Maria Magdalena Morales Rodríguez
Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Maria Magdalena Morales Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme al artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de julio de dos mil veintitrés. Escrito. Por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés. Desechamiento. La quejosa reclama los autos de veintiséis y treinta de mayo de dos mil veintitrés, emitidos en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se autoriza al actuario adscrito a la mencionada autoridad ordenadora constituirse en el domicilio de la demandada, aquí quejosa, a fin de sustraer bienes de su propiedad señalados para embargo. Del contenido de los escritos de demanda y aclaración se advierte que a la quejosa le asiste el carácter de parte demandada en el juicio de origen, en el cual a la fecha no se ha dictado sentencia y que la suerte principal reclamada es de ******************** En virtud de lo anteriormente relatado se advierte que respecto del citado acto reclamado la demanda de amparo resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." La fracción invocada en líneas que anteceden, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De los actos reclamados, el Código de Comercio prevé los recursos de revocación o apelación, según sea la cuantía del negocio, y toda vez que de la demanda de amparo se advierte la suerte principal, se procede al estudio de los recursos que dependiendo de la cuantía tiene a su disposición la parte quejosa antes de interponer el juicio de amparo indirecto. Si la suerte principal en el juicio de origen, es mayor a ******************** procede el recurso de apelación de conformidad con los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, ahora, si la suerte principal en el juicio que dio origen al acto reclamado, es menor a la señalada, procede el recurso de revocación de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio. En razón de que al hacerse una lectura armónica de los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio con los principios que rigen la materia e instancia en que se actuó, se advierte que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a la cantidad mencionada, por concepto de suerte principal; sin embargo, por su parte, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con lo cual se está estableciendo el medio de impugnación ordinario contra aquellos autos que no fueren apelables. Así leído, atendiendo al criterio del monto del negocio, el propio código señala que el medio ordinario contra proveídos dictados en juicios mercantiles de cuantía menor, es el recurso de revocación. Dicho de otro modo, que de una interpretación armónica de los preceptos invocados, se concluye que todos los autos dictados en un juicio mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334, del Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, registro 2011695, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 979, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente". De igual forma de sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, registro 163734, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". En tal virtud, como ha quedado asentado, la quejosa no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que al ser parte demandada en el juicio de origen, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios que se aluden, y con él obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado; y si no los agotó antes de acudir al amparo, dichos actos carecen de definitividad, motivo por el cual surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso numeral 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 307/2022, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión 931/2022, en la cual resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. En materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia con fecha de engrose de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 307/2022." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es conservable, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acuerda y firma la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida de la licenciada Maribel Villanueva Salas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. Ahora bien, de las constancias que integran la controversia 1796/2022, se advierte la actualización de una causal de improcedencia en el juicio en que se actúa. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Las omisiones, abstenciones y retardos en que ha incurrido la autoridad responsable dentro de los autos de la controversia judicial 1796/2022." Efectivamente, de las constancias que integran el expediente electrónico habilitado por la autoridad judicial responsable, en cumplimiento a lo requerido por este juzgado, correspondientes a la controversia judicial 1796/2022, promovido por Iván Rafael Graciano Escajeda, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en actuación de trece de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un acuerdo, en el cual tuvo al defensor público aceptando y protestando su cargo, asimismo se advierte que la autoridad responsable requirió al Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS-Durango", en Gómez Palacio, Durango, misma que fue omisa en dar contestación, asimismo vuelve a realizar requerimiento a la autoridad penitenciaria, por último señala fecha para que tenga verificativo la audiencia de la controversia de los que derivan los actos reclamados, señalando los lineamientos para su celebración, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que las omisiones y abstenciones de dar continuidad a su controversia lo cual constituyen los actos reclamados cesaron al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable se encuentra realizando las acciones necesarias para la resolución de la controversia con número 1796/2022, de su índice; lo cual se comprueba con la actuaciones del expediente que se encuentra habilitado por la misma. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En consecuencia a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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