María Mendoza Mendoza

Expediente 970/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
970/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • María Mendoza Mendoza
  • Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 9314/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número II-970/2017, promovido por MARÍA MENDOZA MENDOZA, contra actos del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, asimismo, adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del incidente de inejecución de sentencia 5/2018, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve. "...ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia.". Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del juicio en que se actúa y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración al ubicarse en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado, por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vistos los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa MARÍA MENDOZA MENDOZA, por conducto de su autorizado, hizo manifestaciones en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 136 a 146), por una parte, se sobreseyó el presente asunto y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA MENDOZA MENDOZA. 2) Dicha determinación fue recurrida en revisión por el autorizado de la referida quejosa, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien en sesión de siete de junio de dos mil dieciocho, revocó la sentencia recurrida, para ahora resolver: "...PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Mendoza Mendoza, con el acto atribuido a la Junta Directiva der la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, señalado en el resultando primero de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Mendoza Mendoza contra el oficio 623/2017, de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria..." (fojas 210 a 227). Ahora bien, en la aludida ejecutoria se otorgó a la impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el oficio 623/2017, de cinco de octubre de dos mil diecisiete. 2. En su lugar, dicte otro en el que, en términos de esta ejecutoria, resuelva de forma favorable la petición de incremento de pensión de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, formulada por María Mendoza Mendoza y se la notifique en el breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional". Los lineamientos fijados por el Tribunal de Alzada son: ".Ahora bien, de todo lo expuesto se sigue que fue incorrecto lo resuelto por el juez de distrito. Lo antedicho obedece a que debió tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en cuanto establece la imposibilidad de devolver descuentos a los jubilados que hayan contribuido al fondo, lo que implica que dichos recursos tendrán que aplicarse necesariamente a las pensiones respectivas. En ese orden de ideas, contrariamente a lo resuelto en la sentencia recurrida, no resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 70 de la legislación en cita, ya que el supuesto que regula se refiere a personas que no han adquirido el estado de pensionados o jubilados, lo que sí ocurre en el caso del aludido numeral 63. Los artículos referidos señalan lo siguiente: [.] [.] Más aún, cabe precisar que la relación de la quejosa con el ente pensionario nunca se disolvió, puesto que sólo se suspendió, lo que implica que no dejó de tener el carácter de pensionada; de ahí que no le era aplicable el artículo 70 mencionado. Además, si se consideraba que no existía disposición alguna que sustentara la petición de la quejosa, ésta debió resolverse de forma favorable a sus intereses y no contrariamente a estos, en atención al principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal, máxime que la autoridad responsable no fundó su negativa en precepto legal alguno que sustentara su determinación. En ese sentido, debió tenerse en cuenta que el artículo 65 de la Ley de Pensiones no era contrario a la petición de la quejosa, dado que sólo establecía que era incompatible el estado de pensionado con el desempeño de un cargo, empleo o comisión remunerado por las entidades sujetas al régimen de la legislación, aunado a que, al terminar dicha incompatibilidad, podría seguir pagándose la pensión relativa, todo lo cual no implicaba que ésta debiera seguir erogándose necesariamente en Ios términos en que se hacía. El artículo 65 del citado ordenamiento señala: [.] En ese sentido, al no existir disposición alguna que rigiera la situación propuesta por la solicitante y por lo tanto, que contradijera su petición, ésta debió atenderse de la manera en que mayormente se le beneficiara, máxime que la autoridad pensionaria responsable no señaló impedimento fundado en el referido ordenamiento, sino sólo la .Imposibilidad de incrementar una pensión ya otorgada. Incluso, si se consideraba que el impedimento para resolver favorablemente a lo pedido era de tipo financiero, éste debió expresarse de manera fundada y motivada en el oficio de contestación" lo cual no ocurrió, al sólo haberse indicado como obstáculo el hecho de que existía una pensión previamente otorgada a favor de la solicitante. De ese modo, la actuación de la autoridad responsable, calificada de correcta en la sentencia recurrida, resulta contraria a lo previsto en el artículo 25 de la Constitución General de la República, toda vez que niega a la quejosa el derecho de beneficiarse de una justa distribución del ingreso, por el solo hecho de ya habérsele otorgado una pensión de forma previa, lo que tampoco tiene sustento constitucional, legal o circunstancial alguno. En efecto, no se justifica el hecho de negar el aludido incremento a la pensión, por el solo hecho de