María Natyeli León Andraca

Expediente 269/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
269/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • María Natyeli León Andraca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que sobresee fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho auto. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por el Agente del Ministerio Público responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, pues será suficiente la constancia de notificación en la que se establezca lo anterior.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que acompaña a su informe de ley, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza. Dado el excesivo volumen de las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, fórmense por separado tres anexos, respetando sus rúbricas, sello y folio. Ahora, del análisis de la demanda se observa que la quejosa señaló como actos reclamados entre otros la orden de citación, así como su ejecución. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". (.)". De dicho precepto, se concluye que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte de la amparista. Ahora bien, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que la quejosa de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Al respecto, se destaca lo conducente de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 289 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, de rubro: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO", en que se interpretó el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo abrogada, pues se expuso lo siguiente: "De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta". En ese contexto, precisadas las circunstancias que actualizan la causal de improcedencia invocada, así como las razones de su previsión, lo procedente es analizar las condiciones necesarias para que el acto reclamado tenga la calidad de consentido, de acuerdo con lo expuesto por el Pleno del Máximo Tribunal del país en el criterio aislado publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, primera parte, titulada: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". De tal manera, para que un acto se considere consentido, es necesario que se acrediten los requisitos que enseguida se precisan: a) Existencia del acto o ley reclamados; b) Causación de un agravio en la esfera jurídica del gobernado; y c) Que el quejoso se haya conformado expresamente con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Así, es evidente que en el caso se actualizan los requisitos precitados, pues de la documental remitida por el agente del Ministerio Público responsable, se advierte que se giró el citatorio reclamado a la amparista a efecto de que acudiera ante dicha autoridad el dieciséis de marzo pasado en relación con la averiguación previa PGR/DF/SZS-II/3851PP/2016, se enterara de la imputación realizada en su contra y en su caso, declarara en relación con la misma, quien el diecinueve de abril del año en curso acudió voluntariamente acompañada de defensor particular. De tal modo que se evidencia que el acto impugnado de que se trata -citatorio- ha alcanzado plenamente el objeto para el que fue emitido, pues como se dijo, al apersonarse la justiciable ante la autoridad ministerial responsable es indudable que realizó manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento de dicho acto, sobre todo porque la finalidad que se perseguía era que compareciera, lo que finalmente aconteció, y pone de manifiesto la improcedencia del análisis de dicho acto. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, ya que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, titulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No se soslaya que la quejosa también reclamó la orden de aprehensión, presentación o citación, girada en su contra, así como su ejecución, sin embargo, de la razón actuarial de seis del mes en curso se advierte que la autoridad que indicó como "Director General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México", no existe con tal denominación, en tanto que de los informes rendidos por el Procurador, Subdelegado y Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Averiguaciones Previas del Sistema Tradicional, los dos últimos Zona Sur de la Delegación en el Distrito Federal de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, todos de la Procuraduría General de la República, se advierte que tales actos no existen -con excepción del citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciocho reclamado del agente responsable-, por lo que procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, respecto de dichos actos. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintidós de mayo de dos mil dieciocho a las diez horas.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 269/2018, promovido por María Natyeli León Andraca; y R E S U L T A N D O : I. Mediante escrito recibido en este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Procurador General de la República y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión, presentación o citación, así como su ejecución, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitó el respectivo informe previo a las responsables, y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad señalada por la parte quejosa en el escrito de demanda como "Director General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México", no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de seis del mes en curso, por tanto, menos aún puede existir el acto de ella reclamado. Ahora bien, el Procurador, Subdelegado y Agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio de la Mesa II de la Fiscalía de Averiguaciones Previas del Sistema Tradicional, los dos últimos Zona Sur de la Delegación en el Distrito Federal de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, todos de la Procuraduría General de la República -con excepción del citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciocho reclamado del agente responsable, que será materia de estudio del siguiente considerando-, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que exista prueba en contrario. En tales condiciones, debido a la inexistencia de la citada autoridad y de los actos reclamados de las restantes, se niega la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia para decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 237 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado del Agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio de la Mesa II de la Fiscalía de Averiguaciones Previas del Sistema Tradicional Zona Sur de la Delegación en el Distrito Federal de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, consistente en el citatorio de ocho de marzo pasado, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; por tanto, acorde con los numerales 125 y 128 de la ley de la materia, se concede a María Natyeli León Andraca la suspensión definitiva para el efecto de que el apercibimiento contenido en dicho citatorio, no se haga efectivo, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable el auto en que cause ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo del cual deriva esta incidencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María Natyeli León Andraca, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en el considerando primero de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por María Natyeli León Andraca, contra el acto reclamado de la autoridad indicada en el considerando segundo de esta resolución, por las razones ahí precisadas.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano