María Mercedes García Sánchez
Expediente 1038/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Mercedes García Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil diecinueve. ARCHIVO Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En tal virtud, teniendo en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo; asimismo, que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el considerando vigésimo primero, fracciones IV, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, al haberse negado el amparo a la parte quejosa; por lo que en atención a lo estipulado en el citado acuerdo, se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. NO SE FORMÓ INCIDENTE Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Cúmplase. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, del cual se hace innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1038/2018-IV, promovido por María Mercedes García Sánchez, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y remitido a este juzgado en la misma data, María Mercedes García Sánchez, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. LEY O ACTO RECLAMADO .El acto que se reclama es la sentencia o auto de fecha 16 de noviembre de 2018, dictada en el expediente sumario hipotecario 248/2012, misma que resolvió el recurso de revocación hecho valer por la tercera interesada contra de dos autos de fechas 16 de octubre de 2018, expediente tramitado ante el juzgado primero civil de esta ciudad". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1038/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución interlocutoria emitida el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio sumario civil hipotecario, número 248/2012, en el cual se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora contra los autos de dieciséis de octubre del año en cita, para ahora determinar que no procedía tener a la parte demandada por aceptando la responsabilidad de depositaria del inmueble hipotecado, y la requirió a efecto de que dentro del plazo de treinta días, entregara a la parte actora la posesión del inmueble dado en garantía con motivo del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio de origen 248/2012. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, lo que así se despende de la diligencia de notificación que obra a foja 423 del cuaderno de prueba; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veintidós de ese mes y año y concluyó el doce de diciembre del año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el seis de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En ese aspecto, la tercero interesada, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que refiere que la quejosa no agotó el principio de definitividad, puesto que previo a acudir al juicio de amparo, debió interponer el recurso de revocación en contra del auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, y al no haberlo hecho así, tácitamente consintió el acto. La anterior causal de improcedencia resulta infundada, puesto que la tercero interesada deja de observar que el acto reclamado no se hace consistir en el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, que admitió el recurso de revocación, sino la resolución de dieciséis de noviembre del año en cita que resolvió ese recurso; de ahí que en todo caso, a efecto de agotar el principio de definitividad, cualquier recurso procedente debería intentarse contra esta determinación, más no contra la primera, por no ser materia de la Litis. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles señala: "Artículo 679. Del auto que admita o rechace la revocación y del auto que la decida, no habrá recurso". En esos términos, si el acto reclamado no prevé recurso alguno por disposición expresa de la ley, la causal de improcedencia que hace valer la tercero interesada resulta infundada. En relación al segundo alegato enderezado por la tercera interesada, en el que precisa que el segundo de los agravios (sic) sostenidos por la quejosa resulta improcedente, no se procederá a su análisis a manera de improcedencia, puesto que no señala las razones jurídico legales que la lleven a concluir en esos términos, y mucho menos precisó en cuál hipótesis de improcedencia se ubica, lo que imposibilita su estudio. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación que se hacen valer. En su primer concepto de violación la quejosa aduce que el recurso de revocación que se hizo valer en el juicio de origen resulta improcedente, acorde a la regla establecida en el artículo 674 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por ello considera que dicho recurso no era el idóneo para lograr la modificación de los autos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. El anterior concepto de violación resulta inoperante, puesto que el proveído en el que se admitió el recurso de revocación data de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, y es el caso que ese acto no forma de la Litis constitucional, y por tal motivo no se está en aptitud de analizar su constitucionalidad en este juicio de amparo. En efecto, en el caso concreto, la Litis constitucional, se integra por la resolución emitida el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, y es el que ahora se combate en esta instancia constitucional; de ahí que en atención al principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, no es dable analizar los conceptos de violación encaminados a combatir diverso auto que no fue materia de este juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 178228 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.C. J/1 Página: 655 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 169/2004. Guadalupe Ramírez González y otra. 21 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Pedro Navarro Zárate. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. Amparo directo 111/2004. Antonio Gómez Torres. 20 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Munguía Padilla. Secretario: Sergio Ibarra Valencia. Amparo directo 513/2004. Myriam Hernández Camarillo. 24 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Jesús Julio Hinojosa Cerón. Amparo directo 29/2005. Alfonso Zapata Leal. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Moisés Vázquez Díaz. Amparo directo 495/2004. Ejido San José de Raíces Municipio de Galeana, Nuevo León. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Jesús Julio Hinojosa Cerón. Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de abril de 2010, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2009 en que participó el presente criterio". Ahora, en el segundo concepto de violación, la quejosa aduce que antes de llevarse a cabo el emplazamiento al juicio hipotecario, el deudor carece de capacidad legal para renunciar a la obligación que le impone el precepto 667 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, así como al derecho que le asiste dicho precepto, encontrándose por lo tanto impedido para convenir al respecto al suscribir el contrato de hipoteca correspondiente, porque aun cuando se trate del documento base de la acción, la voluntad del deudor se habría expresado cuando legalmente no se encontraba autorizado para ello, y en esas condiciones debe tenerse por no puesta la cláusula que con ese fin se estipule, por existir contradicción entre la voluntad contractual y disposición expresa de la ley. Que en esos términos, dicha cláusula contraviene lo dispuesto en los artículos 667 y 668 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y por lo tanto, resulta infundado (sic) lo sostenido por la responsable en el sentido de que será hasta la sentencia definitiva en la que se resuelva si esa renuncia es válida o no; que por lo tanto, el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. El anterior concepto de violación resulta inoperante, porque esencialmente es una reiteración de lo planteado al contestar los agravios de su contraparte, sin que se combatan las consideraciones expuestas sobre esa cuestión por el juez responsable, en el sentido de que tal alegación no puede ser tomada en consideración para resolver el recurso de revocación, puesto que ello en todo caso será motivo de análisis en la sentencia definitiva, en la que se dilucide si la nulidad a que alude se hizo valer conforme a lo establecido en la ley. Lo anterior se sostuvo así, al tomar en consideración que el recurso de revocación versaba respecto de lo acordado en autos de dieciséis de octubre de octubre de dos mil dieciocho, en relación a la depositaría judicial del inmueble dado en garantía; lo que así fue precisado por el juez responsable al admitir el recurso; por lo tanto, si el objeto del recurso de revocación era la modificación o revocación de los autos recurridos, ello imposibilitaba el examen en dicho recurso de los argumentos tendentes a combatir la nulidad de la cláusula relativa a la entrega de la posesión del inmueble hipotecado, puesto que ello constituye una cuestión ajena al recurso. Asimismo, la inoperancia del concepto de violación que nos ocupa, también deriva de parte de una premisa falsa, pues la revocación de los autos impugnados no tuvo como sustento lo acordado en el contrato base de la acción, sino la manifestación expresa de la demandada al momento de su emplazamiento en el sentido de que no aceptaba el cargo de depositaria del inmueble hipotecado, lo que además tampoco se controvierte en forma alguna. Así las cosas, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Mercedes García Sánchez, en contra del acto reclamado y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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Por lista notifico a la parte tercero interesada GLADYS EDIT AYALA ORTA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO:Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. FORMAR CUADERNO DE PRUEBAS. Con la copia certificada del juicio sumario civil hipotecario 248/2012 y del cuadernillo de ampro 36/2017, que la autoridad adjuntó a su informe de cuenta, fórmese cuaderno de pruebas por separado, y una vez que sea innecesaria su retención, devuélvase a su lugar de origen dicho expediente. SE RECONOCE CARÁCTER DE TERCEROS Ahora, como de las constancias que conforman el juicio de amparo en que se actúa, como del cuaderno de pruebas se desprende que en la especie les resulta el carácter de tercera interesada a Gladys Edit Ayala Orta, debido a que dicha persona es parte actora en el juicio de origen. SE ORDENA SU EMPLAZAMIENTO. En mérito de lo anterior, con apoyo en el en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en la calle Alonso Angulo número 40, colonia Nueva Valladolid de esta ciudad y proceda a emplazarla al presente juicio por sí o por conducto de quien acredite ser su representante; asimismo, les haga saber la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero en curso. Además, deberá requerirle para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2o., señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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