Maria Paulina Kantun Aban

Expediente 1061/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1061/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Maria Paulina Kantun Aban

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente, del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios por Ministerio de Ley, en ausencia de su Titular, y anexo que adjuntó. Ahora bien, de la lectura realizada al informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada se advierte, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la denegación de justicia, al omitir acordar su escrito de fecha veintinueve de enero del año en curso, el cual fue presentado el treinta del citado mes y año, mediante el cual solicitó se dicte la correspondiente resolución en el juicio laboral de origen 476/2019. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que mediante auto de dieciocho de noviembre del año en curso, dictó un acuerdo en el que se dio contestación a la petición efectuada por la parte quejosa, mediante escrito de fecha veintinueve de enero del año en curso, presentado el treinta del citado mes y año, en autos del expediente laboral 476/2019; en el cual concedió un término a las partes para que presentes ante dicho tribunal, sus correspondientes alegatos, mismo acuerdo que fue notificado el veinte de noviembre de los corrientes. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues por auto de dieciocho de noviembre del año en curso, dictó un acuerdo en el que se dio contestación a la petición efectuada por la parte quejosa mediante escrito de veintinueve de enero del año en curso, presentado el treinta del citado mes y año, en autos del expediente laboral 476/2019; en el cual concedió un término a las partes para que presentes ante dicho tribunal sus correspondientes alegatos, mismo acuerdo que fue notificado el veinte de noviembre de los corrientes. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Toda vez que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, esta determinación deberá notificarse personalmente a la parte quejosa, se deberá realizar con base en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; así como en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen las notificaciones de las personas justiciables.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio remitido por ******, apoderado de la quejosa ********, quien en cumplimiento a la prevención de nueve de noviembre del presente año, manifiesta que el acto que en concreto reclama por esta vía lo constituye la omisión de acordar el escrito de veintinueve de enero de dos mil veinte, presentado ante la responsable el treinta de enero siguiente, en el que le solicita dicte la resolución correspondiente en el expediente de origen 476/2019. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por la citada parte quejosa, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, para enviar los informes requeridos cuentan con la opción de rendirlos vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; y comunicar la remisión del mismo, al teléfono de guardia 9994595880, o bien vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo para ser valoradas, las que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad responsable, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente, de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circ uitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la Agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente 507/2020 del índice de este juzgado, la licenciada Blanca Estela Ortiz Rodríguez Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente blanca.ortiz@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: blanca.ortiz@pgr.gob.mx. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo, en atención a que no se solicitó.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo interpuesta vía electrónica por *****, por conducto de quien se ostenta su apoderado legal, ******, contra actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; por tanto, se acuerda: Fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 1061/2020-V. Ahora, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo téngase a dicho ocursante como apoderado de la quejosa María Paulina Kantún Abán, tal como se acredita con la copia escaneada de la actuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución, levantada por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, donde se reconoce la personalidad con que se ostenta, y de la que, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que proviene del original de la misma. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo señala que cuando se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, se mandará requerir al promovente para que la aclare, señalando con precisión en el auto, las deficiencias, irregularidades u omisiones que deba corregirse. Con base en lo anterior, y de la lectura del escrito de demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de fijar fecha y hora para el dictado del laudo correspondiente, en el juicio laboral 476/2019; así mismo también se desprende, que de la misma manera reclama la omisión de acordar su escrito de veintinueve de enero del año en curso, presentado ante la responsable el treinta de enero siguiente, en el que se solicita se dicte la correspondiente resolución en el juicio laboral 476/2019. En esa virtud, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para determinar cuál es el acto que en concreto reclama por esta vía; es decir, si es la omisión de las autoridades responsables de fijar fecha y hora para el dictado del laudo en el juicio laboral 476/2019, o, en su defecto, lo es la omisión de acordar el escrito de veintinueve de enero del año en curso, presentado ante la responsable el treinta de enero siguiente, en el que se solicita al Tribunal responsable se dicte la correspondiente resolución en el juicio laboral 476/2019. Siendo que lo anterior constituye una irregularidad que impide la admisión de la demanda de que se trata; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, en relación con el diverso numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al citado promovente de amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste: - Cuál es el acto que en concreto reclama; es decir, la omisión de las autoridades responsables de fijar fecha y hora para el dictado del laudo en el juicio laboral 476/2019, o, en su defecto, lo es la omisión de acordar el escrito de veintinueve de enero del año en curso, presentado ante la responsable el treinta de enero siguiente, en el que se solicita al tribunal responsable se dicte la correspondiente resolución en el juicio laboral 476/2019; y, Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento hecho dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales; asimismo, téngase como medio alterno de comunicación del ocursante, el número telefónico 9991779745, así como la dirección de correo electrónico: aguilarhidalgo0@hotmail.com. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, se autoriza a la parte quejosa para hacer uso de dispositivos para la reproducción electrónica de las constancias que integran los presentes autos, al momento de consultarlos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de la adscripción, para que en caso de ser necesario, realice las notificaciones inherentes a este juicio en días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano