María Monica Portela Salgado
Expediente 139/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- María Monica Portela Salgado
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la intervención ministerial de cuenta, enviada por el representante social de la Federación adscrito, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. En cuanto a la copia que solicita, una vez que este juzgado pronuncie la resolución correspondiente, expídase la misma con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que en él se contiene. Asimismo, glósense a los autos sin mayor proveído los oficios signados por el Comité Técnico y Jefa de la Unidad Departamental de Seguridad, ambos del citado centro de reclusión, en virtud no se les requirió informe en cumplimiento a dicha suspensión. Por otra parte, agréguense a los autos los restantes oficios de cuenta; en atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados que ellos se contienen. Con lo anterior dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que mencionan las autoridades responsables. Luego, de conformidad con los numerales 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena la supresión de los datos personales relacionados con las autoridades responsables en la publicación de la sentencia que se pronuncie en este juicio. En otro orden, ténganse como denominaciones correctas de las autoridades responsables como signan su informe. Ahora, del estado de autos se advierte que está señalado el diez de abril de dos mil diecinueve, a las diez horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; asimismo, se observa que ya constan los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia señalada para la fecha aludida y se fija como nueva data para celebrarse, el veinte de marzo del año en curso, a las diez horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES". Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que entre la fecha de notificación de este acuerdo (en que se ponen a la vista los informes justificados) y aquella fijada para la celebración de la audiencia constitucional, media el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 117 de la ley reglamentaria, que posibilita la imposición de dichos comunicados.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por María Monica Portela Salgado, contra actos de la Directora del Centro Femenil de Readaptación Social "Santa Martha Acatitla" de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 139/2019. Ahora, dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama, entre otros actos, la incomunicación, es improcedente decretar la suspensión de plano y de oficio respecto del mismo, puesto que la peticionaria de amparo promovió el presente juicio por propio derecho, lo que implica que se comunicó con alguien que le proporcionó dicho escrito y posteriormente se lo regresó firmado a la persona que lo presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, como se corrobora con el sello respectivo, lo que hace evidente que no está incomunicada. Por otro lado, la promovente de amparo también reclama, entre otros actos, el traslado del centro penitenciario en que se encuentra a otro, asimismo, afirma que es objeto de vejaciones, amenazas de muerte y tratos inhumanos, por lo que en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para que la quejosa no sea trasladada del centro penitenciario en que se encuentra, asimismo, cese cualquier acto de violencia (física y/o psicológica) que atente contra la integridad de la quejosa, por lo que deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en la institución en que se encuentra interna y a disposición de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" de esta ciudad en cuanto a su integridad personal. En relación con el traslado referido, la suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Requiérase a la citada directora por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite dicha demanda. II. Se señala el diez de abril de dos mil diecinueve, a las diez horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: 1. La orden de traslado del centro penitenciario en que se encuentra la quejosa, así como su ejecución. 2. La omisión de notificarle la resolución por la que se ordenó dicho traslado; y 3. La incomunicación, vejaciones, amenazas de muerte y tratos inhumanos de que según es objeto la amparista. No se soslaya que en el capítulo relativo precisó "...la falta de una debida motivación y fundamentación en el actuar de las autoridades responsables, sin que exista razonamiento lógico jurídico, violentando así mis Derechos Humanos y Garantías dejándome en estado de indefensión e inseguridad legal, dicho acto atenta contra la suscrita ocasionándole molestias a la misma"; sin embargo, tales manifestaciones no pueden considerarse como un acto reclamado, pues constituyen aspectos de legalidad que sólo podrían analizarse en sentencia. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. No se tramita incidente de suspensión, al haberse decretado la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos que este juzgado estimó procedentes, aunado a que la quejosa no lo solicitó expresamente por lo que respecta a la omisión reclamada. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. De conformidad con el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria, notifíquese este proveído y los subsecuentes a la quejosa, en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" de esta ciudad, en virtud que señaló dicho centro de reclusión como domicilio para oír y recibir notificaciones, aunado a que no autorizó a persona alguna para tal efecto, en el entendido que con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de dichas notificaciones. En términos de los artículos 113, fracción I, y 117, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación de nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente a dicha publicación, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales -información confidencial-; en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que pudieran contener, como lo dispone el diverso numeral 118 de la legislación que se invoca -versión pública-, a no ser que se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere aquel precepto citado en segundo término. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
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