María Luisa Puga Puentes
Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Luisa Puga Puentes
Actuaciones
- Principal
Autoridad acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a través del cual acusa recibo del diverso 14714/2022, por el que se le devolvieron las documentales que describe; de lo que se toma nota.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de nueve de junio de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de cuadernos de pruebas. Remítase a las autoridades Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (toca de apelación *********, un cuadernillo y un sobre amarillo) y Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato (juicio ordinario civil *******, en cinco tomos), que fueron allegados al juicio; lo anterior, para los efectos correspondientes.
- Principal
Se recibe oficio y anexos. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a través del cual remite la demanda promovida por Maria Luisa Puga Puentes, contra actos que atribuye a la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; lo anterior, porque ese Tribunal de Alzada consideró que carece de competencia para su conocimiento. Además, hace llegar el toca de apelación **********/2022, del índice de la autoridad responsable; el juicio ordinario civil **********/2020, en cinco tomos, de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato; un sobre cerrado; y un cuadernillo de amparo del toca de apelación **********//2022. Se forman cuadernos de pruebas. En virtud de lo voluminoso de las constancias aludidas, fórmense siete tomos de pruebas que obrarán por separado. Se acusa recibo. Con transcripción de este proveído, acúsese recibo a la autoridad oficiante. Acepta competencia. En acatamiento a lo ordenado por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado asume la competencia declinada. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el número 611/2021-I. Análisis de la demanda. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación **********//2022, del índice de la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Desechamiento de la demanda. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese entendido, esta juzgadora advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en concatenación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado a contrario sensu, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. (.). III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." De dichos dispositivos legales se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando se trata de actos en juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, entendida como la afectación material a derechos sustantivos. Los derechos sustantivos tutelados en la Constitución son los que se otorgan o reconocen por las leyes para su ejercicio en la vida diaria, generalmente en las leyes sustantivas, como por ejemplo, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas expresiones, la propiedad, la posesión, etcétera. En contraposición están los derechos procesales, que son aquellos que las personas adquieren al participar de un juicio y, por tanto, sus efectos se agotan generalmente dentro del proceso, por lo que se les denomina intraprocesales, pues su finalidad es la obtención de una sentencia de fondo, que es el acto final y más importante del procedimiento. Empero, excepcionalmente llegan a producir efectos fuera del proceso o efectos extraprocesales y afectar derechos sustantivos de las partes o de terceros, como podría ser un arresto que afecte inmediatamente a la libertad de las personas, la imposición de una multa que merma el patrimonio, el arraigo que afecta la libertad de tránsito. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), que indica: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida" . Además, con base en las referidas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora bien, como se precisó, en el presente asunto se reclama la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 167/2022, del índice de la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en la que determinó lo siguiente: Revocó la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, en el juicio ordinario civil C37/2020, promovido por la hoy quejosa María Luisa Puga Puentes, a fin de ordenar la reposición del procedimiento para que el juez de la causa ordene requerir en forma personal al demandado Salvador Espino Morales, para que si es su deseo comparezca al despacho del tribunal de origen y ratifique el mandato judicial conferido en su contestación de demanda y reconvención. En ese contexto, la resolución reclamada únicamente conlleva a que el juez de origen reponga el procedimiento y, en su oportunidad, se dicte una sentencia definitiva, lo que se considera no causa efectos que sean de imposible reparación, en la medida en que no afecta materialmente derechos sustantivos. Ello, en atención a que en el asunto en particular se cuenta con las actuaciones de origen consistentes en el toca de apelación 167/2022, del índice de la autoridad responsable, así como con el juicio ordinario civil C-37/2020, de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, y particularmente con la resolución reclamada, de las que no se advierte la afectación de derechos sustantivos de la parte promovente con los efectos de la emisión del acto reclamado, que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. Ahora bien, los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio C-37/2020 en la que, en esencia, se condenó al demandado al cumplimiento de un contrato de compraventa y, en consecuencia, a la desocupación de un bien inmueble. Inconforme con esa determinación, la hoy quejosa interpuso recurso de apelación, la cual correspondió conocer a la Sala responsable, bajo el toca de apelación 167/2022. Así, por resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la citada autoridad ordenó revocar la sentencia de referencia y reponer el procedimiento en los términos indicados en párrafos anteriores (acto reclamado). En ese sentido, como se dijo, el Máximo Tribunal ha razonado que para ser calificados como actos de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. En tal virtud, el acto reclamado por la quejosa, no es de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de sus derechos fundamentales; sino que únicamente tienen efectos intraprocesales, los cuales pueden desaparecer si a la solicitante del amparo se le dicta una sentencia que sea de acuerdo a sus intereses. En caso contrario, si con motivo de la reposición del procedimiento la quejosa estima que se cometen violaciones procesales, podrá reclamarlos en la vía directa que, en su oportunidad, promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, que establece: "Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Por lo tanto, la promovente debe esperar a que se dicte la sentencia definitiva, para que en su caso, en el amparo directo que promueva contra aquella, haga valer como violación procesal lo que ahora reclama, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Lo anterior, porque las consecuencias de la resolución combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dichos casos, los efectos de la resolución reclamada son meramente procesales y, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Sin que por ello se ocasione perjuicio alguno a la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, pues al limitar la procedencia del juicio de amparo indirecto se pretende evitar el uso exagerado del mismo, con el ánimo de facilitar la resolución definitiva de los asuntos emitidos ante los órganos jurisdiccionales. Por todo, se considera que la demanda de amparo es improcedente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo y en relación al el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos aplicados a contrario sensu. Sin que al efecto cobre vigencia el diverso criterio judicial del título "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ya que, como se indicó, en el caso la reposición del juicio ordinario civil C37/2020, decretada en la resolución reclamada, no provoca un menoscabo de derechos fundamentales en la parte quejosa, por los motivos señalados en el presente acuerdo; aunado que en este momento se cuenta con la totalidad de los autos del juicio de origen y del toca de apelación que fueron materia de análisis, por lo que un pronunciamiento posterior no sería diverso al aquí planteado. Es decir, en el particular no tiene razón de ser el medio de control constitucional, pues pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible no afecta derechos sustantivos del quejoso, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, pues la inutilidad de la acción de amparo se actualiza de una forma fehaciente, que no pueda ser desvirtuada, aun cuando las partes pudieran ofrecer pruebas, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de medios de convicción que la parte quejosa pudiera ofrecer, no desvirtuaría la anterior circunstancia. Por consiguiente, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados; por ende, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en la demanda de amparo, toda vez que así lo solicitó de manera expresa. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19., se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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