María Magdalena Hurtado Herrada

Expediente 36/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
36/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • María Magdalena Hurtado Herrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada en contra de la sentencia dictada en este juicio, mismo que radicó bajo el número 96/2023; de lo que se toma conocimiento. Ahora bien, toda vez que obra un tomo de pruebas, formado con las constancias allegadas por la responsable como complemento a su informe justificado, remítase el mismo a la superioridad, a fin de se encuentre en aptitud de resolver el recurso de revisión hecho valer. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Roberto Celis..., apoderado legal del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México -tercero interesado-, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto ese recurso, ordenándose distribuir copia del escrito recibido entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno, de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario para su vinculación, a fin de que esté en posibilidad de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1242. Ahora bien, previo cotejo que se realice del instrumento notarial que exhibe con la copia simple que adjunta, de conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvasele mediante oficio la copia certificada de éste. En el entendido que ésta queda bajo su responsabilidad para que, en caso de ser objetada, la presente cuando le sea requerida. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 36/2023-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y remitido el dieciséis de enero siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su apoderada ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 36/2023-I, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se inició en términos del acta de diez de marzo de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento sustanciado por autoridad laboral residente en el ámbito territorial en que este órgano ejerce jurisdicción y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y su Presidente: La resolución incidental de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictada en autos del expediente laboral SAT 62/2012, en la que se resuelve el incidente de liquidación de laudo tramitado en dicho procedimiento. TERCERO. Existencia. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues así lo manifestó la Presidente de dicho órgano al momento de rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo que, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados y con ello se desvirtúa la causa de sobreseimiento invocada por la responsable relativa a la fracción IV del artículo 63. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. No obstante, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni se advierte de oficio que se actualice alguna, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter procesal. Para la resolución del presente asunto, éste juzgador estima relevante destacar los siguientes antecedentes obtenidos del juicio laboral de origen: 1. El once de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó laudo en autos del juicio laboral SAT 62/2012, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 651/2017 (f. 424 anexo). En dicho laudo, se condenó al Ayuntamiento demandado, entre otras, a la reinstalación de la parte actora, así como al pago a su favor de las siguientes prestaciones: El pago de salarios caídos desde la fecha del despido (veintisiete de febrero de dos mil doce), hasta la fecha en que se verificara la reinstalación); Pago de incrementos salariales desde la fecha del despido hasta la de la reinstalación; Pago de aguinaldo desde la fecha del despido hasta la de la reinstalación; Pago de prima vacacional desde la fecha del despido hasta la de la reinstalación; Asimismo, se estableció que a efecto de determinar el monto de dichas prestaciones, debía aperturarse el incidente de liquidación correspondiente, en términos del numeral 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 2. A través de sentencia emitida en sesión celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, en el amparo directo 960/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, negó la protección constitucional al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, promovido en contra del laudo citado. (f. 430 a 453 anexo). 3. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación y se reservó dictar auto de ejecución por las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, hasta en tanto fueran cuantificadas la totalidad de prestaciones a que se había condenado a la parte demandada; asimismo, ordenó la apertura del incidente de liquidación y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia relativa (f. 455 anexo). 4. La diligencia de reinstalación fue diferida en sendas ocasiones, por múltiples causas, sin que ésta se hubiere verificado previo a la emisión del acto reclamado, ni obre constancia de que ésta haya tenido verificativo hasta ahora. (f. 458, 470, 473, 475, 489, 492 y 496). 5. La audiencia relativa al incidente de liquidación, se verificó el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la que se tuvo a la parte actora exhibiendo la plantilla de liquidación relativa, no obstante, ante la falta de la reinstalación, se reservó acordar lo conducente en torno al incidente, pues la cuantificación de las diversas prestaciones motivo de la incidencia, se determinaría con base en la data en que la actora fuera reinstalada (f. 458 anexo). 