Maria Luisa Aguilar Villa

Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
60/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Maria Luisa Aguilar Villa
  • Juez Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (NO RECONOCIDA)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diez de octubre de dos mil veintidós (fojas 130-133) con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 60/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diez de octubre de dos mil veintidós (fojas 130-133) con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diez de octubre de dos mil veintidós (fojas 130-133) con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo ******************** y,********************RESULTANDO********************PRIMERO. No se acepta competencia. Por oficio 29784/2022 y anexos, signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por el cual remitió por incompetencia legal el ******************** del índice de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda presentada -el seis de septiembre de dos mil veintidós- por ********************, exhibido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuyó al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y al 2. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz (fojas 2 a 3 y 5 a 303).********************Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, no se aceptó la competencia planteada (fojas 304 a 306).********************SEGUNDO. Trámite. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, informando que se insistía en declinar la competencia plateada a este órgano jurisdiccional, por lo que remitió los autos del juicio citado en el párrafo que antecede al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca (fojas 315).********************El siete de julio de dos mil veintitrés, se recibió el oficio ******************** firmado electrónicamente por la secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remitió el testimonio de la ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada en el ********************, así también los autos originales del juicio de amparo ******************** de este índice, formado con motivo de la incompetencia planteada para conocer del ******************** del índice Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, con motivo de la demanda promovida por ********************, por lo que éste órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, se acordó: admitir a trámite la citada demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; toda vez que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional, se ordenó que en el momento que lo permitan las labores de este juzgado, se procediera a emitir la resolución correspondiente en el presente asunto; se giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de notificar el presente acuerdo a la parte quejosa y tercero interesado (fojas 345 a 349).********************El veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por legalmente notificados a la parte quejosa ******************** y al tercero interesado ********************(fojas 366 a 367).********************El dos de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por apersonada a la parte quejosa ******************** en el juicio, además de que se regularizó el procedimiento y se tuvo únicamente al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y al 2. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, como autoridades responsables en el presente asunto (fojas 371 a 373).********************Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.********************CONSIDERANDO********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós.********************Por la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama la trasgresión directa a sus derechos fundamentales, previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales, impugnable en amparo indirecto.********************La materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias.********************Así también, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto.********************SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia.********************El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.********************Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos) e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.********************Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."********************Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."********************Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con su anexo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de las autoridades responsables se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son:********************A la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz:********************a) La resolución que decreta el sobreseimiento y cancelación de la pensión alimenticia a favor de la quejosa en el ********************, de veintinueve de mayo de dos mil veintidós.********************De la autoridad ejecutora 2. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, se reclama por vicios propios:********************b) La falta de notificación del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, emitido en el ******************** y su ejecución.********************Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable.********************TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y 2. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 190 y 236).********************Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas de algunas constancias del ********************, en el que consta el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, así como su notificación, que remitieron ambas autoridades responsables como justificación de sus actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierten los actos reclamados.********************Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."********************CUARTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos.********************La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias -de hecho o de derecho- que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio.********************Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria.********************De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice:********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."********************Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente:********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo."********************PRIMER CAUSAL DE IMPROCEDENCIA********************Precisado lo anterior, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable 2. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, relativo a b) La falta de notificación del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, emitido en el ********************, resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo.