María Luisa Zamora Aguilar

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • María Luisa Zamora Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. Devolución de cuaderno de prueba. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el proveído de veintiuno de septiembre pasado, , se obtiene que se ordenó la devolución del cuaderno de antecedentes 233/2022 al Juez responsable; sin embargo, dicha documental fue enviada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; en tal virtud, en términos del artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, devuélvase dicha documental al fiscal en cita. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por María Luisa Zamora Aguilar; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devolución de cuaderno de prueba. Devuélvase al Juez responsable, la documental que acompañó como sustento de su informe justificado, consistente en el cuaderno de antecedentes 233/2022 y un disco que contiene el acto reclamado. Solicitudes del tercero interesado. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el autorizado del tercero interesado Ángel Aquino Flores; atento a su contenido, por lo que ve a la solicitud de copias certificadas, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en el acuerdo de uno de julio del año en curso, en que se autorizó a las partes la expedición de copias simples y certificadas, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura. Por lo que ve a las solicitudes de declarar firme la sentencia emitida en el presente asunto y notificarlo a las autoridades responsables, deberá estarse a lo acordado en los párrafos que preceden. Se ordena archivo físico. En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Incidente de suspensión. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio y depúrese el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, en su momento transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-721/2022 promovido por María Luisa Zamora Aguilar, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente asunto tienen reconocido el carácter de terceros interesados Ángel Flores Aquino y. Arturo Gordillo Alcalá, quienes se encuentran debidamente emplazados en autos. El Juez: Téngase hecha la relación que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. El Secretario: Se da cuenta con los siguientes informes: Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia. Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad. Coordinador General de la Policía de Investigación, con residencia en esta capital. El Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse rendidos tales informes. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. El Secretario: Se hace constar que obra en autos la documental ofrecida por la quejosa en su demanda, así como la diversa que remitió como sustento de su informe el agente responsable; finalmente obra en cuaderno de prueba por separado autos la documental que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, consistente en el cuaderno de antecedentes 233/2022 y un disco que contiene el acto reclamado. El Juez: Téngase desahogada dicha documental; al no existir más pruebas que verificar, se pasa al período de alegatos. El Secretario: Se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción formuló los alegatos que a su parte corresponden. El Juez: Se tienen reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-721/2022, promovido por María Luisa Zamora Aguilar, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, María Luisa Zamora Aguilar, a través del escrito signado únicamente por su autorizado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. En proveído de uno de julio de dos mil veintidós, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto, toda vez que el citado órgano jurisdiccional consideró actualizados los supuestos de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. La parte promovente estimó transgredidos en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, previa prevención formulada, admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número 451/2022; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Posteriormente, con motivo de lo narrado en el considerando precedente, este tribunal convalidó las actuaciones del homólogo federal; además se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades administrativas con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, así como con ejecución en dicho territorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la audiencia de impugnación de uno de marzo del año en curso, llevada a cabo dentro del cuaderno de antecedentes 233/2022, del índice del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, a través de la cual se ordenó la liberación del vehículo automotor que refiere la parte promovente ser de su propiedad. De las diversas autoridades responsables, reclama la ejecución de dicha orden. CUARTO. Causal de improcedencia. Sin analizar la existencia o no de los actos reclamados, se precisa que el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3°, 5°, fracción I y 6°, los cuales establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De los preceptos reproducidos se obtiene que, por regla general, en el juicio de amparo las promociones deberán formularse por escrito y únicamente aquellas que se realicen en las audiencias podrán realizarse en forma oral; además, podrá promoverse en forma electrónica siempre y cuando se haga en los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura y cada promoción sea firmada electrónicamente; ello porque la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma autógrafa. Por esa razón, resulta indispensable que cada una de las promociones cuenten con un signo distintivo como puede ser la firma del promovente, el cual demuestre de manera fehaciente que el contenido del documento respectivo refleja la voluntad del promovente; pues sólo de esta manera se tendrá certeza en torno a la persona que formula determinada solicitud o gestiona determinado acto. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sea titular de un derecho subjetivo el cual haya sido afectado por una norma, un acto u omisión de autoridad, o bien, por quien se encuentre legitimado para representarlo. Finalmente, que será improcedente el juicio de amparo cuando sobrevenga una causa de improcedencia prevista en la ley de la materia o en la constitución federal. Establecido lo anterior, en la demanda que dio origen al juicio en que se actúa se observa que no obra firma autógrafa de María Luisa Zamora Aguilar, únicamente de José Félix de la Torre Velázquez, quien conforme al libelo de la demanda actúa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que dicha persona carece de facultades para promover el amparo en representación de su autorizante. Por las razones que contiene, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, Novena Época, registro digital 161909, de contenido siguiente. "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción I, y 6o., de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse y seguirse por la parte a quien perjudique la norma general, acto u omisión y sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, pero es el caso que tal requisito no se encuentra colmado en la especie, dado que, si en el libelo inicial que se analiza, no contiene firma autógrafa de la promovente, ello conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de promover el juicio de amparo. Consecuentemente, como la firma no es un requisito de forma requerimiento para que se subsane, sino un requisito esencial para dar validez al documento, se establece que no existió voluntad de la promovente para accionar el juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 80, Segunda Parte, página 29, Séptima Época, que se reproduce a continuación: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". No pasa por alto para el suscrito, que en el escrito presentado el dos de mayo del año en curso, se advierte una firma aparentemente plasmada por la quejosa; sin embargo, se reitera, no obra su firma en el escrito inicial de demanda el cual configura la litis constitucional y no puede considerarse como agraviada a la persona que no firmó. Por lo expuesto, al encontrase actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I, 6o. y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por María Luisa Zamora Aguilar, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, y otras autoridades, con base en lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, informa que la aquí quejosa María Luisa Zamora Aguilar, no ha comparecido al cuaderno de antecedentes 233/2022 y, por ende, no ha designado defensor en dicho procedimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Dva

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