Maria Pilarcita Tello Pereira

Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
783/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Maria Pilarcita Tello Pereira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo.En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido.En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, y no se tramitó el incidente de suspensión, por lo tanto, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con un anexo que adjunta, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de doce de los corrientes, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, sin que se hubiere hecho manifestación alguna al respecto, esta Juzgadora determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia firmada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó de las autoridades responsables. Siendo que por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables su debido cumplimiento, para el efecto siguiente: "En consecuencia, ante la violación al derecho a la salud, por las consideraciones delineadas en el cuerpo de la presente resolución, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa MARÍA PILARCITA TELLO PEREIRA. SÉPTIMO. Efectos. Por lo antes expuesto, con el objetivo de materializar la concesión de amparo, una vez que reciba la notificación del auto con el que cause ejecutoria la presente sentencia, las responsables Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, así como el Subdirector de Recursos Humanos del Hospital General en Valladolid, Yucatán, de manera inmediata deberán ordenar lo siguiente: Que la quejosa continúe disfrutando del permiso con goce de sueldo que le había sido otorgado por encontrarse dentro del grupo de personas vulnerables y por tanto, permanezca en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial, excluyéndosele de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, hasta en tanto se advierta modificación del entorno de emergencia que aún prevalece y/o de la reglamentación que motivó la expedición del permiso en su favor. Para lo cual, las autoridades responsables deberán informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral de la quejosa, y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 486, del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2019358, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, informó que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en este juicio de amparo, la Directora del Hospital General de Valladolid Servicios Sociales de Yucatán, giró el oficio número HGV/DIRECCIÓN/104/2021, de fecha cinco de febrero del año en curso, en el cual se le comunicó a la quejosa, que sigue gozando de resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta de hipertensión arterial, excluyéndosele de asistir a su centro de trabajo, por ser una persona vulnerable ante la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, hasta en tanto se advirtiera alguna modificación del entorno de emergencia que aún prevalece en el país. En ese sentido, debe concluirse que incuestionablemente las autoridades responsables han dado cumplimiento cabal a la sentencia amparadora, puesto que ordenaron que la quejosa pueda seguir gozando del resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta de hipertensión arterial, excluyéndosele de asistir a su centro de trabajo, al ser una persona vulnerable ante la pandemia ocasionada por el virus Covid-19. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE DETERMINA QUE SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EL FALLO PROTECTOR, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito de la quejosa MARIA PILARCITA TELLO PEREIRA; y en atención a su contenido: Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. Por tanto, con apoyo en el artículo 3, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le deja en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, y esté en aptitud de acudir al Juzgado y recoger los documentos correspondientes, previo acuse de recibo de los mismos. Ahora bien, lo anterior, en el entendido que la parte quejosa deberá generar la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; para lo cual deberán acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. "Artículo 7. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del PJF se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del PJF deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento de estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto". En la inteligencia que deberá comunicar a este Juzgado la fecha y hora en que agendó su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de preparar con la diligencia en este juicio de amparo, dadas las reglas de operación establecidas en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en tanto dura la contingencia por el Virus COVID-19.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguense a estos autos el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria.

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