María Margarita López Ibarra

Expediente 1042/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1042/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María Margarita López Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA TRÁMITES. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Delegada de las autoridades responsables sanitarias, a través del cual informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para obtener el medicamento trastuzumam emtansina y en cuanto se cuente con el tratamiento respectivo se gestionara cita en la Unidad de Quimioterapia Ambulatoria. De lo anterior este órgano jurisdiccional toma nota, y se tiene informando a la autoridad en mención los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa realiza manifestaciones. Visto el escrito de cuenta que presenta ********************, autorizado de la quejosa ********************, mediante el cual comparece a manifestar que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la suspensión de plano (sic), pues refiere que a la impetrante no se le han practicado quimioterapias desde hace más de dos meses, y que no se le ha suministrado el medicamento que requiere. Motivos por los cuales, solicita que se requiera legalmente a las responsables. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Dado que la parte quejosa manifiesta que las responsables no cumplen con la suspensión de plano decretada, nuevamente es necesario hacer las siguientes precisiones jurídicas: Los artículos 130 y 206, contenidos en el Capítulo V denominado Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria" "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." En ese sentido, se reitera que la suspensión del acto reclamado en el juicio constitucional, tiene por fin mantener la materia del amparo, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada en juicio de amparo, toda vez que para ese momento procesal, la autoridad responsable ya no se encontrara bajo los efectos y alcances de la medida suspensiva, pues dado el sentido de la sentencia de amparo ejecutoriada dictada en el principal ya se habrá fallado la materia del fondo del asunto y por ende, ante una negativa o sobreseimiento del amparo, resultaría ilegal que se obligara a la responsable a seguir observando una suspensión que deriva de un juicio donde ya no obtuvo sentencia favorable; y por el contrario, de obtener la tutela constitucional, la responsable ya no estará bajo los efectos de la suspensión decretada, sino que se encontrara vinculada a observar obligaciones que le fueron impuestas en la sentencia protectora de amparo. De lo antes expuesto y de las constancias que obran en autos, se puede concluir que en el caso particular, las responsables ya no se encuentran sujetas a los efectos de la suspensión de plano dictada en el presente asunto, ya que en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, había dejado de surtir sus efectos una vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y por ese imperativo legal, en relación a los artículo 192 y 193 de la invocada ley, la responsable quedó vinculada pero a observar los lineamientos que le fueron trazados en el fallo protector y no la suspensión que dejó de surtir efectos con el dictado de la sentencia ejecutoria. Precisado lo anterior, no pasa inadvertido que el ocursante aduce que la quejosa no ha recibido sesiones de quimioterapia y que no se le han proporcionado los medicamentos que requiere, lo que se pudiera traducir en conductas omisivas y negativas por las autoridades responsables, que trastocan los efectos de la sentencia de amparo, que garantizan su derecho a la protección a la salud, consagrado en el artículo 4º Constitucional. En ese sentido, es necesario señalar que el juzgador de amparo al no ser un perito en medicina y no contar con los conocimientos técnicos de esa rama, ni el autorizado de la parte quejosa acreditar ser un perito en esa ciencia, corresponde a los médicos tratantes y a la institución responsable diagnosticar si con la enfermedad que presenta la quejosa, el tratamiento (quimioterapia) y los medicamentos que señala la parte quejosa son los adecuados para atender sus padecimientos. Sobre el particular, resulta una referencia observable para este órgano jurisdiccional, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 517/2019, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.", donde se precisó que: a) En la determinación de la suspensión provisional no es posible determinar con certeza si el medicamento solicitado en la demanda de amparo consiste en el tratamiento adecuado para el quejoso, en tanto que aún no se han requerido los informes de las autoridades responsables; además, el juzgador no es perito en medicina para evaluar o modificar la prescripción del médico tratante, de manera que su determinación únicamente puede encauzar provisionalmente las medidas adecuadas y urgentes para la protección de la salud de los promoventes, sin que pueda sustituirse en el ámbito técnico de decisión que corresponde a los médicos tratantes y a la institución responsable; y, b) La urgencia no puede constituir una razón para que el juzgador ordene, de manera inmediata y sin verificación técnica alguna, el suministro del medicamento solicitado, con lo cual también puede poner en riesgo la salud de la promovente, mejor dicho, esta situación exige cautela y que se dicten las medidas apropiadas en interés de la salud de la parte quejosa y para que se garantice el mejor medicamento para su padecimiento, con la debida supervisión médica No se soslaya que en la ejecutoria indicada se hace referencia a la suspensión provisional y que el caso que nos ocupa se trata del cumplimiento a una ejecutoria de amparo; empero, tales razonamientos resultan aplicables por analogía y en lo conducente, en razón de que la parte quejosa sigue aduciendo una falta u omisión de atención médica en el tratamiento de la quejosa. Se requiere a la responsable. En consecuencia, se estima necesario requerir nuevamente a las responsables Delegado y Titular Del Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Regional, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1) Con base en el primer lineamiento de la sentencia de amparo, se le proporcione el tratamiento médico que requiera la quejosa para el padecimiento de cáncer de mama y óseo que presenta; de igual manera, ordene se le proporcionen en la temporalidad y forma que la quejosa requiera los medicamentos necesarios y prescritos por el especialista para su padecimiento y se realicen los estudios que correspondan a efecto de determinar la continuidad del medicamento Pertuzumab o con otro diverso que así lo requiera, todo ello pro el tiempo, cantidad y calidad que necesite, de manera gratuita. 2) De igual forma, se deberá indicar sí como lo refiere la quejosa no se le ha proporcionado ni el tratamiento (quimioterapias) ni el medicamento desde hace más de dos meses y en su caso, justificar esa circunstancia, ya sea por cambio de tratamiento prescrito o indicar el motivo de la falta de tratamiento que aduce la quejosa; y, 3) En caso de no haberse realizado, se ordené efectuar de manera inmediata el estudio de tomografía computarizada contrastada de cráneo (encéfalo) prescrito de la nota médica de uno de agosto de dos mil veintitrés. Subsiste apercibimiento para las responsables En el concepto de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Medios de contacto de la quejosa ante las responsables. Para los efectos legales a que haya lugar y con el fin de no triangular información en perjuicio de la propia parte promovente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la parte quejosa pone como medio de contacto directo con ellas, los siguientes números de teléfono ******************** (quejosa); y el de su autorizado ********************. Se conmina a la parte quejosa. Por otra parte, es necesario señalar que de los informes rendidos por las responsables -vía de cumplimiento de la sentencia-, se advierte que se ha requerido a la quejosa para que se presente con el Jefe de Medicina Interna del Hospital Regional General 1 Morelia, y se le den indicaciones de cómo debe presentarse para el suministro de medicamento; asimismo, que a la quejosa se le agendó una diversa cita para el veinticuatro de octubre de este año, para la Unidad de Especialidad de Oncología Médica y que al no presentarse se le programó nuevamente para el diecisiete de noviembre del actual; sin que haya constancia o manifestación de que haya comparecido a esas citas médicas, no obstante que este órgano jurisdiccional ha ordenado notificarle las mismas. Empero, al no poderse obligar a la quejosa para que acude a las valoraciones o estudios que le son programados, se le hace de su conocimiento que queda bajo su propia responsabilidad el no acudir a las citas médicas que le son agendadas. Máxime que, el derecho a la Salud consagrado en el artículo 4º Constitucional y que le fue reconocido a través de la sentencia de amparo, constituye una responsabilidad social, esto es, no corre a cargo del Estado exclusivamente, ya que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso, de ahí, que en su caso se tenga que respetar la responsabilidad social del quejoso en torno a su salud y su deseo de no acudir a las citas médicas y sólo se continúe vigilando la sentencia de amparo en cuanto a los restantes lineamientos que fueron trazados en la sentencia de amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 168549 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 61 Tipo: Jurisprudencia "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa y se requiere. Visto el oficio de cuenta signado por la apoderada jurídica de las autoridades responsables sanitarias, mediante el cual informa que la quejosa no acudió a la cita con médico especialista que le fue programada, motivo por el que le otorgaron nuevamente cita médica en el siguiente día y hora: 1. Viernes 17 de Noviembre de 2023, a las 05:20 p.m. (cinco horas con veinte minutos) a la Unidad de especialidad de Oncología Médica, con el Dr. Pablo García Gutiérrez, en el consultorio DBV del Hospital General Regional 1 Morelia. Lo anterior se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, por el medio electrónico que señaló para tal efecto. Extrañamiento a la parte quejosa. Finalmente, dado que la parte quejosa no atendió el señalamiento de citas médicas que le fueron programadas, se le requiere para acuda a las mismas y además señale ante el departamento jurídico de las responsables, un número telefónico o correo electrónico a fin de que le puedan notificar directamente el señalamiento de sus citas, estudios o cualquier otro procedimiento médico, para que en lo subsecuente únicamente la responsable informe lo relativo a lo acontecido en dichas citas o atenciones médicas proporcionadas al quejoso y se evite en la medida de lo posible que este órgano jurisdiccional le lleve la agenda médica al promovente. Lo anterior, con la finalidad de evitar la triangulación de la información de las fechas programadas para la atención médica requerida y así agilizar su trámite e impedir que se puedan perder las mismas en perjuicio del propio quejoso o de algún otro gobernado que requiera hacer uso de los servicios de salud. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Zce