********************Lo anterior es así, porque se considera que la parte quejosa omitió agotar el medio de impugnación ordinario y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo.********************MARCO NORMATIVO********************Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal.********************El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ."********************Del dispositivo trascrito, se advierte que prevé el llamado principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado.********************Dicho principio en materia de amparo, estudiado por la doctrina, retraído en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que los gobernados tengan al alcance para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo.********************Doctrinalmente se ha sostenido que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resulta improcedente.********************Así se tiene que, de una interpretación sistemática y teleológica del precepto legal citado se pone de manifiesto que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los que el gobernado promueve el juicio constitucional al impugnar un acto emanado de estos órganos jurisdiccionales, sin haber agotado previamente los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, conforme a la ley que rija tales actos.********************Ahora, de una acuciosa lectura de la fracción en comento, se advierte que el legislador estableció como presupuestos para que se actualice la causa de improcedencia referida, los siguientes:********************a) El acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo.********************b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa.********************c) Ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada.********************d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada.********************e) No se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad.********************e.1) Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************e.2) El acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal.********************e.3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************Al respecto es de señalar que, la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad de acto reclamado, comparece a dicho proceso judicial.********************e.4) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.********************En relación con esto último, debe decirse que denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia.********************Así, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a la existencia de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo.********************Resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 361, del tomo IV, segunda parte-1, julio diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes:********************"IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."********************Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo.********************Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.********************La figura jurídica del "Incidente".********************Por su parte, la figura jurídica del "incidente de nulidad de notificación" se encuentra comprendida en el artículo 90 en relación con el diversos precepto 55, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber:********************"Artículo 55********************Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha.********************La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento."********************"Articulo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas."********************De una interpretación teleológica de los preceptos legales en estudio, se advierte que la misma legislación establece que la nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho, con excepción de la nulidad del emplazamiento.********************Se advierte que el incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones se substanciará ante el mismo juez que conozca del negocio.********************Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente.********************Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren y se resolverá lo que procediere en justicia.********************En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas.********************ANTECEDENTES********************Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de algunas copias certificadas del ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber:********************1. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, ******************** demandó de ********************I. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional para ella y su menor hija II. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva para ella y su menor hija y III. El pago de los gastos y costas que genere el juicio (fojas 192 a 196).********************2. Por auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, admitió la demanda, se registró el ********************, ordenó emplazar al demandado y decretó una pensión alimenticia provisional a favor de las acreedoras alimenticias en calidad de cónyuge y de la menor de iniciales ********************, consistente en el 27.5 % (veintisiete punto cinco por ciento para cada una) haciendo un total del 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado (fojas 197 a 204).********************3. Luego de que el tres de febrero de dos mil veintiuno, se emplazara al demandado en el juicio (fojas 211) mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada la demanda, interpuesto el recurso de reclamación contra el auto que fijó el monto de la pensión alimenticia provisional (fojas 204 a 219 y 226).********************4. Acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobresee el juicio ordinario civil, ante la desaparición de las obligaciones que se originaron con motivo del vínculo matrimonial que unía a las partes:********************"AUTO. TIERRA BLANCA, VERACRUZ, A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.********************2. Visto el escrito signado por ********************, se agrega para que surta sus efectos legales procedentes como constancia, en términos de los artículos (sic) 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Constitución Política Local.********************3. Ahora bien, se agrega la copia certificada del acta de divorcio número doscientos cuarenta, del libro cinco, con fecha de registro diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, levantada ante el Oficial Encargado del Registro Civil de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 261, 262 y 337 del Código Procesal de la Materia.********************4. Así pues, de autos se advierte que ********************, demandó por propio derecho en calidad de esposa y aparte en representación de su infante hija menor de edad, del señor ********************, el otorgamiento de una pensión alimenticia, ello como consecuencia del vínculo matrimonial que los unía, tal y como se colige del acta de matrimonio quinientos siete, de la oficialía uno, con fecha de registro siete de abril de mil novecientos noventa y siete, levantada ante el Oficial Encargada del Registro Civil de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca; documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 261, 262 y 337 ejusdem.