María Patricia Sánchez Guzmán

Expediente 1551/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1551/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • María Patricia Sánchez Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por María Patricia Sánchez...., por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el expediente relativo con el número 1551/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por cuerda separada y en un sólo cuaderno físico el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda y anexos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se les solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismo actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACION A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el numeral 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "lunajimenezabogados"; en el entendido que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario que señala; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. AUTORIZADOS. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que indica. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las consistentes en: -Original de la resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida en el otorgamiento de pensión CP/35357/2017, a favor de la quejosa María Patricia Sánchez Guzmán. -Original del acuse del formato de aceptación de pensión de veinte de febrero del año en curso. -Original del detalle de periodos cotizados a favor de la quejosa María Patricia Sánchez Guzmán. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Atento a su petición, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, previa copia certificada que deje en autos, devuélvanse los documentos que solicita, debiendo asentar razón de su recibo para legal constancia, en la inteligencia que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que dicha documental únicamente será entregada por conducto de quien esté autorizado expresamente para tal efecto. En la inteligencia que de ser objetadas por las demás partes, si se requieren por este juzgado, queda compelida a exhibirlas en original. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Lo anterior, toda vez que no señala expresamente su oposición para la publicación de datos personales. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Incidental

    "..."...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1551/2023-VII, promovido por María Patricia ..., por derecho propio. INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído. Informe en el que se concretará a expresar si es o no cierto el acto que se le atribuye; asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, para lo cual se le remite copia simple de la demanda y anexos. En la inteligencia que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx; confirmando en el número telefónico 55 53 87 05 00, extensión 1231. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Sin que con el señalamiento de la fecha de la audiencia incidental se incumpla con la temporalidad prevista en el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que se trata de autoridad que radica fuera de la ciudad en la que tiene su residencia oficial este Juzgado de Distrito; por tanto, se da la oportunidad de que sea notificada del presente proveído y desahogue el requerimiento ahí contenido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.), registro 2015318, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, página 879, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." PRUEBAS De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las consistentes en: -Original de la resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida en el otorgamiento de pensión CP/35357/201, a favor de la quejosa María Patricia Sánchez Guzmán. -Original del acuse del formato de aceptación de pensión de veinte de febrero del año en curso. -Original del detalle de periodos cotizados a favor de la quejosa María Patricia Sánchez Guzmán. ACTO RECLAMADO El acto reclamado por la quejosa consiste en: -El retraso injustificado en el pago de la pensión jubilatoria derivado del dictamen de otorgamiento de pensión CP/35357/2017 de catorce de julio de dos mil diecisiete, conforme a la aceptación de veinte de febrero del año en curso. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Primeramente, conviene establecer que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que los requisitos para decretar la suspensión, con excepción de los casos que proceda de oficio, son: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La primera fracción del artículo en cita prevé la acreditación del interés suspensional, es decir, que puede solicitar la suspensión la parte quejosa, entendiéndose por tal, el titular del derecho objetivo que se aduce afectado con el acto de autoridad que tilda de inconstitucional. De esa forma, le recae al peticionario del amparo la carga de probar, aun de manera indiciaria, que el acto reclamado trastoca su esfera de derechos, para así considerar que quien solicita la medida cautelar se trata de la misma persona que aduce la transgresión de sus prerrogativas; ello, con el fin de conceder la medida cautelar. En el presente caso, la quejosa solicita la suspensión provisional, para que se realice el pago de la pensión que le fue otorgada conforme a la aceptación de veinte de febrero del año en curso, por la cantidad de $968.48 (novecientos sesenta y ocho pesos 48/100 moneda nacional), ya que sólo de esa forma puede cubrir de manera libre y digna sus necesidades básicas, ya que refiere contar con una edad avanzada; ello, a efecto de adelantar la protección a su derecho humano a la jubilación, la vida, la salud, derecho a una alimentación sana, la dignidad, la igualdad y el mínimo vital. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción X, constitucional, 128 y 147 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, debe tomarse en cuenta que exista solicitud del quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, sin perjuicio de que esta determinación previa pueda cambiar al momento de dictarse la sentencia definitiva pues, desde luego, esta anticipación en el análisis de las circunstancias y características que rodean al caso, es simplemente un adelanto provisional solo para efectos de la suspensión. Así, en relación con la apariencia de la existencia del derecho, apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho alegado por la parte quejosa. Dicho requisito implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la solicitante de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 16, Novena Época, Materias(s): Común (registro digital 200136), de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, por lo que hace al peligro en la demora, el cual consiste en la posible frustración de los derechos de la defensa de la quejosa, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, la medida cautelar exige, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse del otro preventivo cálculo de probabilidad que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador puede analizar esos elementos si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que implique, no propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales. Así, en estos casos excepcionales el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de las cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que, si