Maria Luisa Rincon Cantero

Expediente 1535/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1535/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • Cesareo Librado Monroy de la Rosa
  • Maria Luisa Rincon Cantero
  • Rodrigo Doroteo Monrroy de la Rosa (Apoderado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por Rodrigo Doroteo Monroy de la Rosa, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de Césareo Librado Monroy de la Rosa y María Luisa Rincón Cantero y, visto su contenido, se provee: Toda vez que en el presente caso no existe alguna necesidad legal para que obren en autos los documentos que indica, ya que en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete causó estado la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis que sobreseyó en el presente juicio constitucional; y, por ende, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido; en consecuencia, como lo solicita el promovente, devuélvansele los documentos que refiere en su ocurso de cuenta, autorizando para tal efecto a las personas que menciona. En ese sentido, hágaseles saber que deberán comparecer a este juzgado Federal con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), y que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto de los actos que Cesáreo Librado Monroy de la Rosa y María Luisa Rincón Cantero, por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas Rodrigo Doroteo Monrroy de la Rosa, reclamaron del 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros, del sistema Tradicional, y 2. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del estado, precisados en los incisos a), b) y c) del considerando segundo de esta resolución, en virtud de lo expuesto en el considerando quinto, apartados I y II de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del apartado IV del considerando cuarto de la misma.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros, del Sistema Tradicional, a través del cual informa que mediante oficio de tres de diciembre de dos mil dieciséis, el Titular de la Unidad Norte del Sistema Tradicional le remitió el original y duplicado de la averiguación previa ********************, para que continúe con la integración de dichas indagatoria; lo que acredita con la copia certificada que acompaña. Consecuentemente, tomando en consideración que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la resolución de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en la que, la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros, del Sistema Tradicional, se reservó acordar lo procedente respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en virtud de que la indagatoria ******************** (materia del acto reclamado) se encontraba en el área de consignaciones de la Fiscalía General del Estado. En tanto, requiérase a la autoridad responsable precisada para que en el plazo de tres días computado legalmente, informe lo proveído respecto a la solicitud realizada por la parte quejosa en el escrito que le presentó el veintinueve de julio de dos mil dieciséis (según se advierte del acuse de recibo que la parte quejosa ofreció como prueba al momento de presentar su demanda de garantías [fojas 31 y 32]). Cobra aplicación la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 259 de la Ley de Amparo.

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