********************5. Sin embargo, también se encuentra debidamente acreditado en autos que dicho vínculo matrimonial ha terminado, con motivo del divorcio, como se advierte del acta de divorcio antes valorada, lo que implica la cesación de los derechos y obligaciones que se hubieren creado entre los exconyuges, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 233 del código civil.********************6. Luego entonces, en un juicio de alimentos entre cónyuges no es procedente otorgar una pensión compensatoria en virtud de que las obligaciones derivadas de ambas figuras jurídicas responden a presupuestos y fundamentos distintos, pues mientras una surge como parte de la relación matrimonial, la otra deriva de la disolución del vínculo matrimonial, lo que conlleva que incluso deban probarse cuestiones muy distintas en cada supuesto.********************...********************13. En conclusión, es que debe sobreseerse el presente juicio ordinario civil, ante la desaparición de las obligaciones que se originaron con motivo del vínculo matrimonial que unía a las partes, dejando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la forma y vía que consideren pertinente.********************14. Y gírese atento oficio al DEPARTAMENTO DE PAGOS Y/O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO DE LA CIUDAD DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ, para que, DEJE SIN EFECTO EL DESCUENTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL DEL VEINTISIETE PUNTO CINCO POR CIENTO (27.5%) que se viene efectuando al Ciudadano ********************, en favor de ********************, decretada en este juicio antes en su carácter de esposa, y en lo subsecuente, únicamente siga descontando el VEINTISIETE PUNTO CINCO POR CIENTO (27.5%), por el mismo concepto de pensión alimenticia provisional pero solo a favor de la infante menor de edad de iníciales ********************, hija de las partes, debidamente representada por la señora ********************, debiendo informar dentro del término de tres días de la aplicación de tal orden, y a partir de cuándo se verá reflejado dicho descuento, en términos de los artículos 92 y 98 fracción V del Código de Procedimientos Civiles.********************15. NOTIFIQUESE POR LISTA DE ACUERDOS Y CÚMPLASE. ."********************(fojas 230 a 231).********************5. Razón de publicación de acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintidós.********************"RAZÓN de publicación y notificación por lista de acuerdos. En Tierra Blanca, Veracruz, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintisiete (sic) de mayo del año dos mil veintidós, se publicó el presente auto en la lista de acuerdos, quedando registrada la publicación en el número progresivo cincuenta y nueve para notificar a las partes, surtiendo sus efectos la notificación al día siguiente de su publicación. DOY FE."********************(fojas 231 vuelta).********************Razón actuarial que constituye el acto reclamado.********************SUBSUNCIÓN.********************En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, en el asunto a estudio, se concreta a refutar b) La falta de notificación del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, emitido en el ******************** y su ejecución.********************En ese contexto, lo procedente es verificar si en el caso en estudio se colman los presupuestos fácticos para que se actualice la causa de improcedencia que se citó al inicio del presente considerando, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo.********************a) El acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo.********************Requisito que se encuentra satisfecho, porque el acto reclamado proviene del Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, es decir, de un tribunal judicial.********************b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa.********************En esa virtud, a juicio de quien resuelve se estima que, la parte quejosa al haber tramitado ante la autoridad responsable I. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional para ella y su menor hija II. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva para ella y su menor hija y III. El pago de los gastos y costas que genere el juicio, por lo que se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de las acreedoras alimenticias en calidad de cónyuge y de la menor de iniciales ********************, en el que por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, se sobresee el ********************, ante la desaparición de las obligaciones que se originaron con motivo del vínculo matrimonial que unía a las partes, y del que alega su ilegal notificación, debió ser combatida a través del incidente de nulidad de notificación, como medio de impugnación para controvertir las notificaciones realizadas conforme a los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se prevé que la nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho, con excepción de la nulidad del emplazamiento, ello se substanciará ante el mismo juez que conozca del negocio.********************De ahí el acto reclamado de notificación por boletín judicial no puede ser analizado en amparo indirecto, por esta razón, era el incidente de nulidad de notificaciones, regulado en la legislación civil, el medio de defensa idóneo para encaminar el cuestionamiento de la notificación.********************En efecto, la vía incidental de nulidad es el medio idóneo para impugnar, toda vez que el incidente de nulidad de notificaciones es el mecanismo idóneo y medio de impugnación procedente para cuestionar la notificación hecha por boletín judicial, cuando se estime que ésta debió realizarse de manera personal, porque a través de éste puede revisarse si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas.********************Así, se concluye que en el caso concreto, si la parte quejosa no estaba conforme con la forma en que fue notificada del proveído en que se sobresee el ********************, ante la desaparición de las obligaciones que se originaron con motivo del vínculo matrimonial que unía a las partes, y del que alega su ilegal notificación, debió acudir al incidente de nulidad de notificaciones regulado por la legislación adjetiva civil, pues de lo contrario, esto es, de considerar estaba exenta de agotar dicho incidente, se llegaría al absurdo de tener por interpuesta una demanda de amparo, por el hecho de que en esta se alegue la inconstitucionalidad del precepto que impone la sanción, lo cual trastocaría la base constitucional del juicio de amparo al no apegarse a los requisitos y formalidades en los que ha de tramitarse, como lo es el cumplimiento cabal de su procedencia.