María Magdalena de Jesús Flores Bañuelos
Expediente 86/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2019
Partes del expediente
- María Magdalena de Jesús Flores Bañuelos
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa un testimonio certificado de la ejecutoria de cinco de septiembre del año en curso, pronunciada dentro de la queja 47/2019 de su índice, relativo al juicio de garantías 86/2019. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia, que se declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa María Magdalena de Jesús Flores Bañuelos, promovido en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por el que se DESECHÓ por notoriamente improcedente la demanda de amparo, instaurada por la citada promovente del amparo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Finalmente, agréguese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes a partir de la presentación del recurso de queja de que se trata. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por **********, en su carácter de autorizado de los quejosos *******************, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en auto de once de enero del año en curso (fojas 357 a 358), pretende ampliar la demanda de amparo; al respecto, no se tiene por cumplido el requerimiento indicado, toda vez que el promovente carece de atribuciones para desahogar el mismo, ello no obstante de que se encuentre autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Es decir, dicho cumplimiento debe realizarlo forzosamente quien promueve la demanda de amparo, ya que se traduce en un acto personalísimo que sólo el titular de la acción en quien recae el perjuicio puede determinar datos relacionados con el acto que reclama, lo que no acontece en la especie. Ello es así, pues el señalamiento de una nueva autoridad responsable, el acto a ésta atribuido y la formulación de los conceptos de violación, implica la realización de cuestiones ajenas que no provienen directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. En esas condiciones, continúa transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa en auto de once de enero de este año.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el quejoso ** a través del cual en atención a la vista relativa al auto de veintitrés de enero del año en curso, expone que el seis de diciembre del año pasado, recibió un cheque por la cantidad de ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 como lo acredita con el anexo que acompaña; en consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones en cumplimiento del fallo protector. Por otra parte, vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Delegado de las autoridades responsables Tesorería y Síndico Municipales del Ayuntamiento de Tepic (fojas 101 a 104 y 108 a 109), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintitrés de enero de la presente anualidad (foja 110), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, término dentro del cual realizó manifestación como se advierte de la cuenta que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 48 a 61), se determinó conceder al quejoso Marco Antonio Corona García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) En lo que respecta al artículo 11 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá desincorporarse la obligación tributaria impuesta en el ticket de pago y, por ende, la consecuencia por la violación al principio de proporcionalidad obliga a restituir por los montos pagados por concepto de "UAN". b) En lo que respecta al pago por el permiso y/o licencia de "tiempo extraordinario de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas", previsto en el catálogo de giros inmerso en la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, ejercicio fiscal dos mil dieciocho, al no estar regulado en la norma, deberá devolverse íntegramente la cantidad pagada por dicho concepto en el ticket 025423052018000174; y sin embargo, ello solo significa que la autorización del horario extendido no generará un costo, pero el funcionamiento del establecimiento se sujetará al tiempo autorizado en cumplimiento de la normatividad municipal. **Es preciso señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aunque no haya sido señalada como responsable conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Sentencia que causó ejecutoria el seis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 89 y 90), por lo que se requirió al Síndico y Tesorero, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el siete y dieciocho de diciembre del presente año (fojas 95 a 96, 101 a 103 y 108 a 109), el delegado de las responsables Síndico y Tesorero, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del cheque número 122864, recibido por el aquí quejoso (foja 96), en el cual se advierte que devolvió la cantidad de $8,531.35 (ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 moneda nacional), que corresponde al monto erogado por el quejoso con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de determinar si la cantidad de $8,531.35 (ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 moneda nacional), efectivamente corresponde al pago actualizado realizado por la quejosa por concepto de los referidos impuestos y derechos impugnados, es pertinente manifestar que mediante sentencia definitiva se ordenó devolver al quejoso la referida cantidad de $8,382.40 (ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional) que corresponde a lo que erogó por el derecho e impuestos en comento. Como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y el seis de noviembre siguiente, se tuvo a la autoridad responsable informando que había emitido el cheque número cheque número 122864, recibido por el aquí quejoso (foja 96), en el cual se advierte que devolvió la cantidad de $8,531.35 (ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 moneda nacional), que corresponde al concepto de actualización fiscal, por el cual la autoridad responsable pretende devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a octubre del año próximo pasado. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre entre el índice para el mes de abril, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue de 126.242; y para el mes de octubre de dicha anualidad fue de 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01960. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909; y para el mes de noviembre de la presente anualidad fue de 102.303. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02396. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $8,575.53 (ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 53/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $193.13 (ciento noventa y tres pesos 13/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad $8,531.35 (ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $8,575.53 (ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 53/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $8,531.35 (ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $44.18 (cuarenta y cuatro pesos con 18/100 moneda nacional); no obstante tal circunstancia la parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre el faltante que tenía que devolver la autoridad con motivo de la vista otorgada por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve; por ende, respecto del numerario faltante de $44.18 (cuarenta y cuatro pesos con 18/100 moneda nacional); dígasele al solicitante del amparo que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer a través del recurso de inconformidad en contra de la presente determinación conforme lo dispuesto al artículo 201 de la Ley de Amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que obste a lo anterior que la responsable indique en su oficio presentado ante este Juzgado el veintidós de enero del año en curso, que entregó el cheque con número 0122865, por la cantidad de trece mil pesos a la parte quejosa, acompañando constancia de entrega por la cantidad de $13,790.40 (trece mil setecientos noventa pesos 40/100); sin embargo, pese a esa certificación, de autos se advierte que el cheque recibido por la parte quejosa corresponde al número 0122864, por la cantidad de $8,531.35 (ocho mil quinientos treinta y un pesos 35/100 moneda nacional). Por tanto, se estima que dicha manifestación de la autoridad constituye un error en cuanto al número de cheque recibido, pues del diverso juicio de amparo 1313/2018 del índice de este Juzgado, el cual se tiene a la vista en este momento y constituye un hecho notorio para este Órgano Jurisdiccional, se observa que el cheque que invoca con número 01222865, se emitió en cumplimiento a la sentencia de dicho expediente, por la cantidad de $13,790.40 (trece mil setecientos noventa pesos 40/100); a favor del distinto quejoso César Rodríguez Betancourt; en consecuencia, no ha lugar requerir al aquí quejoso a efecto de que reintegre cantidad alguna, como lo solicitó en su comunicado recibido el veintidós de enero de dos mil dieciocho. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable denominada Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Nayarit o Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en informar el acatamiento dado al fallo protector concedido en autos a la parte quejosa Multigas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a dicha autoridad, para que dentro del término de CINCO DÍAS, se sirva dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en la inteligencia de que dicho lapso comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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