Maria Margarita Aspeitia Valadez

Expediente 996/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
996/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Maria Margarita Aspeitia Valadez
  • Jefa de Oficina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha le transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de quince de julio del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es depurable, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no aparece que se haya notificado personalmente a la quejosa María Margarita Aspeitia Valdez, el auto de quince de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Se ordena notificación. Ahora bien, considerando lo anterior y con el afán de subsanar la citada omisión, se comisiona al actuario de la adscripción, para que inmediatamente practique la notificación ordenada en el proveído de referencia a la quejosa antes mencionada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de resolución dictada por la superioridad, con motivo del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veinte. Hágase del conocimiento de las partes que al resolver dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO.- SE CONFIRMA el auto recurrido de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, en el juicio de amparo indirecto 996/2020, promovido por María Margarita Aspeitia Valadez. SEGUNDO.- SE TIENE POR AMPLIADA LA DEMANDA DE AMPARO indirecto promovida por María Margarita Aspeitia Valadez, contra actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social, Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en la Ciudad de México." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo la ejecutoria en comento, debiéndose destruir el cuadernillo que anexa la superioridad, toda vez que se trata de copias certificadas del expediente en que se actúa. Acuse y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los efectos legales conducentes. Reanudación de procedimiento. Por otra parte, toda vez que por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se ordenó suspender el procedimiento, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja referido, situación que en la especie ya aconteció, haberse resuelto los recursos de queja por la superioridad; por tanto, se reanuda el procedimiento en el juicio en que se actúa. Cumplimiento a la resolución de queja. En cumplimiento a la resolución de queja, como lo ordena la superioridad, se tiene por ampliada la demanda de amparo en los términos a que se contrae el auto de dos de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 102 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, se reanuda el procedimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa María Margarita Aspeitia Valadez, en su escrito inicial de demanda, reclama de las autoridades responsables al Instituto Mexicano del Seguro Social, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ombusdman de México como representante de la Comisión de los Derechos Humanos, Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, Unidad Médica Familiar número Cuarenta y Tres, Hospital General de Zona número Cuarenta y Seis, con residencia en Gómez Palacio, Durango, la negativa de extenderle su licencia que la exente de presentarse físicamente a desempeñar su trabajo de químico clínico adscrita a las clínicas 46 y 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad de Medicina Familiar, según se advierte de la demanda y escrito de ampliación de la misma, en virtud de la contingencia Covid-19, al haber sido portadora del virus SARS Covid-19 y pertenecer al grupo de personas vulnerables. En el caso, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..". Por acto de autoridad se entiende aquel acto unilateral a través del cual un órgano del Estado, en un plano de supra a subordinación y en ejercicio de una facultad decisoria, con fundamento en una norma legal crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para clarificar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, a través de la cual éstos actúan en un mismo plano; así, para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente, porque esas partes se encuentran en el mismo nivel; es decir, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese sentido, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la relación establecida entre la quejosa María Margarita Aspeitia Valadez y las autoridades señaladas como responsables, que a saber lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Gómez Palacio, Durango, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado no es un acto de autoridad, al existir un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Efectivamente, los actos atribuidos a las autoridades responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, como se refirió, es evidente que al solicitarle reingrese a su centro de trabajo para desempeñar su actividad de químico clínico, y no otorgarle una licencia para el resguardo domiciliario estricto, no actúan en un plano superior al de la peticionaria de amparo, ni la consideran como gobernada, sino que ese acto lo determinaron en su calidad de patrones, y en todo caso, esa determinación incide en la esfera de sus derechos como trabajadora. En otras palabras, la determinación reclamada, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la quejosa como particular, pues su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, como es evidente, consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional. Por consiguiente, no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos datos de localización se encuentran pendientes de publicación, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida". No escapa a consideración, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". No obstante ello, si bien en el citado criterio jurisprudencial se establece que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo -lo cual pudiera hacerse extensivo al presente sobreseimiento fuera de audiencia-; lo cierto es que de la ejecutoria que dio origen a la referida jurisprudencia, se advierte que el Máximo Tribunal del país también destacó que de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo se desprende la posibilidad de advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso específico, atendiendo al escrito de demanda, ampliación y a los anexos que se acompañen y, así, considerarla probada, sin lugar a dudas, cuando los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o porque estén acreditados con elementos de juicio indubitables. De modo que, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no son necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Tal circunstancia se actualiza en la especie, pues el hecho que el Instituto Mexicano del Seguro Social no sea considerados como autoridad para efectos de este juicio de amparo, se desprende del solo análisis de la demanda, por las razones que se expusieron a lo largo del presente proveído. Por tanto, en la especie, no resulta aplicable la jurisprudencia en cuestión, por no actualizarse el requerimiento esencial para su aplicación, esto es, que de la demanda no se desprenda la naturaleza de la actuación del particular señalado como autoridad responsable; aunado a que, tal criterio se refiere a aquellos supuestos en los cuales se hubiere señalado como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, lo que no acontece en el caso particular. Además, de postergarse tal situación hasta la etapa de celebración de la audiencia constitucional, este juzgado federal no llegaría a un convencimiento distinto a partir de la totalidad de los informes justificados ni de las pruebas aportadas, por lo que se considera que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción II de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, las autoridades no tienen el carácter de responsables, sino de patrones. Sin que pase inadvertida la circunstancia especial, que en algún momento de la contingencia sanitaria, en aras de privilegiar el acceso a la justicia, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; no obstante ello, hoy en día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, y entonces, la parte quejosa debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento pertinente, ya que la jurisdicción ordinaria está restablecida. Orienta lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 79, octubre de 2020, tomo I, página 588, que señala lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras". En consecuencia, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Reserva. Sin haber lugar a emitir pronunciamiento alguno en torno a la reserva emitida en los autos de veintidós, veintisiete y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, pues en el caso particular deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Informes. Visto lo de cuenta, se reciben el informe relativo a la suspensión de plano y el informe justificado rendidos por la autoridad responsable, y agréguense a los autos de este juicio para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, este juzgado se reserva acordar lo conducente hasta que se reanude el procedimiento de este juicio, en virtud a que fue suspendido en auto de seis de abril del año en curso, con motivo de la queja interpuesta por la autoridad responsable. Notifíquese.

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