María Magdalena Ortega Cardoso

Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
203/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • María Magdalena Ortega Cardoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de junio de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a calificarlo. Ahora bien, resulta relevante precisar que el veintidós de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: "-Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral J3/436/2019 de su índice y lo notifique a las partes en el domicilio procesal designado." Luego, mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento. Atento a ello, mediante oficio recibido por auto de tres de junio de dos mil veintidós (promoción 9059), la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, remitió copias certificadas del laudo de treinta de marzo de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral J3/436/2019, así como su notificación a las partes. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que atendió los efectos esenciales del fallo protector, y se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos; por tanto, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señala en su demanda.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguense los oficios signados por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de diecisiete de mayo del presente año, remite copia certificada de las constancias con las que refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señala en su demanda.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: - Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral J3/436/2019 de su índice y lo notifique a las partes en el domicilio procesal designado. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1238), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de la autoridad que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentra compelida a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Sin que haya lugar a ordenar la notificación y requerimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud que por la autonomía e independencia de que gozan, en el caso concreto no existe, determinación que se sustenta en la Jurisprudencia número 2a./J. 36/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV (enero dos mil doce), décima época, de rubro: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO" Notifíquese..."

  4. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 203/2022-VII; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito depositado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el veintiocho de febrero siguiente por razón de turno a este Juzgado de Distrito, María Magdalena Ortega Cardoso, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, contra el acto que se precisará en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de marzo de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, otorgó la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda fue presentada en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y el acto impugnado no requiere ejecución material. SEGUNDO. Acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reprochado que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral J3/436/2019. TERCERO. Existencia. La Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, razón por la cual se tiene probada su existencia, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. La certeza de que se habla se corrobora además con la constancia que remitió la referida responsable en apoyo a su informe con justificación, consistente en copia certificada del acuerdo emitido el dos de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral J3/436/2019, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Medularmente, el solicitante del amparo manifiesta que el tribunal obrero ha transgredido en su perjuicio el principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, al no haber emitido el laudo en el juicio de origen dentro del plazo que fija la ley. Es fundado el motivo de disenso hecho valer, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución General de la República, en lo que interesa, señala: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Conforme al texto constitucional trascrito, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Al efecto, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo -en su texto anterior a las reformas de mayo de dos mil diecinueve- establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, apercibiéndoles que de no hacer manifestación alguna y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas y por tanto el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. A su vez, el numeral 886 del ordenamiento legal invocado refiere que una vez realizado el proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta y dentro de los cinco días hábiles siguientes harán las observaciones que consideren pertinentes. Mientras que el artículo 887 establece que una vez transcurrido el término a que se refiere el diverso precepto 886, el presidente citará a los miembros de la Junta para su discusión y votación en sesión que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Finalmente, el precepto 889 de la ley obrera estipula que si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta; asimismo, que si éste tuviese modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez engrosado, ese funcionario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta y turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique a las partes. Ahora bien, de la constancia allegada por la autoridad responsable consistente en el auto de dos de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al auxiliar dictaminador para que emitiera el proyecto de resolución, sin que a la fecha obre el laudo correspondiente (de acuerdo con lo expuesto por la responsable en su informe con justificación). De ahí que haya transcurrido en exceso el término a que se refieren los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, se estima que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues la autoridad debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, independientemente de las cargas de trabajo o la falta de personal, ya que si bien debe tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de concretar el juicio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia IV.3o.T. J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de contenido: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: - Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral J3/436/2019 de su índice y lo notifique a las partes en el domicilio procesal designado. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Magdalena Ortega Cardoso, contra el acto reclamado y autoridad responsable indicados en los considerandos SEGUNDO y TERCERO, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el QUINTO apartado considerativo de este fallo. Notifíquese.

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