********************Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis VII.2o.C.215 C (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materias Común, Civil, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, enero de 2020, tomo III, página 2616, con registro digital 2021488 del rubro y texto:********************"NULIDAD DE NOTIFICACIONES. DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO SE RECLAME LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. Cuando la parte quejosa en un juicio de amparo directo se considere afectada por la notificación realizada por medio de lista de la sentencia definitiva, al considerar que debió ordenarse personalmente, deberá promover el mecanismo idóneo para verificar su legalidad e, incluso, para analizar la constitucionalidad de la norma que la ordena por medio de lista, ya que de conformidad con el nuevo marco constitucional, los órganos jurisdiccionales ordinarios pueden hacer control difuso de las normas y, por ende, es necesaria la interposición del incidente de nulidad cuando reclama la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz."********************En consecuencia, se advierte que en el caso que nos ocupa, sí procedía el incidente de nulidad de notificaciones, y la parte quejosa estaba obligada a agotar el medio de impugnación que la ley contempla, pues aún y cuando el hecho de que se tratara de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados.********************Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 44/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto literal son los siguientes:********************"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo."********************c) Ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada.********************Como se evidenció, el incidente de nulidad de notificaciones está contemplado en los artículos 55 y 90, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, codificación aplicable a la controversia familiar en el ********************, promovido por ******************** en contra de ********************a quien demando I. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional para ella y su menor hija II. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva para ella y su menor hija y III. El pago de los gastos y costas que genere el juicio, de donde deriva el acto reclamado, aunado a que el citado medio de defensa se interpone ante el juzgado que conoce de ese procedimiento.********************d) Por virtud de ese medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada.********************Este requisito también se encuentra satisfecho, pues dada la naturaleza jurídica del incidente de nulidad de notificaciones, se tiene como finalidad que el juez instructor nulifique la actuación.********************e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad.********************En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no se encuentra contemplado en el artículo 22 Constitucional; tampoco consiste en alguna resolución que afecte la libertad personal del quejoso; ni se encuentra en el supuesto de persona extraña al juicio, como ya se apuntó; no se trata de un auto de vinculación a proceso; así como tampoco la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones tiene interpretación adicional ni sus fundamentos legales son insuficientes; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio.********************Resulta aplicable, por identidad de razón la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice:********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."********************De igual forma, por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 37, del Volumen XII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, séptima época, del siguiente tenor literal:********************"RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."********************Finalmente, la jurisprudencia por contradicción 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro X, Julio de 2012, Página 729, Materia Común, Civil, Décima Época, con registro 2001155, del rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", estableció como enunciado jurídico, que la definitividad debe ser agotada, siempre que el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes:********************I. Sea idóneos.********************II. Eficaz.********************III. Resuelto en un plazo razonable.********************Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo; lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame y finalmente, el plazo razonable significa que éstos deban resolverse rápido, es decir, en breve término.********************En el caso, como se expuso, el incidente de nulidad de notificaciones reúne esos estándares, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte recurrente en el que exprese su inconformidad, en la actuación subsecuente en que haya intervenido la parte interesada en solicitar la nulidad; pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin que el propio juez instructor nulifique la actuación reclamada.********************Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo.********************Toda vez que, como se ha señalado el motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa.********************CONCLUSIÓN********************Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto; en consecuencia, si el acto reclamado en estudio no fue impugnado a través del medio de defensa que prevé la codificación de la materia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que, se sobresee el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA********************Por otra parte, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, consistente en a) La resolución que decreta el sobreseimiento y cancelación de la pensión alimenticia a favor de la quejosa en el ********************, de veintinueve de mayo de dos mil veintidós; resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.********************Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo con que se constituyó este asunto fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como consecuencia de ello, ha operado el consentimiento tácito del acto reclamado, como a continuación se verá.********************MARCO NORMATIVO********************Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal.********************Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen:********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."********************"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."********************"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.********************Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.********************Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ."********************De una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos legales citados se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente.********************Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo.