Público, Titular de la Agencia Vigésimo Sexta, con sede en Hunucmá, Yucatán, mediante el cual informa que el oficio 11368/2021, con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue recibido el veintiocho de mayo del año en curso. En virtud de lo anterior, toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el treinta de abril dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Fiscal Investigadora del Ministerio Público, Titular de la Agencia Vigésimo Sexta, con sede en Hunucmá, Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son del tenor literal siguientes: ".1.-Deje insubsistente la determinación de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación UNATD26-GK/000715/19, en la que negó la petición de la defensa del inculpado de declarar la prescripción de la acción penal; y, 2.- Dicte una nueva, en la que atendiendo a las directrices trazadas en la presente sentencia constitucional, haga la declaración de que operó la prescripción de la acción penal por los hechos que se le atribuyen al implicado; lo cual deberá hacer de su conocimiento.." En consecuencia, hecho lo anterior, la nombrada responsable, deberá remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO...Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María Rosaura Pool Pech, contra actos del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, presentada con seis copias y un anexo. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar el escrito de demanda, para verificar si en el caso a estudio existe causa manifiesta e indudable de improcedencia Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con los diversos 17 y 18 de dicha Ley, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113, del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Los artículos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la Ley que rige el propio acto, cuando haya tenido conocimiento del mismo o se ostente sabedor. Conforme a lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De lo contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En el caso que nos ocupa, se debe atender al supuesto identificado con el inciso b - conocimiento del acto reclamado o de su ejecución-. Cierto, la parte quejosa señaló como actos reclamados el auto de fecha doce de abril del año en curso, notificado el diecinueve de mayo del mismo año, mediante el cual se ordenó el desalojo del predio marcado con el número quinientos setenta y tres de la calle cincuenta y cuatro por setenta y tres letra A y setenta y cinco del Centro Histórico de la Ciudad, que aduce posee el quejoso en virtud de un convenio de desocupación y entrega celebrado ante Notario Público; de igual manera señala como acto reclamado todo lo actuado en el expediente 335/2016 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el licenciado Marco Antonio Pérez Ricalde en representación del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex en contra de los ciudadanos Carlos Feliciano Lavadores May y Silvia Margarita Pino Uc del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, en la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el veinte de mayo del año en curso, su arrendador le comentó que existía una orden de desalojo sobre la propiedad que posee el quejoso y que el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado solicitada la desocupación, así como le enseño una notificación de doce de abril del año en curso la cual jamás llegó a sus manos. De lo que se infiere que la quejosa tuvo conocimiento pleno de los actos reclamados desde el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en donde le informó su arrendador sobre la existencia de la orden de desalojo del predio quinientos setenta y tres de la calle cincuenta y cuatro por setenta y tres letra A y setenta y cinco del Centro Histórico de la Ciudad, indicándola además la autoridad que lo emitió, y que incluso le enseñó la notificación del acuerdo de doce de abril de dos mili veintiuno. Lo anterior cobra relevancia si se considera además, que la propia quejosa compareció ante la Juez del conocimiento mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en donde se hizo sabedora de la orden de desalojo y solicitó se le tenga como interesada en el asunto en virtud del convenio que suscribió el veinte de octubre de dos mil veinte;. Por tanto, partiendo de la fecha que la parte quejosa señala como la del conocimiento de los actos reclamados veinte de mayo de dos mil veintiuno-, se tiene que el plazo de quince días transcurrió del veintiuno de mayo al diez de junio del año en curso, sin contar el veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo, cinco y siete de junio del año que transcurre, por ser inhábiles por ley. En ese sentido, si la presentación de la demanda ante la oficina de correspondencia común fue el diez de agosto de dos mil veintiuno, existió un consentimiento tácito de los actos reclamados, ya que fue presentada de manera extemporánea, y ello actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 232213, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, de texto: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." También sirve de orientación al caso la Jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 163172, de texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Rosaura Pool Pech. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a Nanzi Noemí Salas Canul, con las facultades que les otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo y a los demás señalados en su escrito de demanda, para oír y recibir notificaciones, recoger documentos en los términos restringidos a que alude el citado precepto legal, por así solicitarlo expresamente. Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a que los autorizados hagan uso de los medios electrónicos dentro del local de este juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
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