María Ricarda Canché y Can y Otros.

Expediente 987/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
987/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • María Ricarda Canché y Can y Otros.
  • María Ricarda Canché y Can

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que de la constancia actuarial de cuatro de septiembre del presente año, levantada por el fedatario de este Juzgado, se advierte que Karla Azucena Monsreal Dehara, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, señaló como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el predio marcado con el número quinientos, letra "E", de la calle sesenta y tres, letra "B", entre noventa, letra "A" y noventa y dos Centro de esta ciudad; por tanto, téngase como domicilio de la parte quejosa el antes citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. I. Recepción de demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por María Ricarda Canche y Can contra el acto de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Mérida, Yucatán, demanda presentada sin copia y un anexo. Por lo anterior, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 987/2018-II, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Desechamiento. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que en el apartado relativo a su firma, la promovente María Ricarda Canche y Can plasmó únicamente su huella digital, sin que se aprecie la firma a ruego de otra persona distinta a la interesada, que suscribiera el documento a petición o instancia de la quejosa. Es pertinente destacar que acorde con lo dispuesto por el numeral 6 de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, lo que significa que no opera de manera oficiosa, sino que podrá hacerlo por sí, por su representante legal o su apoderado, incluso por cualquier persona en los casos previstos por dicha legislación. En ese contexto, es dable afirmar que sólo por voluntad de la agraviada se puede instaurar el juicio de amparo, y la firma o huella digital es lo que da expresión a la voluntad de la interesada para realizar cualquier promoción o acto, lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte de la promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, un escrito sin firma; o huella digital y firma a su ruego es un papel en el que no se incorpora la voluntad de la promovente, por lo que, en consecuencia, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca del fondo o contienda. Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra de la promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. De lo precisado deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que sería tenerla por no presentada. Ahora bien, el requisito indispensable de la firma de quien formula una promoción o demanda, tiene dos excepciones: una, cuando la promovente no sabe firmar y otra, cuando no puede firmar. Un camino para solventar tal solución es la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona. Para mejor comprensión, debe señalarse que la firma cumple dos funciones diferenciables: a) Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. b) Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad, esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento. Por tanto, al realizar la suscripción de un documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también el suscriptor o signante que quiere efectuar una declaración de voluntad. En ese orden de ideas, la impresión de la huella digital no puede suplir la falta de firma del interesado, pues si bien es señal insuperable de identificación e implica absoluta seguridad respecto a la persona de quien emana, no sirve como prueba de voluntad, que es la misión fundamental de la firma, puesto que quien pone su impresión digital es persona que -por regla general- no sabe firmar y, por tanto, no sabe leer. Ello es así, en virtud de que la causa más frecuente de que una persona se encuentre impedida de colocar su firma en un documento, es porque no sabe leer ni escribir y, por lógica consecuencia, ignora el contenido de un documento. Luego, si el sujeto desconoce la declaración de voluntad del documento, haría mal en hacerla suya por el solo hecho de colocar una de sus huellas dactilares en el documento, ya que eso sólo servirá para demostrar que ha tenido contacto físico inmediato con la hoja en que se encuentra la manifestación de voluntad, pero de ninguna manera probará que ese contenido es expresión de la propia. De manera que la impresión de la huella digital es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad, ya que en ningún caso puede suplir a la firma. No obstante, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito -actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito- y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversas disposiciones que admiten que si una persona no sabe o no puede firmar, debe imprimir su huella digital y solicitar a otra que lo haga en su lugar; esto es lo que se conoce como firma a ruego, que consiste en la posibilidad de que otra persona, distinta de la interesada, suscriba el documento a petición o instancia de aquel que no sabe o no puede firmar un documento. Así, se indicó que, acorde con los citados dispositivos, el legislador equiparó el supuesto relativo a la exigencia de la firma con los requisitos de huella digital y firma a ruego para quien no sabe o no puede firmar. En esos casos, no cabe la prevención ni la cita o requerimiento a quien formule la promoción, por tratarse la firma de un requisito o condición esencial para la existencia de la demanda; por tanto, también debe concluirse que cuando se imprime la huella digital y alguien firma a ruego de quien no sabe o no puede hacerlo, se está cumpliendo con el requisito esencial de existencia de la demanda. Efectivamente, cuando se cumple el requisito de la huella digital, queda acreditada la presencia de la persona interesada y, con la firma a ruego, se demuestra que quiso hacer suyo el contenido del documento respectivo. Por tanto, si existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, entonces, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo, también