Maria Marina González Alonso

Expediente 1084/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1084/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Maria Marina González Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Cúmplase

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la derminación de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Maria Marina González Alonso, contra actos del Juez Primero Penal de Guadalajara y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1084/2017. Ahora, este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, considera que los actos reclamados se hacen consistir en: - La orden de aprehensión y/o comparecencia, así como su ejecución. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifiesta lo siguiente: "tengo temor fundado de que exista una inminente orden de aprehensión y/o comparecencia girada en mi contra". Precisado lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, se destaca que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o, por el contrario, para que desaparezca, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Precisado lo anterior, en el caso, es inconcuso que el acto reclamado, no afecta el interés jurídico de la peticionaria de amparo, al no existir agravio alguno, pues la quejosa refirió tener temor fundado de que exista una inminente orden de aprehensión y/o comparecencia girada en su contra. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo el agravio que el acto reclamado cause a la quejosa debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de la posible orden de aprehensión o comparecencia, así como su ejecución, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista, pues no existen mayores datos que lleven a considerar que existe dicha orden, por ende, no le causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Ahora bien, en cuanto a la petición de la promovente en el sentido de que se autorice tomar fotografías, dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. Asimismo, permítase la consulta vía electrónica del expediente, ya que se proporciona usuario autenticado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, así como autorizadas en los términos que precisa a las personas que señala. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

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