María Luisa Hernández Galvan

Expediente 339/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
339/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2016

Partes del expediente

  • María Luisa Hernández Galvan

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el trece de abril de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por *********, sin que lo hayan hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, formulada por ********, contra actos del Juez Cuarto Menor del Partido Judicial de esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el número 339/2016-IV. Ahora bien, de la lectura de la demanda se estima, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar lo previsto en el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V , ambos de la ley de la materia, que se refiere a cuando se reclaman actos dictados dentro de juicio que no tengan la característica de ser de imposible reparación. Improcedencia que implica que los actos dictados durante juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, puesto que de la demanda destacan como acto reclamado el auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, que desecha las pruebas confesional y testimonial en el juicio ejecutivo mercantil M-1675/2015, por la responsable afirmando que fueron relacionadas en forma genérica con los hechos. De lo anterior se observa que la actuación reclamada, no tienen una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos del peticionario del amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, puesto que sus efectos son eminentemente intraprocesales. Esto porque cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, siempre que resulte favorable a los intereses de la quejosa, o en caso contrario, por medio del juicio de amparo directo que en su contra se haga valer. Debe enfatizarse también que la vigente Ley de Amparo no acogió los criterios jurisprudenciales inherentes a que -al tenor de lo previsto en la abrogada ley de la materia- se entiende por actos de imposible reparación: los que afecten derechos sustantivos y violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ello puesto que en su numeral 107, fracción V, establece que el juicio biinstancial procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y a diferencia de la ley abrogada, ahora precisa que se entiende por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras la anterior Ley de Amparo en su numeral 114, fracción IV, preveía la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; pero no precisaba qué debía entenderse por estos últimos y fue en jurisprudencia donde surgió el criterio relativo a que, de manera excepcional, el juicio de amparo biinstancial también procedía tratándose de algunas violaciones procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, al establecer la vigente Ley de Amparo qué debe de entenderse por actos dentro de juicio de imposible reparación y no incluir violaciones formales, adjetivas o procesales de ningún tipo, evidente es que las jurisprudencias que estimaban cuándo una violación procesal reunía esa característica, no están vigentes, conforme a lo estatuido en el artículo sexto transitorio de la propia ley; en atención a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora sí precisa el alcance de lo que se debe entender por actos de imposible reparación, al establecer que son "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo que se aprecia, que para ser calificado un acto como irreparable, necesita producir una afectación "material" a los derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impida en forma "actual" el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Máxime que debe recaer sobre derechos que rebasen lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. Así, del propio precepto legal se desprende que para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el procedimiento, se tomaron en cuenta dos aspectos: 1.- Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2.- Que los derechos afectados materialmente sean "sustantivos", y no de naturaleza "formal o adjetiva", pues en este último caso, la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, pues sería hasta ese momento procesal que podría consumarse una afectación en forma real. Criterio que es acorde a lo interpretado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 37/2014 (10a.) , que enseguida se reproduce: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, es claro que las formalidades y requisitos establecidos para admitir una demanda de amparo no son arbitrarios en consideración a que ningún derecho fundamental es absoluto, ya que admiten restricciones, de manera que el desechamiento de una demanda no puede entrañar per se, vulneración al derecho fundamental al debido proceso que se consagra en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conlleva, principalmente, que en un juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar la defensa adecuada. Cabe destacar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido la procedencia del juicio de amparo indirecto, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que determinó que revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. En ese orden de ideas, en la tesis P.LVIII/2004 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Sentado lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto Menor del Partido judicial de esta ciudad, el juicio ejecutivo mercantil M 1675/2015, en el que desecha las pruebas confesional y testimonial. De lo que se tiene que el desechamiento de las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa, no afecta directamente ninguno de los derechos sustantivos consagrados por la Constitución o tratados internacionales, como pudiese ser una determinación que ordena la privación de la vida, la libertad, o afectación a posesiones o propiedades, garantía de audiencia, etcétera, ya que la afectación que en su caso producen los actos reclamados en los diferentes aspectos en que fue dictado, es de carácter adjetivo. En conclusión, el auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto Menor del Partido judicial de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil M 1675/2015, en su caso constituye una cuestión de naturaleza intraprocesal, cuya consecuencia no es de carácter irreparable, pues no afectan de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido por la constitución o tratados internacionales, de modo que no pudiera repararse de obtener sentencia favorable, ni implican una afectación a derecho adjetivo en grado predominante o superior; consecuentemente, no se actualiza la hipótesis establecida en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencias que transcriben a continuación: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En tal virtud, al tener la certeza y los elementos para acreditar que el motivo de improcedencia es manifiesto e indudable, al ser patente que el acto reclamado no es de imposible reparación, y no existir duda, conforme a lo ya expuesto, que contra ese tipo de actos no procede el juicio de amparo indirecto, de manera que admitir y dar trámite al juicio no genera posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Se concluye que al reclamarse actuaciones intraprocesales, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V del numeral 107, de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calle ***, Zona Centro, de esta ciudad; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a que *******, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito.

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