Maria Raquel Cuevas Garcia
Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Raquel Cuevas Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VII. Agréguese a los presentes autos el oficio 1306, de once de los corrientes, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el siete de marzo del presente año, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 25/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa MARÍA RAQUEL CUEVAS GARCÍA, contra el auto de once de enero del año en curso, de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto, declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA VII. Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del informe con justificación, del original y copias del escrito de diecisiete de enero del año en curso, relativo al juicio de amparo 27/2019-VII, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa contra el auto de once de los cursantes; asimismo, informa que este último se admitió a trámite con el orden 25/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa MARÍA RAQUEL CUEVAS GARCÍA, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de once de enero del año en curso, dictado en estos autos; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo en el presente juicio, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracción XIII, y 61, fracción XVIII, de la citada ley de la materia. En tal virtud, remítase la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama, así como el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa su agravio, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA RAQUEL GARCÍA, contra el acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la quejosa impugna de la autoridad responsable, el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 872/2017 de su índice, publicado en el Diario Oficial del Estado el veintinueve de ese mismo mes y año, mediante el cual no accede al incidente de nulidad de actuaciones, que la propia quejosa interpuso. Asimismo, del propio escrito de demanda, la quejosa indicó, categóricamente, que el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fue notificada del acto reclamado mediante publicación del Diario Oficial del Estado, incluso exhibe copia tanto del proveído impugnado, como de su publicación, donde se corrobora la publicación del proveído reclamado en la citada fecha. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo, se advierte que a la quejosa le fue notificado el acto reclamado, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, cuenta habida que así se aprecia de la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, así como lo manifestó expresamente en su escrito primigenio. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 872/2017 de su índice, publicado en el Diario Oficial del Estado el veintinueve de ese mismo mes y año, mediante el cual no se admite el incidente de nulidad de actuaciones, que la propia quejosa interpuso, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por la propia quejosa, y la copia que exhibe del acto reclamado y su publicación se desprende que el acto impugnado, le fue notificado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, entonces, dada la naturaleza del procedimiento mercantil de origen, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, dicha notificación surtió efectos al día siguiente de su publicación en el referido Diario, esto es, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y por tanto el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr al día hábil siguiente, esto es día el tres de diciembre de dos mil dieciocho y feneció el ocho de enero de dos mil diecinueve, descontando los días ocho, nueve, quince, dieciséis de diciembre por ser días inhábiles, y del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, al cuatro de enero de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles por vacaciones de la autoridad responsable; por lo que si a la fecha en que presentó su demanda de amparo, en la que señaló como acto reclamado el proveído en cuestión, fue el nueve de enero de dos mil diecinueve, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, le fue notificado el acto reclamado, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el nueve de enero del año en curso, es notorio que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. De igual manera, a juicio de este juzgador, en el presente asunto, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no observó el principio de definitividad, ya que en contra del citado acuerdo reclamado, la quejosa estuvo en aptitud de interponer ya sea el recurso de revocación o apelación en su caso, en virtud de que todos los acuerdos en materia mercantil son recurribles, lo cual no aconteció en la especie. Ciertamente, para corroborar lo anterior se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto citado establece en particular que el recurso efectivo implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, uno de los aspectos que garantizan la efectividad de los medios de defensa previstos por las leyes, es que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan resolver la controversia. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos efectivos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Es sustento de lo argumentado, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, décima época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por ende, el Juzgador tiene la obligación de realizar la interpretación en sentido estricto a la norma aplicable, y no debe soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los recursos; mismos presupuestos que resultan ser previos al estudio de fondo, pues esto también garantiza la tutela judicial efectiva, al crear una situación de seguridad jurídica respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, caso que en la especie acontece de manera inexacta por parte de la parte quejosa. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte, que en el caso el quejoso no agotó el recurso que procedía, ya sea apelación o revocación, pues el Código de Comercio que rige la naturaleza del procedimiento de origen permite impugnar los actos que se emitan, como el proveído reclamado, ya sea a través de apelación, y en caso de que la cuantía no supere el monto del artículo 1334, entonces los actos que no fueren apelables son revocables de conformidad con el artículo 1334. Es claro que el legislador federal implementó medios de impugnación para revocar los decretos que surjan de los juicios ejecutivos mercantiles. En esa tesitura, como la parte quejosa no impugnó el acto reclamado por la vía idónea, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en el juicio. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé. Tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". También sirve de sustento al anterior razonamiento, en lo aplicable, la tesis de jurisprudencia 3ª. /J. 14/92, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 25 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, relativa a la Octava Época, Materia Común, con rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE SENTENCIA. LA RESOLUCION QUE LA NIEGA DEBE SER IMPUGNADA MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ANTES DE RECLAMARLA A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece: "De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior"; de ahí que a la resolución en que se niega la ejecución de una sentencia, no puede considerársele como de aquellas que directamente tienden a ejecutarla, porque, en primer lugar, no se pronuncia con el fin de que se dé cumplimiento a la sentencia, al negar la autoridad judicial su ejecución; y, en segundo término, porque dicha resolución, en rigor, tiene autonomía propia, pues no será materia de estudio en el acuerdo que ponga fin al procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, tal resolución debe ser impugnada mediante el recurso ordinario procedente establecido en la ley, previamente a la interposición del juicio de amparo." Al actualizarse las mencionadas causales de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por MARIA RAQUEL CUEVAS GARCÍA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendonza, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- María Paulina Aké Dzib2671/2022
- Maria Paulina Balam Vega1913/2021
- Maria Paulina Kantun Aban1061/2020
- Maria Pilar Herrera Canto1649/2023
- Maria Pilarcita Tello Pereira783/2020
- Maria Raquel Cuevas Garcia37/2019
- Maria Raymunda Pech Casanova851/2019
- Maria Rebeca Camara Roche1557/2017
- María Regina Auais Vales2674/2022
- Maria Reinalda Pech Piste1578/2019
- Maria Renata Medina Goff1241/2018
- Maria Rosa Camelo Lopez862/2021