Maria Pilar Rojas Contreras

Expediente 638/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
638/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Maria Pilar Rojas Contreras
  • Alfredo Paul Ramírez, Titular de la Unidad Jurídica
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, toda vez que en su oportunidad se acusó recibo del exhorto diligenciado por dicha autoridad, y no resulta necesario comunicarle el auto de dieciocho de noviembre del año en curso, a través del cual se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Santiago de Querétaro, Querétaro; por medio del cual acusa recibo del diverso signado por la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual le fue remitido el expediente 3042/16-09-01-2-OT; de lo que este Juzgado Federal queda enterado de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Presidente de la Sala Regional del Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Santiago de Querétaro, Querétaro, el expediente 3042/16-09-01-2-OT, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Sala Regional del Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Santiago de Querétaro, Querétaro, del que se advierte que, entre otras cosas, manifestó que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de dicha Sala responsable, la parte actora, aquí quejosa Alfredo Paul Ramírez Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, realizó diversas manifestaciones respecto del oficio SP/DPSH-1512/2022, por el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada por la Sala responsable, al que adjuntó el diverso oficio SEP-4.2.3-DRH/07315/2022, de dieciséis de junio del presente año, signado por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en Puebla, en el que le informó los Tabuladores Regionales de todas las Categorías del Catálogo y Tabulador de Sueldos del Personal Docente de Educación de los Centros de formación para el Trabajo y las Misiones Culturales de los Tabuladores de Sueldos de las Zonas Económicas II y III, lo que acreditó con las constancias que adjuntó a su informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia, pues aun subsistiendo el acto reclamado, carece de objeto y materia. Ahora, de autos se advierte que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado por Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Querétaro, en el expediente 3042/16-09-01-2, de su índice, a través del cual omitió pronunciarse respecto de las solicitudes que realizó, a fin de requerir a la Secretaría de Educación Pública de Puebla, para que exhibiera el Tabulador Regional de María Pilar Rojas Contreras, se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo siguiente: a. La emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. b. Al ser el amparo un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, su procedencia se encuentra supeditada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica. c. En ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que: c.1. La prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél. c.2. Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. c.3. Cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos. En ese orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, disposición que actualmente se encuentra reproducida en el numeral 77 de la ley de la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, de modo que la sentencia debe tener un verdadero efecto restitutorio, es decir, que no constituya una actividad meramente especulativa o estéril; por tanto, no es dable decidir sobre la constitucionalidad de un acto, si por diversas razones no podrían concretarse los efectos del amparo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando ante la existencia del acto reclamado, hay imposibilidad de que sus efectos se materialicen o que se continúen actualizando, por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de las autoridades, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales u otros que impidan analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En atención a dichas consideraciones, debe indicarse que respecto al acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado por Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Querétaro, en el expediente 3042/16-09-01-2, de su índice, a través del cual omitió pronunciarse respecto de las solicitudes que realizó, a fin de requerir a la Secretaría de Educación Pública de Puebla, para que exhibiera el Tabulador Regional de María Pilar Rojas Contreras, para que con ella se diera cumplimiento a la sentencia; se acredita dicha causal de improcedencia, pues si bien es cierto que aun cuando la Sala responsable ha omitido pronunciarse respecto de las solicitudes que se le formularon por la parte quejosa, también lo es que, la quejosa dio cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, al adjuntar el oficio SEP-4.2.3-DRH/07315/2022, de dieciséis de junio del presente año, signado por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en Puebla, en el que le informó los Tabuladores Regionales de todas las Categorías del Catálogo y Tabulador de Sueldos del Personal Docente de Educación de los Centros de formación para el Trabajo y las Misiones Culturales de los Tabuladores de Sueldos de las Zonas Económicas II y III. Por tanto, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si lo pretendido por la parte quejosa es un derecho que ya se encuentra a su disposición, máxime que con dicha documentación ya dio cumplimiento con la sentencia en el juicio de origen. De ahí que, se configura la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado por Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Querétaro, en el expediente 3042/16-09-01-2, de su índice, a través del cual omitió pronunciarse respecto de las solicitudes que realizó, a fin de requerir a la Secretaría de Educación Pública de Puebla, para que exhibiera el Tabulador Regional de María Pilar Rojas Contreras. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En vía de consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÒS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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