se declaran infundados los conceptos de violación en el juicio principal porque la "apariencia del buen derecho" fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse. Es orientadora, la jurisprudencia P./J. 109/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 1849, Novena Época, Materias(s): Constitucional, registro 180237, de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)." Lo anterior, supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios a la promovente y conservar viva la materia del juicio principal, siempre y cuando, con ello no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, pues la actualización de alguno de estos supuestos hace nugatoria la suspensión solicitada. En el caso concreto, de otorgarse la suspensión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, cumpliendo la exigencia contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no existe medio de prueba alguno que lo evidencie, aun de manera indiciaria; aunado a que con la eventual concesión del amparo, se ha de garantizar la subsistencia de la ex trabajadora pensionada el permitir que reciba la pensión que se determinó en el dictamen CP/35357/2017 de catorce de julio de dos mil diecisiete, documental que adjuntó al escrito inicial de demanda y que se tiene a la vista para resolver la presente incidencia. Aunado a que lo anterior, lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda: lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dicho acto, pues para ello se debe partir del supuesto comprobado de que éste es cierto; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que tiene pleno valor probatorio en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que tal manifestación goza de eficacia probatoria. Por tanto, conforme a los artículos 135, 136 y 148 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, PARA EL EFECTO de que la autoridad responsable dentro de sus facultades, de inmediato realice todas las gestiones administrativas necesarias a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto de pensión por jubilación le corresponden con efectos retroactivos al momento del formato de aceptación, esto es, deberá efectuar el pago de la pensión previamente reconocida, al menos, desde el acuse de recibo del formato de aceptación -de veinte de febrero del año en curso -. En la inteligencia que dada la temporalidad que ha transcurrido desde el reconocimiento del derecho pensionario, no será motivo de justificación de la autoridad responsable que en el informe previo que rinda, comunique que hay solicitudes que ameritan prelación con la de la aquí parte quejosa o que no se realiza con motivo del tópico de asignaciones presupuestarias; asimismo, desde este momento se precisa a la autoridad responsable que EN DICHO INFORME TENDRÁ QUE INDICAR DE MANERA EXPRESA: a) si tal pago de pensión se hará de forma periódica y definitiva, y, b) la fecha a partir de la cual se efectuará; de lo que tendrá que adjuntar copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento que haya dado a lo anterior -impresión del comprobante de pago de la pensión que comprenda al menos, desde el acuse de recibo del formato de aceptación, así como la DOCUMENTAL QUE DESGLOSE QUÉ INCLUYE EL PAGO. En el entendido que esta medida definitiva seguirá surtiendo efectos, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que decida sobre la suspensión definitiva. La medida cautelar se condiciona siempre y cuando el acto reclamado, no derive de circunstancias diversas a las señaladas en el escrito de demanda que dio origen a la admisión del presente juicio de amparo; asimismo, si el acto reclamado fuere atribuible por una autoridad distinta a la señalada como responsable, o si aquél resulta ser uno diferente al que aquí se combate. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría el derecho Constitucional de acceso a la seguridad social - artículo 123 apartado A, fracción VIII-; dado que de no efectuarse el pago de la pensión que aduce que previamente fue reconocida, se atentaría en perjuicio del mínimo vital y a la seguridad social del pensionado, al impedirle el disfrute de su haber jubilatorio por la abstención de efectuar los depósitos por tal concepto de pensión, evitando que se garantice la supervivencia en la edad avanzada, de acuerdo con una perspectiva de persona mayor, quienes ameritan una protección estatal especial para identificar y subsanar posibles condiciones de vulnerabilidad. Se invoca al efecto, la jurisprudencia 1a./J. 125/2023 (11a.), registro 2027307, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA A CONTAR CON UN MÍNIMO VITAL. AMERITA UNA PROTECCIÓN ESTATAL ESPECIAL PARA IDENTIFICAR Y SUBSANAR POSIBLES CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. HECHOS: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los mecanismos destinados al retiro constituyen una materialización del derecho a contar con un mínimo vital y del respeto a la dignidad humana que fundamenta nuestro ordenamiento. Ahora bien, en la medida que estos mecanismos de retiro conforman una garantía del mínimo vital destinados a la supervivencia en la edad avanzada, de acuerdo con una perspectiva de persona mayor, ameritan una protección estatal especial para identificar y subsanar posibles condiciones de vulnerabilidad. JUSTIFICACIÓN: El derecho a contar con un mínimo vital durante la edad avanzada se deriva del derecho general a contar con una vida digna contenido en el artículo 1o. constitucional y de los derechos al goce efectivo del derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez previstos en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El derecho a contar con un mínimo vital resulta esencial porque busca salvaguardar los medios básicos para la subsistencia, tiene un impacto en la consecución de otros derechos como a la alimentación, salud y vivienda, y, además, garantiza una igualdad sustantiva entre los individuos, pues sólo aquellos con sus necesidades mínimas satisfechas cuentan con la libertad para desarrollar su plan de vida y para participar en una sociedad democrática." Por tanto, al tratarse de una adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y dado que hasta este momento no se tiene noticia respecto a si cuenta o no con otro ingreso más que el de su pensión por cesantía en edad avanzada, lo procedente es otorgarse la medida cautelar con efectos restitutorios. Orienta lo anterior en lo conducente, la tesis IV.1o.C.7 C (10a.), registro 2017591, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3079, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contenciosoadministrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores." Sin que por el momento haya lugar a fijar garantía para que surta sus efectos legales la presente medida cautelar; toda vez que no se le ha reconocido el carácter de tercero interesado a persona alguna, no obstante ello, en el supuesto de negarse o sobreseerse en el juicio de amparo, la autoridad responsable estará en aptitud de recuperar los pagos que, en su caso, haya dejado de percibir con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, pero otorgando la posibilidad a la autoridad de cobrar los montos que hubiera dejado de percibir si el quejoso no obtiene una sentencia protectora de derechos fundamentales. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable..."

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