haberse otorgado ésta previamente, habida cuenta que no existe disposición alguna que así lo señale. Aunado a lo anterior" la circunstancia de dejar de cotizar para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y luego reincorporarse no afecta legal o fácticamente al esquema financiero de la institución, pues dicha situación se encuentra implícitamente prevista en el ya citado artículo 63 de la legislación en la materia. Prueba de lo anterior es que los trabajadores en activo pueden cotizar, dejar de hacerlo y reincorporarse en el momento en que lo deseen, sin que tal circunstancia afecte a la forma en que obtendrán la pensión relativa. Muestra de lo afirmado es lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley de pensiones, cuyo texto se muestra a continuación: [.] [.] Además, no existe dispositivo legal alguno que prohíba la situación mencionada. Más aún, cabe señalar que la tendencia actual, en relación con el artículo 25 constitucional y el principio pro persona, es que los sistemas de seguridad social proporcionan todos los elementos necesarios para que las pensiones beneficien cada vez en mayor medida a los jubilados. De ese modo, las pensiones serán mayores en la medida en que más se contribuya, como lo muestran las exposiciones de motivos de las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, resultaba idóneo analizar, aunque sólo de manera analógica, los artículos 196 de la Ley del Seguro Social y 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues aun cuando no regían la situación propuesta, permitían dar claridad sobre la forma en que debía resolverse. Dichos preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 79. Los Pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, que reingresen al régimen obligatorio abrirán una nueva cuenta individual,. en el PENSIONISSSTE o en la Administradora que elijan. Una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el Trabajador transferir a la Aseguradora, al PENSIONISSSTE, o a la Administradora que le estuviera pagando su pensión, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o retiros programados que se le esté cubriendo. " "Artículo 196. El asegurado que goce de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley, ni las de los seguros de invalidez y vida. El asegurado abrirá una nueva cuenta individual, en la Administradora de Fondos para el Retiro que elija de acuerdo con las normas generales establecidas en esta Ley. Una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el asegurado transferir a la Aseguradora que le estuviera pagando la renta vitalicia, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o retiros programados que esta última le esté cubriendo." En efecto, aunque los artículos en cita no permitían resolver de forma idéntica la situación de la agraviada, al referirse a sistemas de cuentas individuales, contrarios al de fondo común de la ley de pensiones estatal, daban claridad sobre el hecho de que las cotizaciones realizadas podían ser acumuladas a una pensión ya otorgada y, con eso, mejorar la situación de la persona jubilada. [.] Se hace énfasis en que las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la del Seguro Social no son aplicables al caso, ni aun de forma supletoria, ya que prevén sistemas de cuentas individuales contrarios al de fondo común de la le.1 de pensiones estatal; sin embargo, se citan para evidenciar la tendencia en los sistemas de seguridad social de reconocer el derecho de los gobernados a obtener una mejor pensión en la medida en que sus aportaciones sean mayores, lo que les permitirá materializar una vejez digna y decorosa" (fojas 222 vuelta a 226). 3) En proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho este Juzgado tuvo por recibida la referida ejecutoria y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 228 y 229). 4) La autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la referida ejecutoria, realizó lo siguiente: I. En oficio sin número, presentado el dos de agosto del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado (fojas 250 a 252), por conducto de su Delegado, adjuntó copias certificadas de la convocatoria 10/2018 de diez de julio de la citada anualidad, emitida para la celebración de la sesión ordinaria a llevarse a cabo el treinta y uno siguiente y que dentro del punto ocho del citado orden del día, se incluyó la tarjeta informativa SUB-JUR/41/2018, sesión de la que se desprende que se aprobó la pensión por vejez de María Mendoza Mendoza, en los términos dictados en la ejecutoria emitida en el presente juicio. II. Mediante oficio sin número, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el siete de agosto del año curso (fojas 255 a 257), adjuntó copia del oficio 526/2018, de esa propia fecha, signado por el Encargado del Despacho en suplencia del Director General de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, dirigido a la quejosa María Mendoza Mendoza, notificado en la propia data, pues al efecto obra la firma que así lo acredita, en el que le hace de su conocimiento que a partir de la primera quincena del mes citado, se le pagaría la primera ministración quincenal de manera actualizada por concepto de pensión por vejez. III. Asimismo, en oficio sin número signado por el Delegado de la autoridad responsable Director General de Prensiones Civiles del Estado de Michoacán, presentado ante este órgano jurisdiccional el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 266 a 268), anexó la constancia de ingresos de quince de agosto del presente año, firmado por Ma. Lourdes Sandoval Villegas, Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la citada Dirección, a través de la cual acredita que la quejosa percibe la cantidad de $11,284.00 (once mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) mensuales, en cuanto pensionada descentralizada; asimismo, adjuntó la impresión del reporte de percepciones de jubilados y pensionados a nombre de la peticionaría, del periodo que comprende del uno al quince de agosto del año en curso, del que se desprende que le fue depositada la cantidad $5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de la pensión concedida. 