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa y se requiere. Visto el oficio de cuenta signado por la apoderada jurídica de las autoridades responsables sanitarias, mediante el cual informa que la quejosa no acudió a la cita con médico especialista que le fue programada, motivo por el que le otorgaron nuevamente cita médica en el siguiente día y hora: 1. Viernes 17 de Noviembre de 2023, a las 05:20 p.m. (cinco horas con veinte minutos) a la Unidad de especialidad de Oncología Médica, con el Dr. Pablo García Gutiérrez, en el consultorio DBV del Hospital General Regional 1 Morelia. Lo anterior se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, por el medio electrónico que señaló para tal efecto. Extrañamiento a la parte quejosa. Finalmente, dado que la parte quejosa no atendió el señalamiento de citas médicas que le fueron programadas, se le requiere para acuda a las mismas y además señale ante el departamento jurídico de las responsables, un número telefónico o correo electrónico a fin de que le puedan notificar directamente el señalamiento de sus citas, estudios o cualquier otro procedimiento médico, para que en lo subsecuente únicamente la responsable informe lo relativo a lo acontecido en dichas citas o atenciones médicas proporcionadas al quejoso y se evite en la medida de lo posible que este órgano jurisdiccional le lleve la agenda médica al promovente. Lo anterior, con la finalidad de evitar la triangulación de la información de las fechas programadas para la atención médica requerida y así agilizar su trámite e impedir que se puedan perder las mismas en perjuicio del propio quejoso o de algún otro gobernado que requiera hacer uso de los servicios de salud. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Zce

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