Maria Nayelhi Chávez Hernández

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Nayelhi Chávez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, así como Presidenta de dicha sala; han sido omisas en rendir su informe justificado a pesar de encontrase debidamente notificadas para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se les requiere para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciban el oficio con que se les notifique el presente proveído, remitan a este órgano federal copias certificadas de todas y cada una de las constancias relacionadas con el acto que se les atribuye, o en su caso, manifiesten el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que, de no acatar lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos, esto es, se impondrá a la titular de dicha Sala multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, como lo disponen los preceptos 260, fracción II y 238 de la ley citada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dos de enero de dos mil veinticuatro, para su verificativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense las promociones signadas por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México (DIF), en su calidad de tercero interesada, por medio de las cuales ofrece como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y diversas documentales. Así, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer nueva relación de estas en la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que hace a las documentales, dado que exhibe los acuses de recibo con las que las solicitó, una vez que obren en autos se acordará lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, el estado de autos y, dada la declaración de días inhábiles por fuerza mayor del diecisiete al veintisiete de este mes y anualidad, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, atento al principio de expedites de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, se deja sin efectos y se difiere la audiencia constitucional que se encontraba prevista para el veintitrés de octubre de este año; por tanto, en su lugar se señalan las diez horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción signada por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México (DIF), por medio de la cual se apersona al presente juicio de amparo, refiriendo tener la calidad de parte tercero interesada y no de autoridad responsable, tal como fue señalada por la parte quejosa. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 422/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, pueden tener el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado lo sea la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio en el que figuraron como demandadas; estudio que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 85/2011. Sin embargo, dicha jurisprudencia tuvo como base la excepción al principio de igualdad procesal que establece el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente en que contra las dependencias de la administración pública federal o estatal, no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación, esto es, no son sujetos de ejecución forzosa, pues se presume que el cumplimiento será voluntario; en tal virtud, si la autoridad no cumple, ante la imposibilidad de ejecutar en vía de apremio, dicha omisión sí constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso particular, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su Capítulo Xl, prevé la forma en que habrá de procederse en caso de incumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal o cualquiera de las Salas, esto es, prevé un procedimiento de ejecución forzosa, al facultar al tribunal burocrático estatal para que dicte auto de requerimiento de pago y embargo y, de ser necesario, aplique las medidas de apremio para el cumplimiento del laudo respectivo. Lo anterior, pone de manifiesto que en dicha normativa no apera la excepción a que se refiere el numeral 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sí se establece un procedimiento de ejecución en contra de la autoridad que haya sido condenada a través de un laudo y que no cumpla con éste, por lo cual, resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, y por ende, la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En tal virtud, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México (DIF), no actúa con el carácter de autoridad responsable, sino que se asemeja a un particular (patrón) en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir obligatoriamente, a través de esa vía ordinaria estipulada por la propia ley, razón por la cual, en el presente caso no se le puede considerar con el carácter de autoridad responsable. Ilustra lo anterior, la tesis XIV.T.A.4 L (10a.), visible en la página 2460 Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. CUANDO SE LES ATRIBUYE QUE OMITIERON CUMPLIR UN LAUDO CONDENATORIO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIERON EN SU CALIDAD DE PATRONES, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/2011). La referida jurisprudencia de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal, prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, al señalar que contra éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, porque coloca al ente estatal en un plano de desigualdad frente al particular, en el caso de no cumplir voluntariamente con las sentencias condenatorias que en su contra se dicten, pues en atención a su calidad de órgano del Estado, se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. Sin embargo, dicho criterio no puede ser aplicado para impugnar la omisión de los Municipios del Estado de Yucatán para cumplir con los laudos a que fueron condenados, dictados en juicios laborales en los que comparecieron en su calidad de patrones, debido a que los artículos 160, 160 bis, 161 y 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de esa entidad, prevén el procedimiento de ejecución forzosa, al facultar al tribunal burocrático estatal para que dicte auto de ejecución y, de ser necesario, aplique medios de apremio para el cumplimiento del laudo respectivo; lo que pone de manifiesto que en el referido procedimiento de ejecución, el Ayuntamiento no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón) en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir obligatoriamente, a través de esa vía ordinaria instituida en la ley, razón por la cual no puede asignársele el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." No se soslaya el contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000211, Décima Época, de rubro "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD.", sin embargo, a más de que ésta se refiere a un procedimiento de diversa naturaleza a la que es materia de este asunto (juicio de nulidad), lo cierto es que de la ejecutoria que le da origen, se advierte que ésta se encuentra sustentada en que en el juicio administrativo no se transforma la relación de supra a subordinación en una relación de coordinación, pues la relación jurídica existente entre las partes sigue siendo la de una autoridad y un gobernado, y el hecho de que sean demandada y actor no genera que la relación de supra a subordinación se transforme en una relación de coordinación. Circunstancia que en el caso no se actualiza, pues la dependencia demandada sí se encuentra en un plano de coordinación con la parte quejosa, dado que actúa con el carácter de patrón en el juicio laboral de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento a fin de dejar de tener como autoridad responsable al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México (DIF), y se ordena tenerlo como tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción lll, inciso b), de la Ley de Amparo. Por lo cual, comisiónese al Oficial Judicial "A", adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que proceda a realizar el cambio especifico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atento a ello, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio constitucional a la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México (DIF). Asimismo, las notificaciones que se le ordenen realizar, se practicarán mediante oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales en caso de que este juzgado lo estime necesario. Se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte, las cuales podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver; sin perjuicio de hacer nueva relación de ello en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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