Maria leticia Camacho Pacheco
Expediente 437/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria leticia Camacho Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación con que se da cuenta, se obtiene que el siete de agosto del presente año feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de dieciocho de julio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción II, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, entre otras cuestiones, se ordenó formar un cuaderno de pruebas con las constancias remitidas por la autoridad responsable 2. Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. En consecuencia, devuélvase el tomo de pruebas a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
.. se notifica a la parte quejosa el siguiente acuerdo: Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía fax, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del 1. Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo vigente. En atención a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada de la entrega del certificado parcelario número 1117752, a la parte quejosa María Leticia Camacho Pacheco. En primer término, es importante dejar asentado que a los documentos que remiten las autoridades responsables, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionarios en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y en las mismas ostentan el sello y la firma de una autoridad en ejercicio de sus funciones, además con apoyo en la jurisprudencia 226, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esas condiciones y en atención al análisis de las constancias referidas, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la lectura del precepto reproducido, se desprende que cesan los efectos del acto reclamado, esto es, se interrumpen o finalizan, cuando éstos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo. Ante dicho escenario, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, debe señalarse que la parte quejosa dentro de su escrito de demanda, reclamó de las autoridades responsables: la omisión de inscribir, expedir y entregar el certificado parcelario correspondiente, en atención a que le fuera reconocida la calidad de ejidataria de Matacapan, Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por sucesión legitima de los bienes que pertenecieron a su difunta madre Reyna Magdalena Pacheco Sinta, mediante sentencia emitida en el juicio agrario 869/2019 de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, por lo cual, mediante proveído de veinticuatro de mayo del actual, este juzgado requirió a dichas responsables, su respectivo informe. Pues bien, de las documentales que acompañan al oficio de cuenta, la autoridad responsable anexa copia certificada de la entrega del certificado parcelario número 1117752, a favor de la aquí quejosa María Leticia Camacho Pacheco, así como el acta de comparecencia de doce de julio, en la que se advierte que acude la quejosa antes mencionada, ante la Jefa de Área de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para la entrega del certificado parcelario número 1117752, derivado de la solicitud 30230015809, firmando la constancia la quejosa María Leticia Camacho Pacheco. Luego, si el acto reclamado consistía en la omisión de inscribir, expedir y entregar el certificado parcelario correspondiente a la quejosa María Leticia Camacho Pacheco; sin embargo, el doce de julio del actual, la autoridad responsable hizo entrega del certificado parcelario número 1117752, a la quejosa María Leticia Camacho Pacheco, tal como se advierte del acta de comparecencia; en consecuencia, es evidente que el objetivo de la aquí quejosa se observa plenamente satisfecho. Por tanto, el acto reclamado en análisis quedó destruido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica de la impetrante de amparo, pues basta que se pueda apreciar por las constancias de autos que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias de rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." , y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe precisar que el hecho de que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, no origina agravio alguno al peticionario de amparo ni se le priva del derecho de defensa, ya que al haber quedado sin efectos la omisión reclamada las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional y, por ende, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 2. Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Por otra parte, como lo solicita la responsable, se ordena devolver las constancias que anexó a su informe, una vez que cause ejecutoria la sentencia. Finalmente, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que la autoridad responsable 2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, no ha rendido su informe justificado, no obstante de que se encuentra debidamente notificado del oficio 14749 de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, recibido desde el treinta y uno de mayo, tal como se aprecia del acuse de recibo que obra agregado en autos, con el cual se le emplaza a juicio y se le requiere su informe de ley. Por tanto, ha lugar a presumirle ciertos los actos reclamados a la autoridad arriba mencionada y, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíe a este Juzgado copias certificadas, íntegras y legibles de todas las constancias que integran el acto reclamado o informen el impedimento legal material para no dar cumplimiento a lo solicitado. Apercibida que de no rendir el informe solicitado, dentro del plazo establecido para ello, se le impondrá además multa de cincuenta hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
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