5) Atento a lo anterior, por acuerdo del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal determinó que, con las anteriores constancias, no se demostraba que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, estuviera cumplida en su totalidad, pues si bien era verdad, que la responsable ordenó dejar insubsistente el oficio 623/2017, de cinco de octubre de dos mil diecisiete, no menos lo era también, que se le había exhortado a dictar otro en el que, en términos de dicha ejecutoria, resolviera de forma favorable la petición de incremento de pensión, presentada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, por la aludida quejosa, es decir, la mencionada responsable, sin libertad de jurisdicción, estaba constreñida a dar respuesta favorablemente a lo solicitado por la impetrante de que se trata, para lo cual, la actualización de la pensión de esta última, debería realizarse desde el uno de junio de dos mil diecisiete, pues en esa data dicha quejosa había presentado su solicitud de pensión por edad (foja 22). Así, en el aludido acuerdo se ordenó requerir nuevamente a la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, cumpliera totalmente con la mencionada ejecutoria de amparo (fojas 279 a 282). 6) La autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al aludido requerimiento, realizó lo siguiente: I. En oficio sin número, presentado el veintiuno de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado (fojas 294 a 299), por conducto de su Delegado, informó los trámites realizados para cumplir con la ejecutoria de amparo, para lo cual adjuntó el memorándum 464/2018, de esa propia data, signado por la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de esa Dirección, en el que se señaló que las diferencias correspondientes a la pensión por vejez de la ahora quejosa, ascendían a la suma de $88,602.66 (ochenta y ocho mil seiscientos dos pesos 66/100 M.N.), la cual sería depositada a la cuenta de aquélla. 7) En acuerdo del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgado tuvo a la parte quejosa promoviendo inejecución de sentencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó remitir el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos apuntados en el numeral 193 del ordenamiento jurídico en consulta y, además, se requirió nuevamente a la responsable paras que acatara la ejecutoria de que se trata, en el término de veinticuatro horas (fojas 306 a 310). 8) Después, a través del oficio sin número, presentado el veintiocho de septiembre de este año, en la Oficialía de Partes de este juzgado, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Delegado, informó que, de conformidad con el "Reporte Percepciones Jubilados y Pensionados", correspondiente al periodo comprendido del dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, al treinta del mismo mes y año, el cual acompañó a su mencionado oficio, se actualizó la pensión por vejez de la aquí quejosa María Mendoza Mendoza, por la cantidad de $5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), así como también se demostraba el pago de la suma de $88,602.66 (ochenta y ocho mil seiscientos dos pesos 66/100 M.N.), por concepto de pago retroactivo al uno de junio de dos mil diecisiete y hasta la segunda quincena de julio de dos mil dieciocho, la cual se depositó en la cuenta proporcionada por la impetrante (fojas 426 y 427). 9) Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado, la quejosa María Mendoza Mendoza, por conducto de su autorizado, expresó su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto, pues señaló que aquélla hizo una cuantificación errónea de su pensión por vejez, dado que del periodo de junio a diciembre de dos mil diecisiete, el pago de la misma debe realizarse a razón de $5,642.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) quincenales, esto es, $11,284.00 (once mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N) mensuales, y por lo que corresponde de enero de dos mil dieciocho a la fecha, dicha pensión debe cuantificarse a razón de $5,862.03 (cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 03/100 M.N) quincenales, es decir, $11,724.07 (once mil setecientos veinticuatro pesos 07/100 M.N) mensuales, de conformidad con lo señalado en su ocurso; asimismo, indicó que la responsable no le hizo la devolución de la cantidad de $26,502.23 (veintiséis mil quinientos dos pesos 23/100 M.N), que indebidamente se le exigió para hacerle efectivo el derecho a la pensión por vejez (fojas 449 a 452). 10) Atento a lo anterior, en proveído del cinco de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado requirió nuevamente a la responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que, de inmediato, remitiera las constancias que acreditaran el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto (foja 453). 