Maria Pilar Magallanes Salido

Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
610/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Maria Pilar Magallanes Salido
  • Congreso del Estallo de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós (notificado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, de forma electrónica), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Cuitláhuac Rodríguez López, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas por duplicado del presente juicio; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. De conformidad con los numerales 278 y 279 del código en consulta, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias solicitadas por el promovente y entréguesele previo recibo que se deje en autos. Por otra parte, considerando el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, respecto de los documentos allegados por la responsables, con los que afirma cumple con la sentencia de amparo, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó a la parte quejosa electrónicamente el catorce de febrero de dos mil veintidós, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por María Pilar Magallanes Salido, para efecto de que el Oficial 08 del Registro Civil de Los Mochis, Sinaloa, realizara lo siguiente: ". 1) No se aplique el artículo declarado inconstitucional, a quejosa, en lo presente ni en lo futuro. 2) Como el oficio que constituye el primero acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional, se emitió en respuesta a un derecho de petición que formuló la quejosa ante la autoridad responsable el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, los efectos del amparo son para que la autoridad responsable o la vinculada a ello, deje insubsistente el oficio sin número de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Oficial 08 del Registro Civil de Los Mochis, Sinaloa y 3) En su lugar, emita otro en el que no se le aplique el artículo 34 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, hasta en tanto se abrogada o reformada; esto es, no resulta aplicable la hipótesis allí prevista, relativa al orden de los apellidos que deben registrarse en las actas de nacimiento en el Estado de Sonora. 4) Deberá emitirse una nueva acta de nacimiento a favor de la quejosa, en donde aparezcan sus hombres María Pilar, seguido del primer apellido materno (Salido) y, después, el primer apellido paterno (Magallanes); por supuesto la expedición de esa acta conlleva la anotación marginal que dé cuenta de la modificación señalada. ." El citado fallo constitucional causó estado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, y se requirió de la responsable su cumplimiento. En ese sentido, mediante oficio número 01/22, recibido en este juzgado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Oficial 08 del Registro Civil de Los Mochis, Sinaloa, informó que dejó insubsistente el acto reclamado y, en cumplimiento a la sentencia de amparo, emitió una nueva acta de nacimiento a favor de la aquí quejosa, en donde aparece sus nombres María Pilar, seguido del primer apellido materno (Salido) y, después, el primer apellido paterno (Magallanes), para lo cual remitió copia certificada de la misma. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Oficial 08 del Registro Civil de Los Mochis, Sinaloa, emitiera una nueva acta de nacimiento a favor de la aquí quejosa, en donde apareciera su nombre María Pilar, seguido del primer apellido materno (Salido) y, después, el primer apellido paterno (Magallanes), lo cual ya aconteció. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Técnico de Enlace-Administrativo de la OCC de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa sede en Culiacán, encargado por vacaciones de la titular, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado en oficio 869/2022, manifiesta que el exhorto número de orden 631/2021, numero de origen E-335/2021, le fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el exhorto ya fue devuelto a este juzgado y fue agregado por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta que suscribe el Oficial 08 del Registro Civil, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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