María Lorena de los Dolores Romero Díaz

Expediente 782/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
782/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • María Lorena de los Dolores Romero Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por **, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Por recibido el oficio 1266/2021 firmado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, adjunto al cual remite lo siguiente: Testimonio de la resolución pronunciada en el expediente judicial relativo al impedimento 10/2021, de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; Expediente del juicio de amparo 586/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; y, Cuatro copias de la demanda de aparo con un anexo, que formula *****************. Vía electrónica, remítase a la superioridad el acuse de recibo requerido. Vista la demanda de amparo presentada por **************** en contra de actos del magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 782/2021-5. Desechamiento Del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En la especie, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución de trece de julio de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca **************** del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la audiencia de remate de uno de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio sumario hipotecario, número **************** de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido con sede en esta localidad; juicio que se encuentra en etapa de ejecución de convenio elevado a cosa juzgada. En efecto, de los antecedentes del acto reclamado -que la parte quejosa expresó bajo protesta de decir verdad-, se desprenden los siguientes datos relevantes del caso. i) La institución de crédito *****************, por conducto apoderado promovió ante el Juzgado Segundo Civil de Partido con sede en esta ciudad, demanda en la vía sumaria hipotecaria en contra de la aquí quejosa ********************, quedando registrado el procedimiento bajo el expediente judicial ***************. ii) Con motivo de lo anterior, las partes procesales en el referido controvertido celebraron un convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada; lo que implica condena a ambas partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, conforme a los términos en que se haya celebrado dicho acuerdo de voluntades. iii) El uno de junio de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento de ejecución de convenio elevado a cosa juzgada, se llevó a cabo la audiencia de remate respecto del bien inmueble afecto a la causa civil de origen -casa-habitación triplex ubicada en calle *********************, del Municipio de Celaya, Guanajuato, con folio real ****************-; bien raíz sobre el que se declaró fincado el remate y se adjudicó en favor de persona jurídica demandante en dicho contradictorio. iv) Inconforme con lo resuelto en la referida audiencia de remate, la aquí quejosa *********************, interpuso recurso de apelación, que correspondió dirimir a la Curta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, dentro el Toca ****************, que resolvió el trece de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar la audiencia de remate sujeta a revisión por ese tribunal de alzada. Esta determinación constituye el acto reclamado en forma destacada. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Así como la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, se estima que el acto reclamado (descrito en párrafos precedentes) no constituye la última resolución del procedimiento de remate a que se ha hecho referencia, porque si bien constituye la resolución de alzada que confirmó el remate y adjudicación del bien raíz afecto a la causa civil de origen, lo cierto que esa determinación aun no ordena requerir a la parte reo ahora quejosa que otorgue voluntariamente la escrituración correspondiente. De ahí que se considere que aún no es la última resolución reclamable en esta instancia constitucional. No es óbice a lo que precede que la juez de primer grado haya indicado en la audiencia de remate lo siguiente: "(.) En ese tenor, una vez que la presente diligencia adquiere firmeza legal, requiérase a la parte demandada para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la ejecutoriedad de la presente, otorgue la escritura conducente, apercibida que de no hacerlo este tribunal lo hará en su rebeldía. Notifíquese. --- (.)"; toda vez que esa manifestación solo constituye un anuncio de que será requerida la parte reo mediante diversa providencia cuando la audiencia de remate adquiera firmeza legal, pero no es un requerimiento en sí para otorgar la escritura cuando cause firmeza. De igual modo, conviene señalar que no es inadvertido para este juzgado que la reclamada resolución de segunda instancia conlleva la firmeza legal de la audiencia de remate dictada por la juez de primer grado; sin embargo, se insiste, tal circunstancia no implica en sí, la actualización del requerimiento para que la parte reo, en forma voluntaria, otorgue la escritura correspondiente, sino que aún es necesario que el juzgado de origen provea sobre el testimonio de la alzada y le notifique a la reo esa circunstancia para entonces sí requerirla -por haberse actualizado el supuesto de la firmeza legal de la audiencia de remate- a fin de que otorgue dicha escritura, con apercibimiento de que el juzgado civil lo hará en su rebeldía, en caso de que la reo se niegue. En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto en el procedimiento de remate; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto y tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de remate, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que señala en su escrito inicial de demanda. Así también, se tiene como sus autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a los designados en su escrito inicial de demanda para dicho fin, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tales personas tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), como así lo exige el diverso ordinal 12 de la invocada legislación; sin perjuicio que, de acreditar que los designados en tales términos se ubican en tal supuesto, se acuerde su designación en términos amplios. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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