11) En cumplimiento a dicho requerimiento, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Delegado, a través del oficio sin número, recibido el quince de octubre de este año, por la Oficialía de Partes de este juzgado, informó que se corrigió el sueldo quincenal de la quejosa, por concepto de pensión por vejez, por la suma de $5,862.04 (cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 04/100 M.N), así como que se otorgó la cantidad de $3,960.72 (tres mil novecientos sesenta pesos 72/100 M.N) por concepto de complemento del pago retroactivo, correspondiente a la primera quincena del mes de enero a la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil dieciocho, la cual se depositaría el doce de octubre de esta anualidad, en la cuenta proporcionada por la impetrante. Asimismo, informó que, para el efecto del reembolso de la cantidad de $26,502.23 (veintiséis mil quinientos dos pesos 23/100 M.N), era necesario que la impetrante María Mendoza Mendoza, se presentara en las oficinas para realizar los trámites correspondientes a dicho pago (fojas 459 a 467). 12) Después, a través del diverso oficio sin número, presentado el quince de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Delegado, informó que realizó a la quejosa María Mendoza Mendoza, el pago retroactivo de la cantidad de $3,960.50 (tres mil novecientos sesenta pesos 50/100 M.N), así como que se incrementó la pensión por vejez de aquélla, por la suma de $11,724.08 (once mil setecientos veinticuatro pesos 08/100 M.N) mensuales, las cuales se depositaron el doce de octubre de esta anualidad, según se advertía de la constancia que acompañó a dicho oficio. Igualmente, refirió que sólo restaba por cubrir la cantidad de $26,502.23 (veintiséis mil quinientos dos pesos 23/100 M.N), empero, que hasta esa data la ahora quejosa no había comparecido ante dicha responsable para realizar los trámites correspondientes (fojas 468 a 470). 13) Posteriormente, por oficios sin número, presentados el veinticuatro y veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Delegado, hizo del conocimiento de este juzgado que con fecha veintitrés del mismo mes y año, realizó a la quejosa María Mendoza Mendoza, el pago de la suma de $26,502.23 (veintiséis mil quinientos dos pesos 23/100 M.N), a través de una transferencia efectuada la cuenta de aquélla, según se advertía de la copia de la impresión correspondiente (fojas 479 y 480). Con base en lo hasta aquí expuesto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistente el oficio 623/2017, de cinco de octubre de dos mil diecisiete y, en su lugar, emitió una nueva determinación en la que, en términos de dicha ejecutoria, resolvió de forma favorable la petición de incremento de pensión de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, formulada por la quejosa María Mendoza Mendoza, misma que le notificó, para lo cual se llevó a cabo la actualización de la aludida pensión, a partir del uno de junio de dos mil diecisiete, por lo que derivado de ello, se entregaron a la impetrante las cantidades respectivas por conceptos de pago de pensión por vejez (actualizada), pago retroactivo del uno de junio de dos mil diecisiete hasta la segunda quincena de julio de dos mil dieciocho, complemento del pago retroactivo correspondiente a la primera quincena del mes de enero a la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil dieciocho, y la suma que indebidamente se le exigió para hacerle efectivo el derecho a la pensión por vejez. No es obstáculo para lo anterior, el escrito que la parte quejosa presentó el cinco de octubre de dos mil dieciocho, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del incidente de inejecución de sentencia que promovió, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo, pues dicho ocurso es de igual contenido a aquél presentado el cuatro del mismo mes y año ante este juzgado, mismo que se acordó en auto del día siguiente, donde se requirió a la responsable a efecto de que acatara correctamente la mencionada ejecutoria de amparo, lo que así hizo según quedó apuntado en párrafos precedentes, cuyo cumplimiento se evidencia coincide con lo manifestado por la parte quejosa en el ocurso de que se trata. Atento a lo anterior, como lo solicitó el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remítasele de inmediato el presente asunto, a efecto de que esté en condiciones de proveer lo que jurídicamente corresponda, en relación al incidente de inejecución de sentencia promovido por la parte quejosa, el cual se registró con el número 5/2018, de su índice. Una vez que el juicio de amparo en que se actúa sea devuelto a este órgano jurisdiccional, provéase lo que en derecho corresponda, respecto a su archivo y valoración documental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio sin número, signado por el Delegado de la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y adjunta constancia que así lo acredita; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictará la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por CARLOS ORLANDO GÓMEZ PÉREZ, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio en que se actúa, toda vez que solicitó la devolución de la cantidad de $26,502.23 (veintiséis mil quinientos dos pesos 23/100), para lo cual fue requerido el recibo oficial y original que le fue expedido en su momento, argumentando que la devolución le sería depositada a su cuenta el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho a más tardar el viernes diecinueve siguiente, lo cual a la fecha no ha ocurrido, para ello exhibe el contra recibo suscrito y firmado por la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Con copia certificada del citado ocurso, requiérase al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a fin de que de inmediato remita las constancias que acrediten el cabal cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, o bien, manifieste el impedimento legal o material que para ello tenga. NOTIFÍQUESE.

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