6. Ante la omisión de la responsable de resolver el incidente de liquidación, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto, mismo que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, y en el que, a través de sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que resolviera la incidencia señalada (hecho notorio, conforme al numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo). 7. En cumplimiento a la sentencia de amparo indicada, la responsable, a través de interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, resolvió el incidente de liquidación (f. 497 anexo). Esta última determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, para una mejor comprensión del sentido que regirá el presente asunto, se resumen los argumentos planteados por la parte quejosa en sus conceptos de violación en los que, en esencia, refiere que se viola en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, en la medida que la responsable: No realiza el cálculo de los salarios caídos con los incrementos salariales que se dieron en el puesto de la trabajadora. No realiza el cálculo del aguinaldo y de la prima vacacional por todo el tiempo de la sustanciación del juicio y hasta su reinstalación. No emite una verdadera resolución interlocutoria, pues no cuantifica las prestaciones que le fueron ordenadas como son los salarios caídos con los incrementos salariales que se dieron en el puesto de la trabajadora, así como el cálculo del aguinaldo y prima vacacional por todo el tiempo de sustanciación del juicio y hasta que fuera reinstalada. Considera que la quejosa tenía que haber acreditado el incremento salarial que señaló en la plantilla de liquidación, siendo que dicha carga le correspondía a la parte demandada, quien al no haber comparecido a la audiencia del incidente, había perdido su derecho de hacer manifestaciones al respecto, es decir, de referir que esos no eran los incrementos del puesto o si fueron otros o si no hubo, además de que tampoco ofreció pruebas para dicho efecto. Al no existir controversia respecto de los incrementos salariales señalados en la plantilla de liquidación, debió cuantificar los salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional con los incrementos salariales señalados por la quejosa. Deja a salvo los derechos para la cuantificación de los conceptos sobre los cuales se tramitó el incidente de liquidación. Contaba con los elementos necesarios para cuantificar las prestaciones, del veintisiete de febrero de dos mil doce a la fecha de emisión de la interlocutoria, y en su caso, únicamente dejar a salvo los derechos de la actora para cuantificar los subsecuentes, hasta que fuera reinstalada. Cabe hacer la precisión de que el presente caso se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 79 fracción V, inciso, por lo tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación suplidos en su deficiencia. SÉPTIMO. Estudio. Derecho de acceso a la justicia de forma completa. A continuación se abordará el estudio de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación esgrimidos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". Precepto constitucional que, respecto al derecho de acceso a la impartición de justicia, establece diversos principios, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, así, conforme a los criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a tal precepto constitucional y a lo dispuesto en los tratados internacionales, se ha concluido que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella; ello, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. En síntesis, se ha sostenido que este derecho comprende tres etapas: i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso, y iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Es decir, se ha interpretado que este derecho no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales; el derecho también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución. Incluso, en los casos en que el propio Estado es quien incumple la ejecución de sentencias y resoluciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que "[l]a obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales adquiere especial importancia cuando quien tiene que cumplir la sentencia es un órgano del Estado, sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial, provincial o municipal, de la administración central o descentralizada, de empresas o institutos públicos, o cualquier otro órgano similar, pues tales órganos forman también parte del Estado y suelen tener privilegios procesales, como por ejemplo, la inembargabilidad de sus bienes. Dichos órganos pueden tener una inclinación a usar su poder y sus privilegios para tratar de ignorar las sentencias judiciales dictadas en contra de ellos". Lo anterior, pues detrás del reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en su modalidad del derecho a la ejecución de las sentencias, no sólo están el derecho subjetivo del vencedor en juicio y el derecho de acceso a la justicia, sino que, para la efectividad del "Estado democrático de derecho", es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales. De ahí que el derecho de acceso a la justicia rige de igual forma en la etapa de ejecución de las sentencias judiciales, subsistiendo en esta etapa los principios a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, entre los que se encuentra el de justicia completa, que consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva sobre sobre si le asiste o no razón. Como se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En relación con ello, es necesario referir que el principio de