********************Esas hipótesis son:********************a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;********************b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o********************c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos.********************La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en data precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en tanto el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad.********************La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado.********************Y la diversa del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado.********************De lo anterior se concluye que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en las vías directa o indirecta- comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno.********************Ello tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto vía el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero si deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto.********************SUBSUNCIÓN.********************En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, en el asunto a estudio, se concreta el primero de los supuestos precisados, del artículo 18, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; no obstante que de ello tuvo conocimiento el veintisiete (sic) de mayo de dos mil veintidós, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes a esa actuación y no así como refiere en su demanda de amparo que tuvo conocimiento el quince de agosto de dos mil veintidós.********************De ahí que debe resaltarse que si la parte quejosa fue notificada en esa temporalidad se pone en evidencia que a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba para presentar su demanda de amparo, el cual inició el treinta y uno de mayo y feneció veinte de junio de dos mil veintidós con descuento de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve del mes y año citado, por ser sábados y domingos, es decir, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.********************Luego, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo ya había fenecido, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior es así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días.********************Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años.********************Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años.********************Además, el acto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial.********************Tampoco se advierte que, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales.********************Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal.********************En la especie, se tiene como data cierta a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, es decir, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, entonces si la demanda que originó el presente juicio fue presentada el seis de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es evidente que su presentación es extemporánea y, por ende, los destacados actos reclamados deben considerarse tácitamente consentidos.********************Lo anterior es así, se insiste, debido al sello de recibido de la demanda, se desprende que fue presentada el seis de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por lo que ya había fenecido el plazo legal de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo contra los actos antes destacados, previo descuento de los días inhábiles ya mencionados.********************Debe precisarse que no se inadvierte que la parte quejosa intentan argumentar desconocimiento del auto impugnado a partir de que, dice no le fue notificado de manera personal; sin embargo, de acuerdo a lo precisado en considerando anterior, al no haberse promovido el recurso pertinente, contra tal actuación, entonces debe considerarse consentida tal forma de notificación y por tanto, conocedora a partir de la data ya citada.********************CONCLUSIÓN********************En consecuencia, al tener el acto reclamado la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Por otra parte, para el caso de que la anterior causa de improcedencia no fuese suficiente, debe decirse que, en contra de a) La resolución que decreta el sobreseimiento y cancelación de la pensión alimenticia a favor de la quejosa en el ********************, de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que se considera que la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación ordinario y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo.********************En efecto, del dispositivo citado, se advierte que prevé el llamado principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado.********************Dicho principio en materia de amparo, estudiado por la doctrina, retraído en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que los gobernados tengan al alcance para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo.********************Doctrinalmente se ha sostenido que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resulta improcedente.********************La figura jurídica del "recurso de revocación".********************Por su parte, la figura jurídica del "recurso de revocación" se encuentra comprendida en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber:********************"Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio."********************"Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia."********************De una interpretación sistemática y teleológica de las normas de orden legal descritas, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.********************La naturaleza jurídica de la irreparabilidad, se refiere al entorno del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses.********************Por otra parte, se establece de manera taxativa que ese medio de impugnación - revocación - puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días.********************Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes.********************Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en esa audiencia.********************En esa virtud, a juicio de quien resuelve se estima que, la determinación que se tilda de ilegal debió ser combatida a través del recurso de revocación previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, medio de impugnación que se encuentra regulado en el artículo 506, el cual establece que los autos que no causen daño irreparable en la sentencia pueden ser revocados por el Juez que los dicta.********************En consecuencia, se advierte que en el caso que nos ocupa, sí procedía el recurso de revocación, y la parte quejosa estaba obligada a agotar el medio de impugnación que la ley contempla, pues aún y cuando el hecho de que se tratara de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados.********************Pues dada la naturaleza jurídica del recurso de revocación, se tiene como finalidad que los autos que el juez de origen dicta puedan ser revocados por él.********************Máxime que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad.********************Además de que, el recurso de revocación, es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte recurrente en el que exprese su inconformidad; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin revocar la determinación recurrida.********************Con base en lo anterior, es posible afirmar que la quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo.********************No es óbice a la anterior determinación, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con la sola presentación no era posible para este Órgano de Control Constitucional advertir su manifiesta e indudable improcedencia. Lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes. De tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo, en su caso, en modo alguno constituía un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia.********************Ilustra lo anteriormente señalado, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de datos de localización, publicada en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994 página 544, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA."********************Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales.********************Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo.********************Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: ********************"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función."********************Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto:********************"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."********************Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto:********************"PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo."********************Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo.********************Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."********************En el entendido de que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Ello de conformidad con el numeral 65 de la ley de la materia.********************QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XIV, XXIII, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de la presente sentencia.********************SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución.********************Notifíquese en términos de Ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, parte quejosa en el presente juicio; en atención a su contenido se le tiene apersonándose al presente juicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "********************", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Asimismo, dado que el quejoso solicita ser notificado por la vía electrónica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que todas las notificaciones le sean realizadas vía electrónica, por medio de los usuarios que proporcionan. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta al aquí quejoso con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Ahora bien, en relación al correo electrónico y números telefónicos que proporciona la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. AUTORIZADOS De igual forma, se les tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el artículo 24 párrafo segundo de la ley de la materia, a las personas que señala en su escrito de demanda, por así haberlo designado expresamente. Finalmente, se le tiene haciendo la especificación de que la autoridad responsable en el presente juicio es el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, y no el Juez Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En consecuencia, visto el estado procesal de autos de los que se advierte que la quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como autoridades responsables al 1. Juez Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 3. Ejecutor Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 2. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y 4. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo ********************del índice Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, del cual se advierte que fue ordenada la separación de autos, por lo que en el aludido juicio se ocuparon de conocer los actos reclamados por la quejosa ******************** a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial y Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, ambos con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, derivados del expediente ******************** de su índice, y ordenando remitir copia certificada del juicio de garantías a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en dicha residencia, para que se resolviera lo conducente por los actos reclamados a las diversas responsables Juez Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Ejecutor Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, derivados del expediente ******************** de su índice. En mérito de lo anterior, por auto de seis de diciembre del año pasado emitido en el aludido juicio de garantías ********************, el Homólogo Federal tuvo por recibido el acuse de que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se avocó al conocimiento de la separación de autos relativa a los actos reclamados derivados del expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, registrándose con el número de juicio de amparo ********************. Así también, de autos se advierte que mediante proveído de siete de julio de año en curso esté órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto, ello en atención a lo resuelto en sesión ordinaria de veintitrés de junio pasado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el conflicto competencial civil ********************de su índice, en relación a la incompetencia planteada para conocer del juicio de amparo ********************del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y la no aceptación de competencia declinada a favor de este Juzgado Cuarto de Distrito. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se tiene únicamente al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y al 2. Ejecutor Judicial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, como autoridades responsables en el presente asunto, de los que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la autoridad señalada con el arábigo 1: - La resolución que decreta el sobreseimiento y cancelación de la pensión alimenticia a favor de la quejosa en el expediente ******************** de su índice, pronunciada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós. De la autoridad señalada con el arábigo 2: - La falta de notificación del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice de ese Juzgado y su ejecución. En esas condiciones, hágase del conocimiento lo anterior al Juez Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y al Ejecutor Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para los efectos legales procedentes, y se suspende toda comunicación con las mismas. Notifíquese en términos de ley.

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