se deberá ser acorde con las leyes de las que emanó el acto reclamado. Lo anterior se expuso en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, enero de 2012, Tomo 3, página 2333, registro digital 2000079, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." En las relatadas condiciones, la huella digital constituye un elemento para demostrar la manifestación de voluntad de la quejosa, siempre y cuando se complemente con la "firma a ruego", que exterioriza el propósito de promover la demanda, al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar. Luego, si la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo el hecho de que se plasme la huella digital sin la firma a ruego. Esto, porque la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere, pues a través de ésta se plasma la voluntad de su autor, en comprometerse con su contenido y el pedimento que se presenta ante la autoridad jurisdiccional, ya que está obligación deriva de una interpretación analógica del artículo 1834, en relación con el numeral 1859, ambos del Código Civil Federal, que establecen: "Artículo 1,834. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó." "Artículo 1,859. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos." Sin que resulte procedente, acorde con el criterio jurisprudencial antes invocado, requerir a la promovente para que ratifique su huella digital o que alguien firme a su ruego, pues ese supuesto no constituye una de las irregularidades previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Máxime que otorgar oportunidad a la promovente para que subsane la cuestión indicada, equivaldría a desequilibrar el proceso a su favor, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal. Es ilustrativa al respecto, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 25/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 448, registro digital 167714, que indica: "FIRMA A RUEGO. SU OMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDUCE A TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA RESPECTIVA, AUNQUE EL PROMOVENTE HUBIERA IMPRESO SU HUELLA DIGITAL. La indicada disposición ha incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no puede firmar y el imperativo de colocar su impresión digital en el documento, tendiente a cumplir las dos funciones de la firma del interesado: a) su individualización; y, b) la expresión de su voluntad; pues con la huella digital se establece la identificación de quien la imprime y con la firma a ruego se prueba su voluntad, que es la misión fundamental de la firma. Por otra parte, respecto a la exigencia de que "toda promoción deberá estar firmada por quien la formule", el legislador dispuso que "sin este requisito se tendrá por no presentada", supuesto que no admite prevención ni requerimiento, por ser la firma un requisito o condición esencial para la existencia de la demanda. Así, se concluye que sin los requisitos de huella digital y firma a ruego, el resultado será el mismo de cuando quien sabe y puede firmar no lo hace, es decir, tener por no presentada la promoción o la demanda, pues no cabe la prevención o requerimiento al interesado a "reconocer la firma", que no ha otorgado, ni a "reconocer la impresión digital", por no ser perito en la materia. Además, de la forma en que está redactado el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que tales exigencias son elementos complementarios y esenciales que accionan el procedimiento administrativo federal, de tal modo que al faltar alguno de ellos deberá tenerse por no presentada la demanda o promoción." Y, por identidad de razón, la tesis aislada 1a. XLIV/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 172, registro digital 178167, de rubro y texto: "PROMOCIONES CARENTES DE FIRMA. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El dispositivo legal referido no viola las garantías de audiencia, defensa y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que si bien prevé como consecuencia el tener por no presentada una promoción carente de firma, no por ello se priva al afectado de mecanismos de defensa, ya que el artículo 242 del propio Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de reclamación para revertir la decisión del instructor en ese sentido, por lo que es claro que se satisfacen las mencionadas garantías constitucionales. Ello sin necesidad de que la satisfacción de éstas sea previa, mediante una prevención o requerimiento, pues el hecho de que en el artículo 14 constitucional se establezca que ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, no significa que antes de tomar cualquier determinación judicial que afecte al justiciable deba necesariamente escuchársele, sino más bien que debe ser oído y vencido en juicio antes de que se dé en su contra cualquier acto de privación. Por otra parte, si bien es cierto que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento podrían considerarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción cuando contenga irregularidades subsanables, ello sólo operaría cuando éstas se refieran a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción. Admitir que en el concepto de formalidades esenciales del procedimiento cabe el requerimiento de firmar una demanda, equivaldría a desequilibrar el proceso a favor del actor, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal con el demandado." En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda en estudio. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, dese de baja en el mismo y, en su momento procesal oportuno, archívese como asunto total y definitivamente concluido. III. Días y horas inhábiles. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. IV. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Karla Azucena Monsreal Dehara, toda vez que manifestó tener el carácter de parte obrera en el juicio laboral del que emana el acto reclamado. V. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe. Hago constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 987/2018-II. Conste. *Betty.

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