congruencia, consiste en la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales para decidir efectivamente las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en conflicto, la cual debe observarse no sólo en las sentencias, sino en cualquier resolución jurisdiccional. Por tanto, el principio de congruencia de cualquier determinación judicial, de forma general, estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda (principal o incidental) y contestación formuladas por las partes, y no contener resoluciones ni afirmaciones contradictorias entre sí u omisión alguna. Cobra aplicación la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 77, del Tomo 217-228, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro y texto es: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." Cuestiones elementales para resolver. A efecto de resolver con claridad, se procede a realizar una semblanza de elementos relevantes que conforman el objeto de estudio del asunto. Mediante laudo dictado el once de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral SAT 62/2012, se condenó al Ayuntamiento demandado, entre otras, al pago de las siguientes prestaciones: El pago de salarios caídos desde la fecha del despido (veintisiete de febrero de dos mil doce), hasta la fecha en que se verificara la reinstalación; Pago de incrementos salariales desde la fecha del despido hasta la de la reinstalación; Pago de aguinaldo generado durante la tramitación del juicio; Pago de prima vacacional generada durante la tramitación del juicio; Prestaciones que para su cuantificación, determinó necesaria la apertura del incidente de liquidación, en términos del numeral 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Con posterioridad, se aperturó el incidente de liquidación, y ante la omisión de resolverlo, la actora promovió el amparo indirecto 875/2022, de este índice, en el que, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo para los siguientes efectos: -De inmediato y con plenitud de jurisdicción, emita la resolución en el incidente de mérito dejando a salvo, en su caso, la cuantificación de los conceptos que involucren el pago de una cantidad que no es de fácil liquidación y de los que para su engrose se requiera que se reinstale a la ex trabajadora, o bien, se plantee la respectiva actualización o los incrementos salariales respectivos (lo que deberá precisar de manera clara y concreta). En el entendido que la determinación que emita, deberá notificarla a la parte actora (aquí quejosa) en el domicilio procesal que tenga acordado en autos para tal efecto." Atento a ello, la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, el quince de diciembre de dos mil veintidós, resolvió el incidente de liquidación de laudo en los términos que siguen: ".II. Una vez planteada la Litis consistente en determinar los incremento (sic) salarial que haya sufrido el salario del actor durante la tramitación del presente asunto hasta la fecha en que sea reinstalada es decir del 27 de febrero de 2012 a la fecha de reinstalación, así como los aguinaldos y prima vacacional generados durante la tramitación del presente juicio, se dejan a salvo la cuantificación de dichos conceptos que involucran el pago de una cantidad que no es de fácil liquidación y de los que para su engrose se requiere se reinstale a la actora en la fuente de trabajo, aunado a lo anterior, con las pruebas ofrecidas por la parte actora no acredita el incremento salarial que sufrió el salario de la actora del año 2012 al 2022; por lo que concierne a las demás prestaciones a las que fue condenado el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, esta autoridad procede a determinar su monto de acuerdo a la siguiente tabla: PRESTACIÓN PERIODO MONTO Salarios caídos 27 de febrero 2012 al 15 de diciembre de 2022, corresponden 3944 días por $340.00 salario diario. $1,340,960.00 Aguinaldo 2012 $2,159.00 Vacaciones 2011 $6,800.00 Vacaciones 2012 $1,077.80 Prima vacacional 2012 $269.45 Así como el reconocimiento del tiempo que la actora ha estado separada de su trabajo para efectos de que se compute como antigüedad y la inscripción y pago de cuotas ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Cuantificaciones que deberán de tomar en cuanta (sic), una vez que la parte actora promueva sobre la ejecución del laudo, esta actuante acordará lo que en derecho proceda.- RESUELVE PRIMERO: En atención a lo ordenado en el laudo dictado por esta Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, se abrió incidente de liquidación, en término de lo establecido en el considerando II de la presente interlocutoria, dejando a salvo los derechos de la parte actora para solicitar los incremento salarial (sic) que haya sufrido el salario de la actora, así como los aguinaldo y prima vacacional generados de la del despido 27 de febrero de 2012 a la fecha en que se lleve la reinstalación y acredite fehacientemente los incrementos salarial.