María Magdalena Aguilar González

Expediente 1990/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1990/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • María Magdalena Aguilar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es:Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El once de diciembre de dos mil dieciocho , se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Magdalena Aguilar González, contra los actos reclamados Congreso, y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, consistentes en el artículo 21, fracción I, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho. Posteriormente, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve , causo ejecutoria dicha determinación y en consecuencia se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I párrafos primero y segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $20,253.36 (veinte mil doscientos cincuenta y tres pesos 36/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número dieciocho mil seiscientos catorce, que pagó el once de septiembre de dos mil dieciocho . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit , para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Cabe precisar que dentro de las cantidades a devolver, no se encuentra la suma de $148.00 (Ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), ni la diversa por el monto de $4,182.58 (Cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 58/100 moneda nacional), relativos al cobro de "cancelación de inscripción" e "inscripción de préstamo hipotecario", según se aprecia de la impresión de pago que exhibió la parte quejosa adjunta a su demanda de amparo por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (foja 15); toda vez que el cobro de tales conceptos no se contempla en las disposiciones legales reclamadas . [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto...". En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente:  Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, en relación con los diversos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales.  Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $20,253.36 (veinte mil doscientos cincuenta y tres pesos con treinta y seis centavos 36/100 centavos moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, FOM. EDUCACIÓN, ASIST. SOCIAL y U.A.N".  De igual forma, dentro de la cantidad a devolver no se encuentra la suma de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y $4,182.58 (cuatro mil ciento ochenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos 58/100 moneda nacional) relativos al cobre por concepto de "cancelación de inscripción" e "inscripción de préstamo hipotecario", pues el cobro de tales conceptos no se contempla en las disposiciones reclamadas.  En el entendido de que la cantidad a devolver debía estar debidamente actualizada. En atención a lo anterior, mediante diversos comunicados se tuvo al recaudador responsable informando diversas gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de autos, así hasta que por oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho de febrero de este año registrado con el número de folio 5071 y suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el trece de febrero del año en curso, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $13,727.74 (trece mil setecientos veintisiete pesos con setenta y cuatro centavos 74/100 centavos moneda nacional), cantidad que en su momento erogó la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió copia de dicha transacción bursátil . Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogo a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $20,253.36 (veinte mil doscientos cincuenta y tres pesos con treinta y seis centavos 36/100 centavos moneda nacional), por los siguientes conceptos: Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar el monto de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y $4,182.58 (cuatro mil ciento ochenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos 58/100 moneda nacional), toda vez que no derivaron de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, así como la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, párrafos primero y segundo, de la mencionada ley de ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo; además, deben de descontarse los impuestos adicionales respecto de dichas cantidades, pues no derivan de los arábigos tildados de inconstitucionales, los cuales suman $2,251.90 (dos mil doscientos cincuenta y un pesos con noventa centavos 90/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $13,390.88 (trece mil trescientos noventa pesos con ochenta y ocho centavos 88/100 centavos moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el once de septiembre de dos mil dieciocho y la transferencia por la que se reintegró la suma en comento se realizó el trece de febrero del año en curso; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de febrero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año pasado entre el índice para el de diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero y enero de dos mil diecinueve, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha en que el recaudador responsable realizó el pago aludido, pues dicha devolución se llevó a cabo el trece de febrero del año en curso , por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice para el mes de febrero de la anualidad que transcurre, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de enero de la presente anualidad. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492; y para el de diciembre del mismo año de 103.020 ; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.02515. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de $13,727.74 (trece mil setecientos veintisiete pesos con setenta y cuatro centavos 74/100 moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad $13,727.74 (trece mil setecientos veintisiete pesos con setenta y cuatro centavos 74/100 moneda nacional), por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIMENTADA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio remite copia simple de las operaciones aritméticas y mecánica con que dio cumplimiento a ésta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, asimismo con el comunicado DCJ/843/2019 (foja 137), por el que se tuvo a dicha responsable manifestando que el trece de este mes y año realizó a la parte quejosa una transferencia interbancaria por la cantidad de $13,727.74 (trece mil setecientos veintisiete pesos con setenta y cuatro centavos 74/100 moneda nacional) a través de la institución bancaria BANORTE y copia simple del Reporte de Transferencia SPEI (foja 138), dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido este juzgado federal con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta suscrito por ***, delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio informa que el trece de este mes y año realizó a la parte quejosa una transferencia interbancaria por la cantidad de *** a través de la institución bancaria BANORTE, asimismo, anexa copia simple del Reporte de Transferencia SPEI. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar y con su contenido se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito, sino únicamente en vías de cumplimiento en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ahora, de la sentencia de veintiséis de diciembre del año pasado, se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I párrafos primero y segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de *** , fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número dieciocho mil seiscientos catorce, que pagó el once de septiembre de dos mil dieciocho . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit , para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En el entendido de que dicha cantidad debía encontrarse debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el once de septiembre de dos mil dieciocho y, el trece de febrero de este año el recaudador responsable acreditó haber realizado una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año próximo pasado entre el índice para el de enero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del año que cursa, aun no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de enero de dos mil diecinueve. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto del año pasado fue de 100.492; y para el mes de enero de esta anualidad fue de 103.108; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.02603. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de $16,049.99 (dieciséis mil cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos 99/100 moneda nacional).

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el comunicado de cuenta suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; por medio del cual, en atención al fallo protector concedido, informa que la parte quejosa proporcionó los datos requeridos a efecto de llevar a cabo el trámite correspondiente en la Dirección General de Tesorería a fin de hacer la devolución adecuada, asimismo que una vez que haga la citada transferencia le informará a la parte quejosa; para acreditar lo anterior remite copia simple de la solicitud de pago en mención. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar; en la inteligencia de que no se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito, sino únicamente en vías de cumplimiento en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, hágase del conocimiento de la citada responsable que deberá seguir realizando las gestiones necesarias a fin de dar total cumplimiento a la sentencia concesoria, por tanto, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente realice la devolución correspondiente a la parte quejosa; lo cual, una vez realizado, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional a la brevedad posible, remitiendo las constancias que así lo acrediten. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de seis de este mes y año (fojas 127 y 128)

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