María Martha Arroyo León

Expediente 585/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
585/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • María Martha Arroyo León

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, relativo al oficio 20201/2021, dirigido a la OFICINA DE CORRESPONDECIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONOMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCION TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. CIUDAD DE MÉXICO, en el que aparece la leyenda: "Destinatario desconocido"; toda vez que mediante auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, informó que se avocó al conocimiento del juicio de amparo al que pertenece el presente cuaderno de antecedentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 41700/2021, remitido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual, mediante el cual informa que se aceptó la competencia declinada y, se avocó al conocimiento del Juicio de amparo número 585/2021, promovido por María Martha Arroyo de León, mismo que registró con el número 8510/2021. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, se declaró incompetente por razón del territorio, para continuar conociendo de la demanda de amparo promovida por ----, misma que se registró con el número 585/2021, por lo cual, a través del oficio 11387/2021, se ordenó remitir la misma con las copias relativas al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento a qué órgano jurisdiccional le correspondió conocer de la misma; por tanto, gírese atento oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los citados órganos jurisdiccionales, para que informe dicha circunstancia y así estar en condiciones de acordar lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 585/2021-V. Ahora bien, la parte quejosa, en lo que aquí interesa, señaló como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía, todos con sede en la ciudad de México, a quienes les reclama: ....". En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Es aplicable la Jurisprudencia P./J.83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 195007, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.-." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1733, tomo XVIII, agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 183506, cuyo rubro señala: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." En la especie, se ejerce la acción Constitucional de amparo contra el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, esencialmente los artículos 51, 53, párrafo segundo, 56, fracción XI y 57, y se adicionaron una fracción III, al artículo 51, una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII al artículo 56, el artículo 59 Bis y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la LH, así como sus artículos transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto. Dichos artículos son del tenor literal siguiente: "...". En ese orden de ideas, se estima que corresponde su estudio a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, y no así a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen: Las normas reclamadas se combaten con motivo de los posibles efectos que pudieran tener en el desarrollo del mercado de hidrocarburos, mediante la incorporación de nuevas exigencias para los permisionarios y mayores facultades a las autoridades ejecutoras del sector para suspender y revocar permisos, que pudieran atentar en contra de la libre concurrencia y competencia del mercado en el sector energético de hidrocarburos del cual forma parte. En efecto, de los artículos transcritos por esta vía reclamados, se desprende lo siguiente, para el "transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía"; de ahí que se requerirá de permisos, mismos que serán expedidos por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía; asimismo, que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán en el ámbito de sus competencias revocar de los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos. Precisa la parte quejosa que en términos del artículo 48, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, solicitó y se le concedió el permiso número ------, otorgado por la Comisión Reguladora de Energía de fecha quince de octubre de dos mil quince, para llevar acabo la actividad de expendio de petrolíferos en Estaciones de Servicio, con una vigencia de treinta años, de ahí que señale que dicho Decreto reclamado le cause perjuicio pues aduce que el artículo sexto transitorio establece que a la entrada en vigor de este, se revocaran los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburo. Aunado, a lo anterior aduce que las normas combatidas están orientadas a eliminar y limitar el número de participantes en el mercado de los hidrocarburos, concediendo una ventaja desleal en este sector a la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, ocasionando una desventaja a los demás permisionarios participantes, lo que incide en la libre concurrencia y competencia en el mercado energético, e incluso en la determinación de los precios a largo plazo. Por tanto, la naturaleza de los actos concierne a la subespecialidad en competencia económica, pues como ya se indicó es la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus competencias quienes tienen las facultades para revocar o suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en Ley de Hidrocarburos; por tanto, dicha autoridad es la encargada de llevar a cabo tales actos, lo que evidencia la competencia de un órgano especializado en competencia económica que en su caso, analizará la congruencia de lo peticionado. En este orden de ideas, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN" Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: ".---." Por consiguiente, si las normas generales reclamadas están vinculadas directamente con una posible afectación a la libre competencia y concurrencia en la comercialización y expendio al público de las gasolinas y el diésel, con motivo de su entrada en vigor, y no con la materia administrativa genérica, entonces la competencia para conocer del presente juicio corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en Turno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 68/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 425, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017325, que a la letra dice: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL. -." Del mismo modo, sirve de apoyo la tesis número PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), emitida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la página 1746, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008591, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. -." Así las cosas, tomando en consideración que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido, es por lo que, con fundamento en el se estima que la competencia para conocer del presente juicio le asiste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.", pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en ----; asimismo, deberá requerirla para que al momento de la diligencia o en el término de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolo que de no hacerlo, se les hará por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. De igual forma, téngase a la citada quejosa autorizando a ------, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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