María Miranda Aguilar
Expediente 1337/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Miranda Aguilar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, término que transcurrió del veintitrés al veintisiete de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual cumple con la prevención de demanda formulada en proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, para lo cual manifiesta, en esencia, que la demanda de amparo que dio origen a este expediente, la promueve por propio derecho, como afectada por la dilación procesal dentro del juicio sucesorio del cual es parte por ser hija de la actora de la sucesión, y no así con el carácter de albacea de herencia. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 6, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos previamente transcritos, en específico, el artículo 6 transcrito, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el arábigo 1 de la propia ley y, con lo anterior, se le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, virtud a que el derecho de promover la acción Constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona Constitucionalmente protegidos, afectación que, se itera, debe ser personal y directa en alguna de sus prerrogativas sustantivas fundamentales que la Constitución Federal tutela como derechos humanos. En ese orden de ideas, es menester precisar que existen dos tipos de legitimación, en la causa, y en el proceso; en efecto, la legitimación procesal deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia; a dicha legitimación se le conoce como legitimación en el proceso, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercido por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que, en el proceso, pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. Por su parte, la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es vulnerado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Tomando en cuenta lo anterior, es dable concluir que la legitimación en el proceso constituye un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En el caso concreto, la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la demanda de amparo que dio origen a este expediente, la promueve por propio derecho, como afectada por la dilación procesal dentro del juicio sucesorio 240/2021, del índice del Juzgado Primer de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán, del cual es parte por ser hija de la actora de la sucesión, y no así con el carácter de albacea de herencia. Establecido lo anterior, en el presente asunto, la quejosa acude a esta sede Constitucional por ser hija de la actora de la sucesión relativa al juicio sucesorio 240/2021, esto es, como posible heredera, reclamando además una omisión o dilación procesal respecto de la paralización del procedimiento de origen, en el que no tiene la calidad de albacea -ni provisional ni definitiva-. Lo cual, desde su perspectiva, conculca sus derechos hereditarios, en virtud de que el juicio sucesorio de origen se encuentra paralizado desde el cinco de julio anterior. En ese contexto, si bien la quejosa refiere ser hija de la actora de la sucesión, esto es, como posible parte formal del juicio sucesorio testamentario 240/2021, así como, que la responsable ha dilatado la tramitación de dicho juicio de origen -vulneración a sus supuestos derechos hereditarios-; lo cierto es, que no se ven afectadas con ningún acto o mandamiento del Juez responsable, pues las omisiones y/o dilaciones de que se duele en el juicio de origen, corresponde su impugnación al albacea de la sucesión y no así a la posible heredera de la misma, por ser la única legitimada en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del de cujus para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario o, en su defecto, los herederos reconocidos dentro del juicio sucesorio, cuando el albacea de la sucesión no esté en funciones. Por tanto, si la parte quejosa alega que se afectan sus derechos con motivo de la dilación en la tramitación del juicio de origen, es inconcuso, que carece de legitimación, pues, no existe acto tendente a afectar algún derecho sustantivo en favor de la quejosa, sino únicamente respecto de la referida sucesión. De tal forma, por inexistir decisión alguna pronunciada sobre bienes o derechos de la solicitante de la protección de derechos humanos que la legitime para actuar en este asunto, pues, aun cuando aduce que se le afecta en sus supuestos derechos hereditarios con relación a los bienes de la sucesión, es a quien representa a la sucesión a quien competente legalmente intervenir en el juico de origen. Por tanto, se estima que carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo, por no resentir vulneración alguna en sus bienes o derechos. Lo anterior, atento a que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio-, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. Y, en esa medida, los actos reclamados -dilación en la tramitación del juicio de origen- no producen en la esfera jurídica de la quejosa una lesión o perjuicio directo y, por tanto, no está legitimada para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatirlos, toda vez que no le causa agravio alguno y, por tanto, carece de legitimación procesal activa para tales fines; pues, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promover el juicio a quien le ocasione un agravio personal y directo el acto de autoridad o, en su caso, por conducto de sus representantes legítimos. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Volumen 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232899, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 563, Tomo II, materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1002580, que establece: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Asimismo, se invoca al respecto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 412, Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 202692, del tenor siguiente: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho". Así como la jurisprudencia 1a./J. 37/2005, Materias(s): Civil, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 203, Registro digital: 178450, que establece: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO ESTÁ EN FUNCIONES EL INTERVENTOR O EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: 1) que no esté en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, o 2) que éstos sean requeridos judicial o notarialmente para que deduzcan esos actos, y rehúsen o descuiden deducirlos. Por ende, en caso de que un acto de autoridad llegare a afectar los bienes hereditarios, y el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos judicial o notarialmente para que como representantes de la sucesión deduzcan las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, y rehúsen o descuiden deducirlos, es evidente que cualquiera de los herederos está legitimado para promover el juicio de amparo contra aquel acto de autoridad al estar facultados legalmente para ello, y en virtud de que los bienes que forman parte de la masa hereditaria les pertenecen en común, mientras no se haga la división." Y la jurisprudencia 1a./J. 73/2018 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 221, Registro digital: 2018666, que indica: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Por tanto, en el presente asunto se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del precepto 63 del propio ordenamiento legal. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán, a quien le reclama lo siguiente: ". LA NORMA GENERAL, ACTO O OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - La paralización total del procedimiento ya que desde el día 04 de febrero del año 2022, se solicitó se dictara sentencia en la primera etapa del juicio que nos ocupa, y el juzgado nos señaló lo siguiente: "dígasele a la apoderada jurídica de la denunciante, que no ha lugar a acordarse satisfactoriamente su pedimento, toda vez que no obra en autos de contestación del oficio girado por el Director del Notario y Archivo general de notarías (sic) del estado.". Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 1337/2022-II. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda; en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, y con apoyo en los artículos 108 fracción I, y 114, fracción III de la Ley de la materia, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con las copias simples necesarias del escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Precise si la quejosa María Miranda Aguilar, promueve la presente demanda de amparo, por derecho propio, o bien en su carácter de albacea provisional de la sucesión llevada en el juicio 240/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán. Ello es así toda vez que en el apartado relativo al quejoso, la promovente del amparo manifiesta que María Miranda Aguilar, promueve su libelo de amparo por propio derecho; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado que narra en su demanda, así como de los conceptos de violación que formula, se advierte que también manifestó ser el albacea provisional. Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de albacea provisional de la sucesión contenida en el expediente 240/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán, toda vez que al respecto no anexó documento idóneo que así lo acredite. Sin que sea suficiente la manifestación que realiza, en el sentido de tener reconocida tal personalidad en el procedimiento de origen, toda vez que tal circunstancia debe estar plenamente acreditada ante el Juez y, de no estarlo, se debe prevenir a la persona promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 336, consultable en las páginas 284 y 285 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 1527, Quinta Época, con registro digital 807728, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 13 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso debe aportar al Juez de Distrito un comprobante de que la personalidad con que promueve está reconocida por la responsable. Por tanto, si el quejoso no promovió el amparo por su propio derecho, sino como albacea de una sucesión, el Juez de Distrito obró legalmente al prevenir que justificara tal carácter, apercibiéndolo con tener por no interpuesta su demanda, en caso de no hacerlo, y aunque la notificación de esa prevención se haya hecho por medio de lista, la misma no puede estimarse ilegal, si el quejoso no señaló domicilio para oír notificaciones; de lo que se concluye que el Juez obró legalmente al tener por no interpuesta la demanda, por no haber cumplido el quejoso la prevención indicada". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1827, Novena Época, con registro digital 185116, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO DE QUIEN PROMUEVE COMO ALBACEA DE UNA SUCESIÓN. RESULTA IDÓNEA PARA ACREDITARLA LA COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE ESE CARGO. El artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que para acreditar la personalidad en los juicios de garantías, en los casos no previstos por dicho ordenamiento, hay que ajustarse a la forma que determine la ley que rija en la materia de la que emane el acto reclamado; por tanto, en el juicio de amparo promovido por quien dice ser albacea de una sucesión, resulta idónea para justificar tal calidad la diligencia judicial en la que la persona sobre quien haya recaído la designación de albacea acepta y protesta el cargo, pues es en dicha actuación donde se confiere tal nombramiento". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio y, en su caso, de la documental con la que acredite la personalidad, necesarias para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una más para el cuaderno del incidente de suspensión, lo que da un total de tres copias. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; Número de identificación 2012992; Segunda Sala; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Página 1449; Jurisprudencia (Común), que refiere: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Doctor Miguel Silva, número 19, despacho 209, zona centro, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Elva Valdivas Hernández, María de Jesús Carranza Coronel y Ma. Guadalupe Martínez Felipe, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos, sin que puedan gozar de las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al realizar una búsqueda en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se localizó dato alguno inherente a la Cédula Profesional de alguno de los autorizados, lo anterior por ser el presente asunto de naturaleza civil. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán, a quien le reclama lo siguiente: ". LA NORMA GENERAL, ACTO O OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - La paralización total del procedimiento ya que desde el día 04 de febrero del año 2022, se solicitó se dictara sentencia en la primera etapa del juicio que nos ocupa, y el juzgado nos señaló lo siguiente: "dígasele a la apoderada jurídica de la denunciante, que no ha lugar a acordarse satisfactoriamente su pedimento, toda vez que no obra en autos de contestación del oficio girado por el Director del Notario y Archivo general de notarías (sic) del estado.". Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 1337/2022-II. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda; en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, y con apoyo en los artículos 108 fracción I, y 114, fracción III de la Ley de la materia, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con las copias simples necesarias del escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Precise si la quejosa María Miranda Aguilar, promueve la presente demanda de amparo, por derecho propio, o bien en su carácter de albacea provisional de la sucesión llevada en el juicio 240/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán. Ello es así toda vez que en el apartado relativo al quejoso, la promovente del amparo manifiesta que María Miranda Aguilar, promueve su libelo de amparo por propio derecho; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado que narra en su demanda, así como de los conceptos de violación que formula, se advierte que también manifestó ser el albacea provisional. Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de albacea provisional de la sucesión contenida en el expediente 240/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Huetamo, Michoacán, toda vez que al respecto no anexó documento idóneo que así lo acredite. Sin que sea suficiente la manifestación que realiza, en el sentido de tener reconocida tal personalidad en el procedimiento de origen, toda vez que tal circunstancia debe estar plenamente acreditada ante el Juez y, de no estarlo, se debe prevenir a la persona promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 336, consultable en las páginas 284 y 285 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 1527, Quinta Época, con registro digital 807728, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 13 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso debe aportar al Juez de Distrito un comprobante de que la personalidad con que promueve está reconocida por la responsable. Por tanto, si el quejoso no promovió el amparo por su propio derecho, sino como albacea de una sucesión, el Juez de Distrito obró legalmente al prevenir que justificara tal carácter, apercibiéndolo con tener por no interpuesta su demanda, en caso de no hacerlo, y aunque la notificación de esa prevención se haya hecho por medio de lista, la misma no puede estimarse ilegal, si el quejoso no señaló domicilio para oír notificaciones; de lo que se concluye que el Juez obró legalmente al tener por no interpuesta la demanda, por no haber cumplido el quejoso la prevención indicada". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1827, Novena Época, con registro digital 185116, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO DE QUIEN PROMUEVE COMO ALBACEA DE UNA SUCESIÓN. RESULTA IDÓNEA PARA ACREDITARLA LA COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE ESE CARGO. El artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que para acreditar la personalidad en los juicios de garantías, en los casos no previstos por dicho ordenamiento, hay que ajustarse a la forma que determine la ley que rija en la materia de la que emane el acto reclamado; por tanto, en el juicio de amparo promovido por quien dice ser albacea de una sucesión, resulta idónea para justificar tal calidad la diligencia judicial en la que la persona sobre quien haya recaído la designación de albacea acepta y protesta el cargo, pues es en dicha actuación donde se confiere tal nombramiento". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio y, en su caso, de la documental con la que acredite la personalidad, necesarias para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una más para el cuaderno del incidente de suspensión, lo que da un total de tres copias. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; Número de identificación 2012992; Segunda Sala; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Página 1449; Jurisprudencia (Común), que refiere: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle *****, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ***, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos, sin que puedan gozar de las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al realizar una búsqueda en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se localizó dato alguno inherente a la Cédula Profesional de alguno de los autorizados, lo anterior por ser el presente asunto de naturaleza civil. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.
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