-." De la precitada relatoría de actuaciones, se desprende que en el laudo dictado el once de junio de dos mil diecinueve, se determinó que se debía aperturar incidente de liquidación por lo que hacía a las prestaciones consistentes en el pago de salarios caídos, el pago de incrementos salariales, el pago de aguinaldo generado durante la tramitación del juicio; y el pago de prima vacacional generada durante la tramitación del juicio, en virtud que dichas prestaciones debían ser calculadas teniendo como parámetro la fecha en que se reinstalara a la parte actora, circunstancia que a la fecha del dictado del laudo, evidentemente no había acontecido. Ahora bien, mediante sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo indirecto 875/2022-VII, se concedió el amparo a la parte quejosa a efecto de que se resolviera el incidente de mérito dejando a salvo, en su caso, la cuantificación de los conceptos que involucraran el pago de una cantidad que no fuera de fácil liquidación y de los que para su engrose se requiriera que se reinstale a la ex trabajadora, o bien, se planteara la respectiva actualización o los incrementos salariales respectivos. Análisis de constitucionalidad. El suscrito considera necesario establecer la finalidad del incidente de liquidación que se encuentra previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de sustentar el sentido del presente fallo. En ese sentido, los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 843.- En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación." "Artículo 844.- Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse." Del precepto citado en primer lugar puede obtenerse que en los laudos que se dicten, cuando se trate de prestaciones económicas, se establecerá el salario que se tomó en consideración para éstas, cuantificándose el importe de las prestaciones, y permitiendo la apertura del incidente de liquidación únicamente de forma excepcional, es decir, que por regla general las prestaciones deben ser cuantificadas en el laudo, estableciéndose el salario que se tomó como base para su determinación, y solo en caso de que la prestación no pueda ser calculada en ese momento por no contarse con los elementos para ello, será posible, en vía incidental, determinarla. Asimismo, el legislador dispuso en el segundo de ellos, que cuando la condena sea en cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse, sin necesidad de incidente. Preceptos que resultan aplicables a la controversia de origen, pues la Ley Federal del Trabajo es de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de conformidad con su artículo 193. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número PC.III.L. J/21 L (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 44 del Tomo I, en julio de 2017, página 571, cuyos rubro y texto son los siguientes: "LAUDOS DICTADOS EN UN JUICIO BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. PARA CUANTIFICAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS OBJETO DE CONDENA, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 843 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.', para que opere la supletoriedad de una ley es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o las normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Por su parte, el artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé que en lo no previsto por dicha ley se aplicarán supletoriamente y, en su orden, los principios generales de justicia social, que derivan del numeral 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, entre otras fuentes de derecho. Aunado a lo anterior, los artículos 135 y 136 de esta legislación, que regulan lo concerniente a las reglas que deben regir en el dictado de los laudos que emita el tribunal burocrático, nada refieren sobre la cuantificación de las prestaciones económicas materia de la condena decretada en el laudo; mientras que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, dispone que: en los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución y que sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. De ahí que para cuantificar las prestaciones económicas objeto de condena en el laudo dictado en un juicio burocrático en el Estado de Jalisco, es aplicable supletoriamente el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en observancia del principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de normas, que rige tratándose de la supletoriedad de leyes, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la entidad, al dictar los laudos, debe cuantificar las prestaciones económicas materia de condena, cuando cuente con los elementos necesarios para ello, por lo que sólo por excepción podrá ordenar que dicha cuantificación sea materia del incidente de liquidación correspondiente." En ese contexto normativo, en caso de que el salario base para cuantificar las prestaciones económicas condenadas, se encuentre debidamente identificado y únicamente no se cuenta con su actualización, conforme a los incrementos que éste haya sufrido, la autoridad laboral debe cuantificar la condena líquida y, únicamente como excepción, aperturar el incidente de liquidación para calcular la diferencia generada por la actualización del salario en comento, toda vez que, el no contar con los incrementos al salario al emitir el laudo, no actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo en el que, el referido tribunal se encuentra imposibilitado para llevar a cabo la cuantificación de las prestaciones económicas, materia de condena. Lo anterior, como consecuencia de que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo es expreso en establecer que la apertura de un incidente de liquidación es de carácter excepcional, es decir, sólo para el caso de que sea estrictamente necesario; supuesto que no se actualiza cuando la responsable cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo la cuantificación respectiva, lo cual se cumple cuando en la cuantificación de salarios caídos y otras prestaciones laborales, se cuenta con el salario base para calcularlos. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el laudo se haya condenado al pago de salarios vencidos con sus respectivos incrementos y que se tenga que indagar acerca de los aumentos salariales otorgados al puesto que desempeñaba la parte trabajadora, atento a que en la cuantificación de las prestaciones económicas a cuyo pago se condenó a la parte demandada, se deben considerar tales incrementos; empero ello no impide realizar la cuantificación correspondiente. Sin perjuicio de que una vez que se cuente con la información relativa a los incrementos aplicables, se pueda aperturar el incidente de liquidación respectivo, a efecto de calcular las diferencias derivadas de la aplicación de tales incrementos. Ello es así, porque la cuantificación de la cantidad líquida a pagar por las prestaciones económicas a que se condenó al demandado, no depende de los incrementos salariales, al tratarse de prestaciones que ya fueron devengadas y generadas previamente, o bien, aquellas derivadas de la reparación del daño, como consecuencia de la interrupción del nexo laboral, que a la postre, se obtienen de un laudo favorable por culpa del empleador (reinstalación). Lo anterior, atiende al respeto al derecho de acceso a la justicia pronta, previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, el cual prevé la obligación de las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país de privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, evitando prácticas dilatorias en la impartición de justicia. En ese sentido, al determinarse las cantidades líquidas en el laudo, éste se podrá ejecutar de inmediato, sin tener que esperar a que las autoridades requeridas por la información sobre los aumentos al sueldo del cargo que desempeñaba la parte trabajadora, rindan su informe y a que posteriormente la responsable abra el incidente de liquidación correspondiente, para llevar a cabo la cuantificación requerida y, sólo hasta entonces poder proseguir con la ejecución del laudo. Máxime que con la referida cuantificación realizada desde la emisión del laudo, se prevé el posible atraso injustificado en la impartición de justicia que se generaría, si al rendir sus informes correspondientes, las autoridades requeridas manifiestan que no hubo aumentos o incrementos al salario de la parte trabajadora en el periodo de que se trate; motivo por el cual, debe dejarse la incidencia reservada, únicamente para la parte del laudo en la que no se contó con los elementos necesarios para llevar a cabo la cuantificación respectiva, al ser ésta de carácter excepcional, esto es, únicamente para el cálculo de las diferencias derivadas de los incrementos al salario que al momento de emitir el laudo se desconocían. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PR.L.CS. J/8 L (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con registro 2026278, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO CONOCE EL SALARIO BASE, PERO DESCONOCE SUS INCREMENTOS, DEBE CUANTIFICAR LA CONDENA EN CANTIDAD LÍQUIDA Y ORDENAR LA APERTURA DE AQUÉL SÓLO POR LO QUE HACE A LAS DIFERENCIAS GENERADAS POR LA ACTUALIZACIÓN RESPECTIVA. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones diversas al resolver en relación con el tema relativo a si no conocer los incrementos al salario actualiza o no el supuesto de excepción previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en el que el tribunal responsable se encuentra imposibilitado para cuantificar las prestaciones económicas condenadas y, por ende, si éste debe o no llevar a cabo en el laudo la cuantificación respectiva o aperturar el incidente de liquidación. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que si en un laudo se condena al pago de prestaciones económicas, el hecho de no conocer los incrementos al salario no actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en el que el tribunal responsable se encuentra imposibilitado para cuantificar las prestaciones económicas materia de condena; por tanto, en el propio laudo debe llevar a cabo la cuantificación respectiva y, en su caso, aperturar el incidente de liquidación únicamente para cuantificar la diferencia generada por la actualización del salario. Justificación: El artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo es expreso en establecer que la apertura de un incidente de liquidación es de carácter excepcional, es decir, sólo para el caso de que sea estrictamente necesario; supuesto que no se da cuando la autoridad responsable cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo la cuantificación respectiva, lo que acontece tratándose de salarios caídos y otras prestaciones laborales, cuando se cuenta con el salario base para calcularlos. Por esa razón, cuando el tribunal responsable cuenta con la determinación del salario base para calcular las prestaciones económicas a cuyo pago se condenó, y únicamente desconoce los incrementos que ha sufrido, no existe imposibilidad para llevar a cabo la cuantificación de la cantidad líquida al emitir el laudo y, por ende, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el citado artículo 843, conforme al cual se debe abrir el incidente de liquidación, reservado precisamente para este supuesto, únicamente para cuantificar la diferencia generada por la actualización del salario, una vez que se cuente con el informe de las autoridades sobre sus incrementos. Lo anterior, porque la cuantificación de la cantidad líquida a pagar por las prestaciones económicas a que se condenó a la parte demandada no depende de los incrementos salariales, al tratarse de prestaciones que ya fueron devengadas y generadas previamente. Además, en cumplimiento a los principios de justicia pronta y completa, con la cuantificación de la cantidad líquida desde la emisión del laudo, se asegura su ejecución inmediata, sin