María Nelly Pineda Chaparro

Expediente 1456/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1456/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • María Nelly Pineda Chaparro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1456/2022-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado, el diecinueve posterior, María Nelly Pineda Chaparro, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Mediante auto de veinte de diciembre de esa anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público a la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables: la citación y/o orden de aprehensión, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las responsables: 2. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, 3. Fiscal General de Justicia del Estado de México, 4. Fiscal General de la Republica, y 6. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (promociones 290, 19669, 19735 y 19672), ya que al rendir su informe justificado lo negaron, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto hace a las referidas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado únicamente respecto al citatorio. Es cierto el acto reclamado atribuido a: 1. Jocelyn Sánchez Zamudio Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional de Tlalnepantla y 5. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (promociones 502 y 906), pues al rendir su informe justificado lo aceptaron, por cuanto hace a la emisión y ejecución del oficio citatorio eco 1482/22, a fin de que comparezca en calidad de investigada en la carpeta de investigación TLATLA/ATI/013/319648/22/11. Lo que se corrobora con las documentales que remitió la segunda autoridad al rendir su informe con justificación, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias relativas a la citada carpeta de investigación, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia. Quinto. Procedencia del juicio. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, respecto al citatorio, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y, 107, fracción I, Constitucional, preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..." De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo, y que éstos sean afectados a través del acto de autoridad reclamado. En efecto el interés jurídico, es uno de los presupuestos fundamentales y que doctrinariamente se ha identificado, por un lado, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los derechos sobre los cuales se reclama una afectación, y, por otro lado, con el principio de agravio real y actual, que consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante juicio de amparo, CONSTITUYE UN PERJUICIO INMEDIATO a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de encabezado "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no implica la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", situación al referida, que no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella; ilustra lo anterior, la tesis2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Por ende, se concluye que el precitado acto reclamado no afecta de manera actual y directa derechos sustantivos y, por ende, no afecta su esfera jurídica, dado que no le depara perjuicio, ya que no transgrede materialmente algún derecho subjetivo de la quejosa ni le impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo anterior, porque constituye únicamente una comunicación de la fiscal responsable para que la agraviada acuda al desahogo de una entrevista relacionada con un hecho posiblemente ilícito que es investigado, lo cual, como se dijo, no le irroga perjuicio alguno, pues no transgrede un derecho fundamental de los gobernados como sería la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad; estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad, en detrimento de lo previsto en el numeral 21 Constitucional. En efecto, al menos en este momento, no existe afectación alguna contra la parte solicitante del amparo, habida cuenta que la transgresión a sus derechos quedará condicionada, en su caso, a la determinación de la responsable cuando valore el material probatorio en la citada carpeta y actúe conforme a lo que considere procedente conforme a la legislación penal y, que como consecuencia de ello, alguna autoridad judicial libre algún mandato de captura en su contra. De ahí que, la citación en sede ministerial reprochada, debe considerarse como un acto para la integración de la investigación, que de ninguna manera afecta derechos sustantivos del impetrante. Máxime que conforme a las constancias que fueron remitidas por la responsable, no se desprende que se le haya hecho efectiva la medida de apremio consistente en la multa con que fue conminada. Por lo que, se concluye que al contar con los datos atinentes a su contenido, tal citación constituye un acto que no afecta la libertad personal de la quejosa y, por ende, el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente; se invoca al efecto la tesis: II.3o.P.112 P (10ª.), registro 2023849, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, noviembre de 2021, Tom IV, página 3318, Materia Común, Penal, de rubro y texto siguiente: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN SU CONTRA, SI EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE MAYORES DATOS SOBRE SU CONTENIDO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el citatorio que recibió en su domicilio para acudir ante el Ministerio Público a una diligencia relacionada con una carpeta de investigación. El Juez de Distrito, sin tener mayores datos sobre el contenido de dicha citación ministerial, desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por no depararle perjuicio alguno; resolución contra la cual se interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente desechar de plano la demanda de amparo indirecto promovida contra el citatorio para acudir ante el Ministerio Público a una diligencia relacionada con una carpeta de investigación, si el Juez de Distrito carece de mayores datos sobre su contenido. Justificación: Lo anterior, porque con los datos obtenidos de la demanda y dada la etapa procesal en que se encuentra el juicio constitucional, no puede determinarse con certeza si el citatorio reclamado le depara perjuicio al quejoso, pues si bien, por regla general, dicho documento no tiene ese alcance, por limitarse a requerir su comparecencia para declarar en relación con hechos posiblemente constitutivos de delito, lo cierto es que puede contener algún otro acto que pudiera trastocar su esfera de derechos, como por ejemplo, alguna medida coercitiva que tenga por objeto lograr su cumplimiento, como el apercibimiento de imponer alguna medida de apremio, lo cual, desde luego, afectaría sus derechos; de ahí que la causa de improcedencia invocada por el Juez recurrido no sea notoria y manifiesta, al ser necesaria la certeza de si el acto reclamado contiene algún otro pronunciamiento en este sentido". Máxime que se debe tener en cuenta que el Alto Tribunal del País se ha pronunciado, incluso, en torno a que resulta improcedente el amparo promovido para la hipótesis de una cita para audiencia inicial, pues ésta tampoco irroga perjuicio, conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 141/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Criterio en el que se estableció que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, constituye un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; motivo por el cual, se considera que el acto reclamado en el presente juicio deviene improcedente. Argumentos los anteriores, contenidos en la jurisprudencia que derivó de dicha contradicción, tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.), registro 2018828, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Página: 239, Décima Época, de rubro siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del 63, fracción IV, de dicho ordenamiento legal; sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución, por seguir la suerte del acto destacado que tilda de inconstitucional la parte quejosa al no impugnarse por vicios propios. Atento a lo anterior, no procede analizar los conceptos de violación, en términos del criterio sostenido en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el 5. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado; lo anterior, toda vez que mediante auto de veintitrés de enero del año en curso, se recibió misiva de similar contenido (promoción 906), y se acordó al respecto. Sin soslayar que adjunta diversos oficios de dos y seis de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que en el citado acuerdo se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por el 5. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe y como domicilio el que refiere. Con relación al correo electrónico y teléfono que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas: la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Ahora bien, respecto al oficio DSPYTM/SJ/I/5493/2022 de dos de diciembre de dos mil veintidós, no obstante que no lo adjuntó, se pone a la vista de las partes, dado que tal constancia fue remitida como anexo al informe previo de ******************** Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional de Tlalnepantla (registrado 506); que obra en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese.

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