Maria Susana Bojórquez Bojórquez

Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
744/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Susana Bojórquez Bojórquez
  • PRESIDENTE MUNICIPAL DE SINALOA, con domicilio conocido en Palacio Municipal, Colonia Centro, Código Postal 81900, Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio 5677/2021 de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que ha transcurrido el plazo de tres días a que se refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de reclamación contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, donde se tuvo por desechada la presente demanda y devolvió los autos originales del juicio de amparo 744/2021-4A; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía SISE. Pues bien, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra concluido; por tanto, conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado ?foliado, rubricado, entresellado, y el expediente vinculado en el Sistema Integral de Expedientes (SISE)?, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la quejosa María Susana Bojórquez Bojórquez; por tanto, mediante oficio remítanse los presentes autos, el ocurso original de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y el informe sobre la materia del recurso para los efectos ya indicados.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa María Susana Bojórquez Bojórquez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; agréguese a los autos. Bajo ese contexto, conforme a lo dispuesto por los numerales 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la quejosa María Susana Bojórquez Bojórquez, contra del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida. Asimismo, acorde al diverso numeral 101, párrafo primero, de la Ley de la materia, una vez notificado este auto, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON SEDE EN MAZATLÁN, SINALOA, los presentes autos, copia del acuerdo impugnado, original y copia del escrito de expresión de agravios en el cual se interpuso dicho recurso, y el informe sobre la materia de la queja para la substanciación del referido medio de impugnación.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por María Susana Bojórquez Bojórquez, contra actos del Presidente Municipal de Sinaloa, con sede en Sinaloa de Leyva, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 744/2021-4A. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa de Leyva. ACTOS RECLAMADOS 1.- Único.- De las autoridad señalada como responsable tanto Ordenadora como Ejecutora, Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa, se le reclama la falta de respuesta al escrito que le dirigí en fecha 22 de noviembre de 2021, relativo a que me informara si él o la administración municipal que representa han concedido permiso o autorización para permitirle a los CC. Joaquín Francisco Peña Escobar y Carlos Rafael Peña Llanos, cerrar totalmente la calle de terracería "Arroyo Cabrera", mediante poner una malla ciclónica empotrada en muro de concreto y con ello obstruir el tránsito tanto de vehículos como de peatones que acuden a mi negocio de comida Birriería "Puro Sinaloa", ubicada por esa misma calle de terracería, entre las avenidas "Niños Héroes" y Daniel Gámez Enríquez, en esta ciudad de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sinaloa.". En ese sentido, se obtiene que la parte quejosa se duele esencialmente de la omisión de dar contestación al escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, elevado ante dicha autoridad en esa propia fecha; como se corrobora con la copia del acuse de recibo del escrito en comento, que adjuntó dicha parte quejosa a su demanda constitucional. Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de "amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, como se desarrollará, el acto reclamado no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en la fecha de presentación del escrito de petición a la fecha en que se interpuso el juicio de amparo, no ha transcurrido un lapso excesivo a fin de considerar que se ha transgredido el artículo 8 Constitucional. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Del citado dispositivo constitucional trascrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por el impetrante ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta localidad, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno y en ella señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, de dar contestación al escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, presentado ante la citada responsable en esa propia fecha; por lo que es inconcuso, que no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez, que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza (quince de diciembre actual), han transcurrido diecisiete días, sin contar los días veintisiete y veintiocho, ambos de noviembre, cuatro, cinco, once y doce, todos de diciembre, del año en curso, por ser sábados y domingos, por lo que es evidente, que la autoridad responsable no han tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Por tanto, este Juzgado Federal considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que las autoridades responsables analicen la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a las autoridades y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (diecisiete días), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición; además que es del conocimiento público, que en el mes de diciembre por lo general las Instituciones Gubernamentales toman su periodo vacacional. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia 470 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, Apéndice de 1975, visible a foja 767, Quinta Época, de registro 395221, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Igualmente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario. Además, en abundamiento a lo anterior, quien resuelve considera que en el particular, no se vulnera el artículo 8° Constitucional, ya que como se vio, sólo mediaron diecisiete días hábiles, entre la presentación de la petición ante la responsable y la interposición del juicio constitucional; ello en atención que el breve término a que alude el precepto legal en cita, es aquél en que racionalmente puede estudiarse y acordarse una petición; esto es así, dado que en la especie, no se advierte legislación alguna que establezca un término para dar respuesta a la solicitud concreta de la aquí quejosa, consistente en la omisión de la autoridad responsable Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, de dar contestación al escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, presentado ante la citada responsable en esa propia fecha, en el cual solicita se le informe si él o la administración municipal que representa han concedido permiso o autorización para permitirle a los CC. Joaquín Francisco Peña Escobar y Carlos Rafael Peña Llanos, para cerrar el acceso de la calle de terracería "Arroyo Cabrera", con dirección de oriente a poniente, entre la avenida "Niños de Daniel Gámez Enríquez y el Boulevard Niños Héroes, en la ciudad de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sinaloa, al poner un cerco de malla ciclónica con su respectivo muro sostén. Lo anterior, permite concluir que, atendiendo a que en la especie sólo transcurrieron diecisiete días hábiles entre la presentación de la solicitud de la quejosa y la de promoción del amparo que nos ocupa, no se transgredió el artículo 8° Constitucional de que se duele, pues se reitera, el breve término es el que racionalmente se requiera para cada caso concreto, y como se precisó, dada la naturaleza de la petición y que no existe un término específico para dar respuesta a dicha solicitud, se estima que las citadas autoridades no vulneran el breve término que refiere el precepto constitucional, para dar respuesta a la petición elevada por el promovente del amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio contenido en la tesis I.4o.A.68 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, cuyo rubro y texto son como sigue: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que la autoridad responsable analice la solicitud planteada por la parte quejosa, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o determinaciones recaídas y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda formulada por María Susana Bojórquez Bojórquez, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". En diverso orden, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de así indicarlo la parte quejosa en el escrito de cuenta. De igual modo, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico carlosarredondobernal9@gmail.com, como medios para recibir notificaciones no procesales.

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