tener que esperar a que las autoridades requeridas informen sobre los aumentos al sueldo del cargo que desempeñaba la parte trabajadora, lo que también previene un posible atraso injustificado en la impartición de justicia, que se generaría si al rendir sus informes correspondientes, las autoridades manifiestan que no hubo aumentos al sueldo de la parte trabajadora en el periodo requerido." Ahora, si bien en el asunto que nos ocupa no se cuantificaron en el laudo los salarios caídos, no obstante que sí se contaba con el salario base, lo que se pretende destacar en este apartado es que la finalidad primordial del incidente de liquidación es precisamente la cuantificación de prestaciones de las que no era posible resolver al momento del dictado del laudo por falta de elementos suficientes para ello o por ser justamente prestaciones que no son de fácil liquidación, siendo ese el medio procesal oportuno para resolver al respecto. Establecido lo anterior, debe señalarse que la responsable aperturó el incidente de liquidación, en atención a lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil veinte (f. 454 anexo); asimismo, que mediante la planilla de liquidación presentada por la parte quejosa (f. 456 anexo), se advierte que ésta manifestó el incremento salarial que -a su decir- existió en los años de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, y con base en ello, cuantificó lo que consideró que debía pagársele respecto a salarios caídos, aguinaldo y vacaciones (en los mismos periodos), sin que la demandada hubiese realizado manifestación alguna al respecto. Luego, en el juicio de amparo 875/2022, se concedió el amparo a efecto de que se resolviera el incidente, dejando a salvo, en su caso, la cuantificación de los conceptos que involucraran el pago de cantidades que no fueran de fácil liquidación, así como de los que requirieran que la quejosa hubiese sido reinstalada (lo que debió ser entendido en su justa dimensión, es decir, considerando que de suyo el incidente tiene la finalidad de resolver sobre dichas prestaciones). Es decir, la responsable estaba constreñida a resolver el incidente y solo en caso de que considerara que existían prestaciones que pudieran no ser cuantificadas en ese momento por persistir una imposibilidad, debía dejar a salvo los derechos de la quejosa respecto a ellas y resolver en torno a lo que sí podía ser cuantificado. Luego, en el acto reclamado la responsable cuantificó los salarios caídos desde la fecha del despido y hasta el quince de diciembre de dos mil veintidós (fecha en que resuelve el incidente), asimismo, refirió cuantificar lo relativo a aguinaldo de dos mil doce, vacaciones de dos mil once y dos mil doce y prima vacacional de dos mil doce, no obstante que dichas prestaciones ya se encontraban cuantificadas desde el laudo, dejando a salvo los derechos de la quejosa en lo relativo a los incrementos salariales que hubiese sufrido el salario de la actora desde su despido y hasta la fecha de su reinstalación, así como aguinaldos y prima vacacional generados durante la tramitación del juicio, ello por considerar que se trataba de la cuantificación de conceptos que no son de fácil liquidación y de los que para su engrose se requiere se reinstale a la actora en la fuente de trabajo (circunstancia que no justificó). De ahí que asista razón a la quejosa en su concepto de violación g), en el que indica que la responsable contaba con los elementos necesarios para cuantificar las prestaciones, del veintisiete de febrero de dos mil doce a la fecha de emisión de la interlocutoria, y en su caso, únicamente dejar a salvo los derechos de la actora para cuantificar los subsecuentes, hasta que fuera reinstalada, pues ello es acorde al derecho a ejecutar las sentencias, preceptuado en el artículo 17 constitucional. Es así, dado que la responsable se encontraba en aptitud de resolver en torno a la liquidación, al menos de las siguientes prestaciones: salarios caídos desde la fecha del despido y hasta la fecha de presentación de la planilla de liquidación, aguinaldo y prima vacacional (con base en el salario diario acreditado) que se hubieren generado hasta la fecha de presentación de la planilla de liquidación, y no simplemente dejar a salvo los derechos de la actora por considerar que no eran prestaciones de fácil liquidación. En efecto, la autoridad determina dejar a salvo la cuantificación de los incrementos salariales, así como de aguinaldo y prima vacacional generados durante el juicio, por no ser de fácil liquidación y estar supeditados a que se reinstale a la parte actora, no obstante, con dicho proceder incurre nuevamente en la omisión que fue objeto de estudio en el juicio de amparo 875/2022, pues vuelve a dejar las prestaciones supeditadas al verificativo de la reinstalación, misma que, se reitera, es un hecho incierto. Atento a ello, se considera que lo que debió realizar fue liquidar las prestaciones hasta el momento en que se presentó la plantilla de liquidación y dejar a salvo los derechos de la actora respecto a las que se hubiesen generado con posterioridad, pudiendo en todo caso plantear nueva incidencia respecto a un periodo posterior y hasta su reinstalación (caso en el cual se actualizaría la hipótesis de prestaciones cuyo engrose requirieran de su reinstalación), máxime que dichas prestaciones ya le corresponden por derecho. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la tesis I.9o.T.37 L, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, página 337, de contenido literal siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACION. FECHA A LA QUE DEBEN LIMITARSE LOS INCREMENTOS DEDUCIDOS EN UN. Si con motivo de un juicio laboral existe la necesidad de abrir incidente de liquidación para establecer los incrementos que sufrieron las pensiones jubilatorias y con ello el importe de las diferencias correspondientes, y el incidentista presenta su planilla en una fecha determinada, es correcta la condena en la que se consideren solamente los aumentos registrados desde la postergación del derecho generador de la reclamación, hasta el día de presentación de la planilla respectiva, por ser el momento en que se fija la cuestión a dilucidar y la demandada limita sus defensas y ofrece las pruebas pertinentes a los hechos que circunscriben los posibles incrementos ocurridos en ese período; sin que ello implique que el trabajador esté impedido a exigir los aumentos suscitados con posterioridad a esa fecha, hasta que se dé cabal cumplimiento al laudo, porque en tales casos el derecho a percibirlos se encuentra determinado." Asimismo, respecto a los incrementos salariales, la responsable se limita a referir que no son de fácil liquidación, sin embargo, no justifica el porqué en ese momento no pudo determinar lo correspondiente al menos de la fecha del despido y hasta la presentación de la plantilla de liquidación relativa, pues la parte actora exhibió su planilla de liquidación, y si bien la demandada no se pronunció al respecto, ello no resulta impedimento para que se pronuncie en torno a ello, o bien, establezca de forma fundada y motivada la razón por la que no es posible realizar la cuantificación correspondiente, pues se considera insuficiente la sola expresión de que dichas prestaciones no son de fácil liquidación. En efecto, el numeral 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 221.- El Tribunal o la Sala eximirán de la carga de la prueba al servidor público, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, salvo lo relativo al reclamo de tiempo extraordinario. Para tal efecto, requerirá a las instituciones públicas o dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, para que exhiban los documentos que, de acuerdo a esta ley, tienen la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el servidor público. En todo caso, corresponderá a las instituciones públicas o dependencias probar su dicho cuando exista controversia sobre: (.) XI. Monto de pago de sueldos e incorporación y pago de cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y demás prestaciones que se establezcan en la presente ley." De dicho precepto se obtiene que corresponde a la institución pública la acreditación de los salarios y su pago, obligación que subsiste cuando en el incidente de liquidación se discuta la existencia de incrementos salariales, ello en atención a la mayor facilidad con que cuenta la institución para disponer de los elementos probatorios para dicho efecto, atendiendo a la obligación que establece el numeral 220 K de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, respecto a resguardar los documentos relativos a recibos o constancias de depósito o del medio de información magnética o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 4a./J. 50/94, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 207662, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 84, Diciembre de 1994, página 26, de contenido siguiente: "SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION. La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el período que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción." No obstante, la responsable se encuentra en aptitud de llevar a cabo un ejercicio de ponderación y valoración en torno a dicha circunstancia, pues no es posible que la determinación de la prestación se encuentre supeditada a que la demandada se manifieste o no en torno a ello, caso en el cual, el cumplimiento del laudo se encentraría al arbitrio de la condenada. Es por lo anterior, que se considera que la responsable se encuentra en aptitud de pronunciarse respecto a dicho tópico, pues tiene atribuciones para ello conforme al criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro 162814, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2337, de rubro y texto: "INCREMENTOS SALARIALES EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI LOS QUE SE RECLAMAN A UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RESULTAN INVEROSÍMILES POR NOTORIAMENTE DESPROPORCIONADOS LAS JUNTAS DEBERÁN, EN LA ETAPA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, FALLAR CON APEGO A LA VERDAD MATERIAL DEDUCIDA DE LA RAZÓN. La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, señala que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, distribución probatoria que resulta igualmente aplicable cuando dentro del incidente de liquidación el trabajador de un organismo público descentralizado discute la existencia de incrementos salariales en relación con un determinado puesto, no obstante, la aplicación de dicha regla y la consecuencia de tener por presuntivamente ciertos los hechos que el trabajador planteó en su demanda incidental, en caso de que el patrón no demuestre los incrementos que se presentaron en dicho lapso, no resultan válidas si conducen a resultados absurdos o inverosímiles, por ende, si en la litis incidental los incrementos ordinarios se reclaman a una persona moral oficial por montos o porcentajes notoriamente desproporcionados, con fundamento en el artículo 841 de la citada ley, las Juntas deben, en la etapa de valoración de pruebas, evitar absurdos teniendo en cuenta las razones de carácter presupuestario que marca la experiencia y la ordinariedad de