María Magdalena Castellanos González

Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
296/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • María Magdalena Castellanos González

Actuaciones

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse otorgado la suspensión provisional, lo que ocurrirá en el plazo de cinco años, en términos del numeral vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, conforme con el diverso vigésimo, fracción III, del acuerdo general de que se trata. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de diciembre de dos mil veinte. Reanudación. ... Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. ... Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral vigésimo primero, fracción II y último párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, María Magdalena Castellanos González solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III. Autoridades responsables --- El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (.), Ciudad de México. --- El Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Torreón, Coahuila (sic) (.). --- La Coordinadora Clínica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (.) Torreón, Coahuila (sic) --- Acto reclamado. --- Respecto de las autoridades denominadas (i) el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, (ii) Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Torreón, Coahuila (sic); (iii) Coordinadora Clínica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamo: la violación directa a mi derecho humano a la salud consistente en la omisión de no reagendar la consulta programada el pasado veinticuatro de abril (sic) para mi atención médica, pues requiero colocarme un stent a través del procedimiento quirúrgico denominado angioplastia carotidea, cirugía de tiempo sensible; diagnostico, que consta en el formato que contiene la "referencia - contrareferencia" del pasado once de febrero, además de la atención precisa a mi problema de salud por el especialista en medicina interna; y restablecer mi derecho humano a la salud. Además la suscrita pertenezco a un grupo en situación de vulnerabilidad como lo son las personas adultas mayores, por lo que existe una obligación reforzada de respeto y garantía de mi derecho a la salud. Lo anterior se traduce en la obligación de las responsables de brindarme las prestaciones de salud que sean necesarias de manera eficiente y continua". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veinte, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 296/2020-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Por auto de siete de agosto de dos mil veinte, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19). Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 500, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: i. La omisión de señalar cita médica de consulta, con el médico especialista, y como consecuencia, la tardanza en el tratamiento de su padecimiento y de la correspondiente cirugía de angioplastia carotidea de tiempo sensible que requiere, con motivo del diagnóstico prescrito en el formato de "referencia-contrareferencia" de once de febrero de dos mil veinte. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director y Coordinador Clínico del Hospital General de Zona, con Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituyen confesiones expresas con valor probatorio pleno, para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroborada con las constancias relativas al acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por las propias autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por su parte, la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede la Ciudad de México, fue omisa en rendir informe justificado respecto del acto atribuido, pese a que fue legalmente emplazada al procedimiento, como se advierte de la constancia de notificación existente en autos; por lo que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto atribuido. Es aplicable, la tesis sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2044, tomo XVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO OMISO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de señalar cita médica de consulta, con el médico especialista, y como consecuencia, la tardanza en el tratamiento de su padecimiento y de la correspondiente cirugía de angioplastia carotidea de tiempo sensible que requiere, con motivo del diagnóstico prescrito en el formato de "referencia-contrareferencia" de once de febrero de dos mil veinte, y las citadas autoridades responsables remitieron copia certificada del expediente médico de la quejosa, entre las que se encuentra, la nota de catorce de mayo de este año, en la que se realizó la valoración correspondiente por médico internista adscrito a dicha institución hospitalaria, y se otorgó cita en el área de angiología, para tratamiento especializado. Además, también se advierte la nota médica de diecinueve de mayo de dos mil veinte, en la que se realizó a la quejosa cirugía de angioplastia carotidea de colocación de sent, y fue valorada de nueva cuenta el diez y catorce de septiembre de este año, respectivamente. Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo ha cesado, al haber dejado de surtir sus efectos, con motivo de la valoración médica de catorce de mayo de este año, y la correspondiente cirugía de angioplastia carotidea de colocación de sent, de diecinueve de mayo de dos mil veinte, y sus consecuentes valoraciones médicas de diez y catorce de septiembre de este año, todo ello practicado a la parte quejosa. Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que las autoridades responsables practicaron las valoraciones médicas a la parte quejosa respecto de su padecimiento, e incluso realizaron el procedimiento quirúrgico correspondiente, respecto de los males que aquejan a tal paciente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por el Titular de la Dirección de Amparos Fiscales en suplencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con transcripción del presente proveído, remítase a la autoridad oficiante copia autorizada de la demanda de amparo, a fin que esté en aptitud de imponerse de los presentes autos. Notifíquese.

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