María Magdalena Hurtado Herrada

Expediente 464/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
464/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • María Magdalena Hurtado Herrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, se procede a calificar el mismo. ... Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. En ese tenor, no se inadvierten las manifestaciones formuladas por la autorizada de la parte quejosa; sin embargo, como se mencionó la autoridad responsable cumplió cabalmente los efectos de la ejecutoria de amparo. Así, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, mediante el cual informa las acciones tendentes a cumplir la sentencia ejecutoriada y remite las constancias con que acredita su dicho. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la (s) autoridad (es) responsable (s), para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, acate (n) en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "Por tanto, ante la omisión de la autoridad responsable, lo procedente es conceder la protección constitucional para efecto de que el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, realice lo siguiente: - Emita de forma inmediata el acuerdo correspondiente a la petición efectuada por la parte actora aquí quejosa de doce de octubre de dos mil veinte, en el que solicitó la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral SAT 62/2012." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesita(n) alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere(n) prórroga alguna; incluso se le(s) requiere para que en el mismo término, señale(n), si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella(s) vinculadas con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa(n), se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1231. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado la Secretaria encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1240, dentro de un horario de (7:45 a.m. a 13:45 p.m.), de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Finalmente, devuélvanse a la Sala responsable, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación, consistente en un tomo certificado. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo 464/2021-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, turnado en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, María Magdalena Hurtado Herrada, por conducto de su apoderada legal Nancy Berenice Regalado León, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, esta juzgadora advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar la promoción presentada el doce de octubre de dos mil veinte, mediante la cual solicitó se ejecute el laudo dictado el once de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral SAT 62/2012. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México con residencia en Tlalnepantla de Baz, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora de las constancias que remitió como complemento a su informe con justificación consistente en copias certificadas del expediente laboral SAT 62/2012, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y porque no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución. SEXTO. Es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa, en relación a la violación al artículo 17 Constitucional, y por lo tanto, suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en razón de lo siguiente. En efecto, como lo aduce la parte quejosa, se advierte que el actuar de la responsable transgrede el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la tutela de justicia pronta y expedita, en virtud de que no se han observado los términos a que se refiere la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, en sus actuaciones. Para evidenciar lo anterior, en primer lugar es necesario citar el artículo 17 Constitucional, que en lo que interesa, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia, han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, que establece: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora bien, en el caso concreto se aprecia que la aquí quejosa presentó un escrito ante la responsable el doce de octubre de dos mil veinte, en el que solicitó se despachara auto de ejecución en el expediente laboral SAT 62/2012, con la finalidad de que la parte demandada, diera cumplimiento al laudo emitido el once de junio de dos mil diecinueve, en el expediente citado. No obstante, a la fecha de la remisión del informe justificado (veintidós de junio de dos mil veintiuno), no se advierte que la responsable haya acordado la petición formulada por la parte quejosa, situación que pone de manifiesto la dilación en que ha incurrido la autoridad responsable dentro del procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio origen, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Lo anterior es así, pues desde la fecha que la aquí quejosa presentó el escrito ante la responsable (doce de octubre de dos mil veinte), al día en que se dicta la presente sentencia, han transcurrido poco más de nueve meses, lo que demuestra una evidente dilación por parte de la responsable. Tal actuar de la autoridad responsable, transgrede la garantía de justicia pronta y expedita que otorga nuestra carta magna en favor del gobernado y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues debemos tomar en cuenta que corresponde al Presidente de la Sala Auxiliar vigilar que el procedimiento laboral no se paralice, incluida la etapa de ejecución del laudo, pues es evidente y notorio que ha transcurrido más de un año desde que se dictó el laudo a favor de la quejosa y hasta la fecha no se ha tenido por cumplido; y si bien la ley aplicable no prevé un plazo para la ejecución de laudos, lo cierto es que en su artículo 250, indica que la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita. Lo anterior, deja en completo estado de incertidumbre a la quejosa sobre las consecuencias jurídicas de su actuar en el procedimiento laboral de mérito y pone de manifiesto que la responsable, sin justificación que la respalde, ha desatendido los plazos y términos previstos por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, respecto de la ejecución de sentencia en ese juicio, cuando justamente, es a la que debe sujetar su actuación. De ahí que sea evidente que el derecho de impartición de justicia pronta y expedita que tutela el numeral 17 de la ley fundamental, ha sido violentado. Luego, se concluye que la dilación reclamada por la parte quejosa vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de concretar el juicio. En ese orden de ideas, la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligada a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la quejosa en esta vía constitucional, obligación que incluye vigilar la plena ejecución de sus resoluciones. Por tanto, ante la omisión de la autoridad responsable, lo procedente es conceder la protección constitucional para efecto de que el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, realice lo siguiente: - Emita de forma inmediata el acuerdo correspondiente a la petición efectuada por la parte actora aquí quejosa de doce de octubre de dos mil veinte, en el que solicitó la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral SAT 62/2012. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ...

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