Maria Merlida Acosta

Expediente 624/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 34 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
624/2018
Año
2018
Actuaciones
34
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Maria Merlida Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos; este juzgado proveerá sí o no se encuentra cumplida la sentencia de amparo. En principio, hay que destacar que por sentencia firme de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a la quejosa María Merlida Acosta, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las siguientes acciones: a). Se deje sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenida en el recibo de pago de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, expedidos por la expedido por la Secretaría de Administración y Cobranzas del Estado de Sinaloa a nombre de la parte quejosa, con número de folio 0000168062, y no aplique en el futuro, a María Merlida Acosta, la porción normativa declarada inconstitucional. b) Por otra parte, tomando en consideración que lo dispuesto en el artículo 50 fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuestos en considerandos precedentes, lo que conlleva que no se afecta el mecanismo impositivo esencial, el efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de los actos de aplicación que también resultaron viciados, es para que la parte quejosa, únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, esto es, sin considerar el monto de la operación para determinar dicha contribución; por tanto, se devuelva la cantidad erogada por la parte quejosa a la cual se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, c) Igualmente, se debe devolver a la parte quejosa la cantidad que cubrió por el concepto de: "10% Pro-Educ", dado que dicho cobro fue determinado como consecuencia directa e inmediata de la aplicación del mencionado numeral 50, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, norma que, como ya se dijo, es contraria al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Ahora bien, a través de su oficio registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 1761, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, remitió el oficio SATES-DJ-DAAP-209/2022 de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, donde se advierte que adjuntó copia certificada del cheque con número 0002077, de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, por la cantidad de: $12,394.00 (Doce mil trescientos noventa y cuatro 00/100 M.N.), a nombre de la C. María Merlida Acosta, mismo que recibió de conformidad, y anexó constancia de ello. Por tanto, es evidente que con lo anterior se colman sin excesos ni defectos los efectos para los que se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así se declara para todos los efectos legales.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA MARIA MERLIDA ACOSTA EL PROEÍDO DICTADO EL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos; este juzgado proveerá sí o no se encuentra cumplida la sentencia de amparo. En principio, hay que destacar que por sentencia firme de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a la quejosa María Merlida Acosta, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las siguientes acciones: a). Se deje sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenida en el recibo de pago de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, expedidos por la expedido por la Secretaría de Administración y Cobranzas del Estado de Sinaloa a nombre de la parte quejosa, con número de folio 0000168062, y no aplique en el futuro, a María Merlida Acosta, la porción normativa declarada inconstitucional. b) Por otra parte, tomando en consideración que lo dispuesto en el artículo 50 fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuestos en considerandos precedentes, lo que conlleva que no se afecta el mecanismo impositivo esencial, el efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de los actos de aplicación que también resultaron viciados, es para que la parte quejosa, únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, esto es, sin considerar el monto de la operación para determinar dicha contribución; por tanto, se devuelva la cantidad erogada por la parte quejosa a la cual se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, c) Igualmente, se debe devolver a la parte quejosa la cantidad que cubrió por el concepto de: "10% Pro-Educ", dado que dicho cobro fue determinado como consecuencia directa e inmediata de la aplicación del mencionado numeral 50, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, norma que, como ya se dijo, es contraria al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Ahora bien, a través de su oficio registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 1761, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, remitió el oficio SATES-DJ-DAAP-209/2022 de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, donde se advierte que adjuntó copia certificada del cheque con número 0002077, de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, por la cantidad de: $12,394.00 (Doce mil trescientos noventa y cuatro 00/100 M.N.), a nombre de la C. María Merlida Acosta, mismo que recibió de conformidad, y anexó constancia de ello. Por tanto, es evidente que con lo anterior se colman sin excesos ni defectos los efectos para los que se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así se declara para todos los efectos legales

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio número SATES-DJ-DAAP-209/2022 que suscribe el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correo electrónico e informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y anexa constancia de ello; en virtud de que el veintitrés de febrero se acordó lo conducente al recibirse dicho comunicado vía correo electrónico. .

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