la administración pública descentralizada para apartarse del resultado formalista, y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón." Así como el diverso I.7o.T.1 L (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro 2000809, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1928, del tenor literal siguiente: "INCREMENTOS SALARIALES. PARA SU CUANTIFICACIÓN EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VÁLIDAMENTE PUEDEN APARTARSE DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN XII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien conforme al artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, la Junta válidamente puede apartarse del texto legal citado cuando en el incidente de liquidación el actor señala incrementos desproporcionados, respecto de los aumentos a los salarios mínimos o a la realidad económica del país, pues en estos casos debe arrojar la carga de la prueba a quien los señala, por resultar inverosímiles." Máxime que, como se estableció, es justamente el incidente de liquidación el medio procesal a través del cual deben resolverse las prestaciones que no son de fácil liquidación. Sin embargo, en caso de que, aún con ello, considerase que no se encuentra en aptitud de resolver lo relativo a los incrementos, fundada y motivadamente debía expresar el porqué, a efecto de que la parte actora estuviera en posibilidad de perfeccionar en todo caso la investigación de dicha circunstancia, caso en el cual, la responsable también se encuentra en aptitud de girar los oficios correspondientes a efecto de que la demandada informe las actualizaciones al salario, apercibiéndole en los términos de ley. De ahí, que el hecho de que en la sentencia de amparo dictada en el juicio 875/2022, de este índice, se hubiere referido que la responsable podía dejar a salvo, en su caso, la cuantificación de los conceptos que involucraran el pago de cantidades que no fueran de fácil liquidación, así como de los que requirieran que la quejosa hubiese sido reinstalada, no implicaba que la responsable transcribiera dicha fracción de texto en la interlocutoria y con ello pretendiera resolver la incidencia, sino que ésta debió cuantificar lo que fuera posible hasta ese momento y únicamente dejar pendiente lo que pudiese generarse con posterioridad a la presentación de la planilla de liquidación, así como -de estar plenamente justificado, fundado y motivado- lo relativo a los incrementos salariales. Así, al ser fundado y suficiente el concepto de violación analizado, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja, ya que no variaría el sentido de la presente resolución. Sustenta la anterior afirmación el contenido de la jurisprudencia 107, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, registro 917641, página 85, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS." Por las consideraciones apuntadas lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y su Presidente: 1. Dejen insubsistente la interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós; 2. Dicten una diversa, en la que: (1) cuantifique los salarios caídos desde la fecha del despido y hasta la fecha de presentación de la plantilla de liquidación, con base en el salario diario acreditado; (2) cuantifique los aguinaldos y prima vacacional, que se hayan generado durante la tramitación del juicio hasta la fecha de presentación de la plantilla de liquidación, con base en el salario diario acreditado; (3) deje a salvo los derechos de la quejosa para que, en su caso, plantee nueva incidencia respecto a dichas prestaciones, generadas en un periodo posterior y hasta su reinstalación. (4) Se pronuncie con libertad de jurisdicción respecto a los incrementos salariales, lo cual podrá realizar en dos sentidos: Valorando los datos aportados por las partes en la incidencia y resolviendo fundada y motivadamente sobre dicha prestación, desde la fecha del despido y hasta la fecha de presentación de la plantilla de liquidación; evitando aspectos inverosímiles y teniendo en cuenta las razones de carácter presupuestario que marca la experiencia y la ordinariedad de la administración pública descentralizada para apartarse del resultado formalista y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón; o, Determinar fundada y motivadamente la razón por la cual no le es posible determinar lo correspondiente, a efecto de que la parte actora esté, en su caso, en posibilidad de perfeccionar su planteamiento, sin que el motivo pueda ser que la demandada no hubiese desahogado la vista correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, fundado, se R E S U E L V E ÚNICO La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por conducto de su apoderada ********************, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando SÉPTIMO de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la representación social federal de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que el diez de marzo del presente año, se celebró la audiencia constitucional en el expediente citado al rubro y se turnaron los autos para la elaboración de la resolución correspondiente. Por tanto, con el fin de no dejar promoción pendiente por acordar, apertúrese cuaderno de antecedentes y agréguese el oficio de la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias del expediente laboral ********************, que remitió al momento de rendir su informe justificado. Atento a ello, como lo solicita, mediante oficio que al efecto se envíe, remítasele copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese.

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