María Luisa Soto Ceja
Expediente 440/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 31/07/2018
Partes del expediente
- María Luisa Soto Ceja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el seis y doce de abril y seis de julio de dos mil dieciocho, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, ambos con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de nueve de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante ejecutoria de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, terminada de engrosar el seis de marzo del citado año, dentro del expediente 675/2017, correspondiente al amparo en revisión 641/2017, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dejó firme la concesión del amparo en la parte que se indicó en la sentencia recurrida de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio en que se actúa, y modificó la aludida con la finalidad de sobreseer y conceder la protección federal instada para efectos de que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le reintegre las cantidades que le fueron descontadas por el concepto 53 (fondo de pensiones), con motivo de los descuentos efectuados en los recibos de nómina de quince y veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, así como los posteriores que se hubieren efectuado conforme a los numerales declarados inconstitucionales. Ante ello, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, ambos con sede en esta ciudad, reintegraron a la quejosa la cantidad que precisaron (fojas 459 y 468), asimismo, desincorporaron de su esfera jurídica los numerales de previa cita (folios 481 a 484). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, debido a que, por una parte, la suspensión se concedió respecto de los actos reclamados, a excepción de la resolución relativa a su otorgamiento, la cual deberá conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos los libelos de cuenta presentados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan que se le notificó a la parte quejosa que se le desincorporó de su esfera jurídica, lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con los escritos de cuenta y anexos, así como con el oficio y anexos de fecha seis de abril de dos mil dieciocho (fojas 458 a la 460), para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos los libelos de cuenta presentados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan que se le notificó a la parte quejosa que se le desincorporó de su esfera jurídica, lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con los escritos de cuenta y anexos, así como con el oficio y anexos de fecha seis de abril de dos mil dieciocho (fojas 458 a la 460), para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que se encuentra pendiente de resolver en cuanto al cumplimiento al fallo protector realizado por el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, sin que se hubiese realizado manifestación alguna en el plazo concedido como se advierte de la certificación de cuenta; por lo que, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el sumario en que se actúa, el fallo en mención se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante ejecutoria dictada dentro de los presentes autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las responsables respecto de la esfera jurídica de la parte quejosa, desincorporan los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se le reintegraran las cantidades que le fueron descontadas por concepto 53 (fondo de pensiones). En ese tenor, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, informó que se le hizo una transferencia bancaria por la cantidad de nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos con cinco centavos, como se aprecia de la documental que obra glosada en el expediente en que se actúa (fojas 458 y 459). Sin embargo, hasta la fecha las responsables fueron omisas en informar que se le desincorporaron de su esfera jurídica los numerales señalados con anterioridad y destacados en el ejecutoria de autos, de ahí que no se pronuncie este Juzgador en cuanto al cumplimiento total de la misma. En consecuencia, fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia, que le continúan subsistiendo los apercibimientos efectuados en autos.
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